El negocio del cannabis naufraga en la economía de Colombia

Superar el estigma del narcotráfico y convertirse de golpe en una potencia comercializadora de productos derivados del cannabis ya era una misión compleja. Casi una década más tarde, tras la aprobación del decreto de legalización para el uso medicinal de la marihuana en Colombia, más del 90% de las compañías del sector atraviesan estrecheces económicas. Cerca del 40% de las compañías autorizadas para funcionar en los últimos siete años ha cerrado. Los empresarios señalan como culpable a la maraña de obstáculos burocráticos y legislativos para hacer negocios. La historia tiene, sin embargo, más eslabones de complejidad.

Mientras en Colombia, después de 2015, muchos se frotaban las manos por el advenimiento del anunciado Dorado verde, los resultados de los primeros planes de cultivo de cannabis en el campo solo presagiaban tropiezos. En una de las muchas compañías que después entraron en banca rota, a las afueras de Medellín, las plantas se infectaron de hongos varias veces, también de parásitos, y el truncado proceso de estabilización obligó a los empresarios a replantear las cosas más de una vez.

Eran los primeros años, cuando el cannabis apenas se convertía en la droga que revolucionaba la política tradicional de antinarcóticos a escala mundial. Un nuevo paradigma tras años de enfoque policivo o militar. Especialmente para un país que pretendía despojar de su condición, asociada al mundo del crimen y los tiempos de Pablo Escobar, a una sustancia que ya se consumía hace ocho milenios en China. Pero el enfoque del negocio, según el médico psiquiatra Pablo Zuleta, arrancó descarrilado. En su opinión se siguió una línea centrada en el estudio y comercialización del cannabis terapéutico, a través del uso de aceites farmacológicos, en contra de la evidencia ya recogida en el mundo desarrollado donde los modelos más avanzados venían utilizando directamente la flor.

Desde un comienzo, asegura Alejandro Gaviria, exministro de Salud en aquellos días de expectación, hubo dudas sobre el camino a seguir. “Había una discusión técnica sobre si se debía poner un énfasis farmacológico o fitosanitario. Otros pensaban que debía encajar dentro de lo que llaman industria del bienestar”, remata. Zuleta añade que los empresarios locales difundieron la idea de que el cannabis medicinal en Colombia tendría unos “niveles de calidad por encima de lo que existía en países con normas establecidas como Estados Unidos, Canadá o Israel”.

“Hoy los únicos productos que hay en el mercado son las gotas”, continúa Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. “Y tienen todas las limitaciones con respecto al resto de indicaciones y tipos de usos que hay”, añade. Tras años de solicitudes del empresariado ante las autoridades, solo hasta junio del año pasado se exportaron los primeros 600 kilos de flor seca de cannabis sembrada en La Mesa de los Santos (Santander) con destino a Suiza y Estados Unidos.

En el caso de otros productos como las cremas con cannabidiol, a diferencia de los aceites, Zuleta aclara que están registradas como cosméticos ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). No como fármacos. Pero las dificultades, además, tienen raíz en un factor común en todo el mundo: se sobredimensionó el potencial de la industria. Se llegó a etiquetar por entonces como el próximo oro verde. Y en Colombia se llegó a decir que acabaría con el narcotráfico. O que sus plantaciones sustituirían a las de la coca en una región como el Cauca (suroriente). Pero el mercado no respaldaba esas expectativas.

Gaviria, también exministro de Educación del actual Gobierno, recuerda que las proyecciones auguraban que se sobrepasarían las exportaciones de banano y flores sumadas. Admite que los estudios de prefactibilidad que se desarrollaron en el país “fueron exagerados en cualquier escenario regulatorio”. Y la evidencia, agrega Pablo Zuleta, sugiere que la marihuana ha tenido siempre un uso bastante limitado: “Los estudios en Norteamérica mostraban que un porcentaje pequeño de los estadounidenses fumó alguna vez en su vida. Un grupo minoritario. Y que de ese porcentaje un grupo más reducido afirmaba que el consumo había tenido un impacto de salud pública observable en cierto tipo de elementos”.

Hoy, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna), hay unas 1.200 compañías licenciadas. Pero el número de hectáreas cultivadas se ha desplomado a menos de un centenar, según cálculos privados. Una fuente del sector asegura que el 95% de las empresas se encuentran sin capital suficiente, sin mercado de destino o con ventas marginales. Miguel Samper, presidente del gremio, aseguró a la BBC: “La industria del cannabis en Colombia está en cuidados intensivos”.

Las cosas pueden empeorar. Durante el Gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022), las entidades promotoras en salud (EPS), las compañías público-privadas que gestionan el sistema, dejaron de reembolsar las fórmulas magistrales de derivados de cannabis. Un hecho que se corrigió parcialmente en enero de este año durante la nueva administración del presidente Gustavo Petro. Una sola entidad llegó a un acuerdo con pacientes diagnosticados con dolor crónico, entre otras condiciones, para entregar productos a una población cercana al millón de personas en Bogotá y sus alrededores.

En esta historia también han pesado, resulta innegable, los frenos políticos y los trámites burocráticos que se exigen. Al expresidente Duque, y parte de su entorno, la marihuana le parecía peligrosa y estaba lejos de ser una de sus prioridades. “Luigi Echeverri, uno de los aliados más cercanos a Duque siempre le dijo: ‘No se meta en eso’. Eso es un vicio”, recuerda Alejandro Gaviria, “había un prejuicio ideológico a nivel de partido de Gobierno y un sesgo personal del presidente”.

Y asegura que, si bien es cierto que el país ha ido informándose mejor sobre al asunto, en el Congreso persiste un gran rezago cultural que se ejemplifica en el reciente fracaso legislativo para regularizar el marco legal para el uso recreativo en adultos, donde la mayoría de expertos detectan el verdadero potencial del negocio. No en la medicina. Pablo Zuleta recuerda que durante las discusiones, un parlamentario sostuvo que la “marihuana tiene los mismos componentes cancerígenos que el tabaco”. “¡No hay nada más falso!”, se queja el experto.

Por otro lado, Julián Wilches, empresario de la compañía Clever Leaves, dice que “la idea con la ley de cannabis medicinal era que los pacientes accedieran a los medicamentos. Pero no se creó el mercado local, lo cual demoró la creación de capacidades para la exportación”.

Los productos colombianos hasta ahora empiezan a acceder, a cuentagotas, a mercados en Alemania, Australia o Suiza, entre otros. Pablo Zuleta subraya que desde el principio del proyecto canábico en Colombia ha habido un desprecio latente por el “conocimiento”. Cuenta que muchos floricultores incursionaron sin apenas marcar la diferencia entre sus cultivos tradicionales y los de marihuana: “Comenzaron simulando que seguían en la industria de flores. Y desconocieron que se trata de un ejercicio de precisión, con otros requisitos industriales y un conocimiento diferente de los equilibrios ambientales para tratar con semillas que, en principio, eran importadas”.

Alejandro Gaviria apela al título de un libro de Laura Restrepo para caracterizar este caso: Historia de un entusiasmo. Reconoce que se trata de una situación con patrones similares en casi todo el mundo. Pero también que toda la energía se movilizó en la parte comercial y que Colombia marginó el conocimiento propio. Desde una noción histórica y regional de los cultivos en el Cauca o en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el papel de diversos actores durante la llamada bonanza marimbera. Un fenómeno paradójico . Y que corre en paralelo con el auge de los alucinógenos, que, a diferencia del cannabis, han arrojado resultados más sólidos en ensayos clínicos para tratar trastornos depresivos y otras dolencias del alma.

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