“Vivimos como secuestrados”: Chocó padece el recrudecimiento de su crisis humanitaria

En Sipí, en el sur de Chocó, el silencio del despojo es ensordecedor. Lo único que interrumpe la aparente calma son los disparos o los botes que bajan por el río, aunque cada vez son menos. Las comunidades de Barranconcito, San Agustín y Buenas Brisas están deshabitadas. Solo quedan casas vacías y cosechas abandonadas. Todos sus habitantes huyeron como pudieron. En otros corregimientos, como Lomas de Chupey, no superan las 50 personas. Las órdenes de los actores armados para quienes no han logrado huir son claras: no salen de sus casas, no cruzan el río y no se hace ruido. Así, con miedo, hambre y zozobra han vivido por años los chocoanos. Una crisis humanitaria que en los últimos meses se agudizó por cuenta de la disputa territorial entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, Chocó representa el 79% de los confinamientos en el país en lo corrido del 2023 y es el segundo departamento con más desplazamientos forzados.

Entre los confinados está Lucía, quien pidió cambiar su nombre por seguridad. Por su ejercicio como presidenta del Consejo Comunitario, pensó que quedarse era la mejor opción. No tenía suficiente dinero para moverse y sintió que sería útil a su gente. Sus hijos escaparon y ella está sola, enfrentando las inclemencias del paro armado que decretó el ELN el pasado 4 de julio en Nóvita, Sipí, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan. Durante los 10 días que duró el paro armado, las ayudas humanitarias que llegaron fueron mínimas y el hambre, angustiosa. Oenegés denunciaron que alrededor de 9.000 personas resultaron afectadas por el paro impuesto por el frente de Guerra Occidental Omar Gómez. El conflicto en la zona es de tal magnitud que las lanchas que intentaron llevar provisiones no tuvieron éxito, pues quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos.

En muchos lugares de Chocó la gente prefiere confinarse que desplazarse, porque no tiene cómo irse, o en otros casos, se niega a abandonar lo que ha conseguido con años de trabajo duro: sus cosechas y sus ranchitos. La situación empeora por una suerte de desidia estatal con los desplazados, pues, según cuenta Lucía, llegan a otras ciudades sin tener condiciones dignas para vivir.

El último paro armado confinó a 52 comunidades en cinco municipios de la subregión del San Juan. Pero no es el primer evento de ese tipo en la zona: solo este año se han impuesto cinco paros armados que han afectado a unas 23.000 personas, en su mayoría población afro e indígena. Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido un centenar de alertas tempranas para 27 de los 31 municipios que componen el departamento de Chocó.

La punta del iceberg

Uno de los hijos de Lucía quiere dedicarse al deporte, busca ser jugador de fútbol. Los otros dos desean terminar el colegio. Su madre, asustada por el peligro de que sean reclutados, les pidió irse a la cabecera urbana de Itsmina. La lideresa se encarga de la manutención de los tres. Cuando puede, les envía lo que consigue y, aunque los extraña, explica que prefiere que estén a salvo.

En Chocó, la pugna por el control territorial de zonas donde hay cultivos de coca o minería ilegal no solo ha ocasionado desplazamientos y confinamientos masivos; también ha aumentado el riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Si bien el fenómeno ha ido creciendo en un 23% a escala nacional, este departamento, junto con Cauca y Antioquia, es de los más afectados, y las principales víctimas son los jóvenes indígenas y afros. En consecuencia, se ha generado una epidemia de suicidios en las comunidades indígenas emberá, como recién lo alertó una comisión especial de la Procuraduría.

La oenegé Médicos Sin Fronteras es una de las pocas que ha logrado hacer presencia constante en la zona. Ante el panorama desolador, decidió concentrar gran parte de sus esfuerzos, en el Alto y Medio Baudó, en el cuidado de la salud mental. “Los confinamientos forzosos tienen un profundo impacto psicológico en la población. El miedo y la violencia a los que están expuestos provocan traumas y estrés generalizados. Los niños y jóvenes se ven privados de su derecho a la educación y se pone en peligro sus perspectivas del futuro”, señala Mario Fumo, coordinador del proyecto Atención en Salud Comunitaria, a EL PAÍS.

La Secretaría Departamental de Educación informó que ha habido un incremento en la deserción escolar: solo en 2022, 6.019 estudiantes abandonaron sus los colegios, y más de la mitad de ellos pertenecen a la zona de San Juan. Las razones suelen estar ligadas al miedo por el reclutamiento y el desplazamiento. Además, el subregistro en todo el país, en lo que se refiere al reclutamiento forzado, es significativo, ya que el temor lleva a que las familias de los jóvenes no denuncien.

A la ya preocupante situación de reclutamiento se le suman otros problemas como extorsiones, daños medioambientales y amenazas. Estas últimas han escalado tanto, que los alcaldes de San José del Palmar, Bagadó, Lloró y Santa Rita de Iró salieron exiliados y ahora deben despachar desde otros municipios.

Una paz lejana

A través de una llamada entrecortada en la casa donde ha estado confinada, Lucía cuenta que desde 2007 en su comunidad no saben qué es la tranquilidad. Para ella y sus coterráneos, la paz de la que tanto se habla en las grandes ciudades resulta ajena. Mientras la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dialogó con el Gobierno en Cuba, los habitantes de Chocó han pasado hambre y otros han muerto porque los grupos ilegales no les permiten llegar hasta la cabecera municipal, de acuerdo con testimonios de la Red de Derechos Humanos del Pacífico.

El gobernador de Chocó ha expresado en varios medios nacionales que es necesario que se incluya al Clan del Golfo en la apuesta de paz total. “Se lo hemos solicitado al presidente Petro, que dentro de la propuesta de paz total sea incluido el Clan del Golfo. El cese de hostilidades que se firma con el ELN lo deja por fuera”, dijo. Muchos temen que la historia se repita y que el vacío que eventualmente puede dejar alguna banda lo ocupe otra, o que el conflicto siga escalando y los diálogos en Cuba no lleguen a buen término. Asimismo, las Fuerzas Revolucionarias Mexicanas y las Fuerzas Armadas RPS-Cartel del Norte, dos de las bandas que operan en Quibdó, capital del departamento, anunciaron a finales del año pasado su intención de iniciar un cese el fuego. Sin embargo, el proceso quedó apenas en los acercamientos.

De igual forma, las autoridades indígenas del departamento y los consejos comunitarios de comunidades negras le han solicitado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que su voz sea escuchada en la construcción de la paz total. Las organizaciones sociales de base de la región tienen un extenso recorrido y experiencia, que esperan que sea tenida en cuenta a la hora de negociar en sus territorios, más si son las principales víctimas del conflicto armado en la zona. Ejemplo de ello fue el Acuerdo Humanitario Ya, un documento con 11 exigencias de carácter humanitario construido colectivamente en 2017 y presentado en las negociaciones que entonces se adelantaron con el ELN en Quito (Ecuador), durante la administración de Juan Manuel Santos.

Por su parte, Lucía se ha llenado de valor y ha rogado a los diferentes actores armados no involucrar a la población civil. “Aquí nos dijeron que, si llegaba otro grupo armado y decidimos quedarnos, pagamos. Entonces yo les dije: ‘No, nosotros no tenemos culpa de nada, no somos de un lado, ni del otro”. Sus exigencias se extienden al Gobierno Nacional, del que sienten un abandono hacia el Chocó que cumple ya varias décadas: “No necesitamos más ejército, necesitamos alimento”. Luego, guarda silencio, y la señal vuelve a irse, pero se alcanza a oír antes de colgar: “El Chocó no aguanta más”. Ella tampoco.

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