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La imputación a Zuluaga, otro juicio que Álvaro Uribe verá desde la barrera

La Fiscalía imputará este lunes al excandidato presidencial del uribismo por aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de 2014

Oscar Iván Zuluaga (izquierda) y el expresidente Álvaro Uribe (derecha) en un evento de campaña en Bogotá en 2014.
Oscar Iván Zuluaga (izquierda) y el expresidente Álvaro Uribe (derecha) en un evento de campaña en Bogotá en 2014.Fernando Vergara (AP)

Óscar Iván Zuluaga, un caldense de 64 años que se describe a sí mismo como un hombre de fe, alcanzó a acariciar la Presidencia de Colombia avalado por el Centro Democrático, el partido del uribismo. En la primera vuelta de 2014 derrotó a su principal oponente, Juan Manuel Santos, con 458.000 votos de ventaja. Santos se jugaba la reelección ondeando la bandera de la paz. Zuluaga, quien encomendó parte de su suerte al “gurú” de la publicidad Duda Mendoça – el “cerebro” detrás de la primera elección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil – terminó perdiendo en segunda vuelta y ahora, nueve años después, tendrá que responder por el ingreso ilegal de dineros de Odebrecht a su campaña para financiar la contratación del ya fallecido publicista.

La Fiscalía General de la Nación le imputará a Zuluaga los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Según expertos, podría enfrentar hasta nueve años de cárcel. David Zuluaga, un filósofo graduado de Harvard que a los 24 años optó por gerenciar la aspiración política de su padre, también será imputado este lunes por fraude procesal.

El personaje cambia, pero la historia se reproduce. Mientras Óscar Iván Zuluaga se ve obligado a ponerle la cara a la justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su otrora mentor, observa. Otro de los apadrinados por Uribe para conquistar la Casa de Nariño, Andrés Felipe Arias, está condenado a 17 años de prisión. Arias, exministro de agricultura y alfil de Uribe para sucederlo en 2010 cuando la Corte Constitucional le cerró el paso a su segunda reelección, apropió recursos del Estado en favor de familias adineradas que recibieron subsidios de Agro Ingreso Seguro, un programa de créditos con bajas tasas de interés, supuestamente dirigido a agricultores.

La Corte Suprema de Justicia estableció que “los beneficiarios del programa fueron convocados para apoyar la campaña política del entonces precandidato a la Presidencia por el Partido Conservador Colombiano”. Andrés Felipe Arias, derrotado en la consulta interna del conservatismo, tampoco logró llegar a la Presidencia. El triunfo fue entonces para Juan Manuel Santos, cercano a Uribe, pero convertido en su principal adversario político después de esa primera elección.

Los expedientes en los que figuran personas del círculo íntimo del expresidente Uribe como responsables de delitos no solo se centran en campañas políticas. El portal La Silla Vacía recoge 15 nombres del entorno del exmandatario con mayor popularidad en la historia reciente de Colombia que “están en líos judiciales por delitos que beneficiaban directa o indirectamente al expresidente o a su proyecto político”. En la lista figuran exfuncionarios que han ocupado altos cargos, entre ellos, tres exministros.

Álvaro Uribe ha negado su participación en todos los escándalos: el ofrecimiento de dádivas a congresistas a cambio de la aprobación de su primera reelección, conocido como la “Yidispolítica”; las interceptaciones ilegales del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, opositores y periodistas; y la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las extintas Farc. A ellos se suma el de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de inocentes que las fuerzas militares hicieron pasar por guerrilleros entre 2002 y 2008, durante el mandato de Uribe. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima en 6.402 el número de víctimas.

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Esta vez, Uribe Vélez, curtido en la arena política, se declara engañado en medio del capítulo de Odebrecht. El expresidente anticipó la defensa ante cualquier asomo de crítica hacia él o hacia su partido, cuando salieron a la luz pública las pruebas contra Óscar Iván Zuluaga. Publicó explicaciones en las que expuso que Zuluaga y Daniel García Arizabaleta, intermediario de los aportes de la multinacional brasileña, le habrían ocultado la verdad.

Según un reporte del periodista Daniel Coronell, la Fiscalía tiene pruebas de pagos a García Arizabaleta – exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías) – por gestiones a favor de Odebrecht entre 2009 y 2010. El político vallecaucano habría acumulado más de 40 visitas a la Casa de Nariño durante el Gobierno de Uribe, incluida la época en la que se adelantaba la licitación del segundo tramo de la Ruta del Sol, la doble calzada que comunica al centro del país con la costa Caribe, que ganó Odebrecht a cambio de sobornos a finales de 2009. La financiera Corficolombiana, filial del Grupo AVAL – propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo – formaba parte de ese consorcio.

García Arizabaleta es ahora el principal delator de la financiación ilegal de la campaña de 2014. Fue quien entregó a la Fiscalía dos audios que dejan al descubierto que Óscar Iván Zuluaga sabía de los aportes por 1,6 millones de Odebrecht para la contratación de Duda Mendoça. Seis años después de que se conocieran las primeras denuncias en 2017, la verdad ha quedado a flote. Zuluaga se ha despedido del Centro Democrático, con una escueta frase: “Por medio de la presente me permito informarle de mi retiro del Partido Centro Democrático”, escribió en su carta de renuncia.

Zuluaga también fue ministro de Hacienda en el segundo periodo presidencial de Uribe; senador, concejal y alcalde de Pensilvania (Caldas). En 2022 intentó buscar nuevamente la presidencia, pero no obtuvo respaldo pleno del partido. “Hay que ganarse la confianza y el corazón de los antioqueños”, decía antes de retirarse de la contienda en la que el uribismo terminó apoyando al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La confianza que buscaba ha quedado enterrada.

Elisabeth Ungar, analista y experta en transparencia, sostiene que en los grandes casos de corrupción es común ver que las cabezas de los grupos políticos digan que las irregularidades suceden a sus espaldas. “La financiación de campañas es una de las mayores fuentes de corrupción en Colombia, bien sea porque no se registran los montos que ingresan, se violan los topes con artimañas como no reportar aportes en especie, o porque se utilizan como intercambio posterior de favores”, explica Ungar.

Por su parte, Sandra Martínez, directora encargada de la corporación Transparencia por Colombia, reclama acciones más claras del Consejo Nacional Electoral frente a la responsabilidad de los partidos políticos. “No es suficiente con que Óscar Iván Zuluaga haya renunciado o que los dirigentes del partido manifiesten su tristeza por lo que ha salido a la luz pública. El partido es corresponsable en la auditoria y seguimiento de la financiación de las campañas que avala”, asegura.

El expresidente Álvaro Uribe – uno de los máximos opositores al proceso de paz con las antiguas Farc – se ha lamentado por hechos que, según él, empañan candidaturas que han contado con su respaldo. “Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gbno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”, escribió en redes.

El Centro Democrático, con los reflectores encima, busca que la atención gire hacia otras campañas, incluida la de Juan Manuel Santos, también salpicada por denuncias sobre la presunta financiación de Odebrecht. Para bien de nuestra democracia, hoy más que nunca la justicia tiene la responsabilidad con los colombianos de clarificar todas las dudas y los gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la financiación de las campañas presidenciales del 2014, 2018 y la actual del 2022″, exigió el partido en un comunicado. En una nota aclaratoria, añadió que “la campaña del presidente Iván Duque 2018 y el partido Centro Democrático han sido severamente escrutados y validados en su transparencia”.

El presidente Gustavo Petro tampoco se ha librado de investigaciones por la presunta financiación irregular de su campaña. El Consejo Nacional Electoral indaga las revelaciones de Armando Benedetti sobre el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos (unos 3,6 millones de dólares).

El abogado y analista político Héctor Riveros cree que el juicio a Oscar Iván Zuluaga “traerá más consecuencias de las que uno se podría imaginar” y mantendrá en aprietos al uribismo. “Va a poner en dificultades al Centro Democrático y lo va a poner a dar explicaciones de las cuales más o menos se había zafado. La develación de la prueba contra Zuluaga y su proceso judicial va a ponerlos a dar nuevas explicaciones. No van a ser suficientes las que han dado hasta ahora de que fue por su cuenta y de que se sienten tristes”, opina.

El máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, ya no goza de la misma popularidad y enfrenta su propio enredo con la justicia por la presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Uribe estuvo 67 días en prisión domiciliaria y renunció en 2020 a su curul en el Senado de la República. El caso en su contra continúa vivo.

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