La Corte Suprema condena al exsenador Mario Alberto Castaño a 15 años y 11 meses de prisión

El exsenador liberal Mario Alberto Castaño ha sido condenado a 15 años y 11 meses de prisión, según ha informado este viernes la Corte Suprema de Justicia. “Valiéndose de su cargo como senador de la República, Castaño lideró entre los años 2020 a 2022 una organización delictiva a través de la cual acordó cometer diversos delitos, varios de ellos contra la administración pública”, se lee en un comunicado. El fallo, fechado el jueves, establece multas de 1.060 millones de pesos (alrededor de 255.000 dólares) y de 11.968 salarios mínimos, impone una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la pena y niega la prisión domiciliaria.

El pasado junio, la captura del entonces senador acaparó todos los titulares. Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo detuvieron a la salida del Congreso como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado (malversación), concusión y estafa. Castaño, que había sido reelegido para el periodo legislativo que iniciaba en julio, no pudo comenzar su nuevo mandato. Semanas después, en septiembre, reconoció ante la Corte Suprema que era corrupto y aceptó todos los cargos.

El alto tribunal investigó al exsenador por 19 delitos, vinculados en su mayoría a actividades de cabildeo para direccionar contratos de obras públicas a cambio de quedarse con una tajada. Según la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, Castaño utilizó su posición política para “tener contacto con diversos actores del sector público y, a través de un entramado burocrático, interferir en diferentes procedimientos administrativos y de contratación”.

Con ayuda de su organización delictiva, el entonces congresista instigó a la apropiación de recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y organizó una estafa al Ministerio de Cultura para que se desviara dinero de la Escuela Taller Salamina, en su natal departamento de Caldas. Además, se comprobó que exigió dinero a cambio de otorgar puestos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y en la Contraloría General de la República.

No obstante, la justicia decretó la nulidad parcial de algunos otros cargos que el exsenador había aceptado y ordenó que los asuntos implicados regresen a la Sala de Instrucción para continuar la investigación. La Corte encontró, por ejemplo, que no había pruebas suficientes para condenar a Castaño por peculado por apropiación en modalidad de tentativa en casos como Sacúdete al Parque, un plan del Ministerio del Interior para la inclusión de niños y jóvenes de zonas marginadas a través de escenarios deportivos con infraestructuras modernas.

Asimismo, la Sala consideró que no podía condenarlo por interés indebido en la celebración de contratos en las licitaciones irregulares para construir canchas sintéticas en Piendamó (Cauca), Suárez (Cauca) y San Diego (Caldas). “La aceptación de cargos que hizo el congresista no tiene una correspondencia con las pruebas que hacen parte del proceso”, declaró la Corte. Para el tribunal, no fue un “coautor interviniente” (participante), como él alegó durante el proceso, sino el “determinador” (autor intelectual). La Sala argumentó que condenarlo en calidad de determinador hubiera implicado una mayor pena y que establecerla ahora hubiera sido contrario al debido proceso y al derecho de defensa.

Castaño fue representante (2014-2018) y después senador hasta 2022, cuando fue detenido. Era uno de los principales referentes del Partido Liberal en el Congreso. Entre 2019 y 2020 hizo parte de la Comisión Cuarta del Senado, en la que se tramitan las leyes orgánicas del presupuesto. También fue coordinador ponente del presupuesto de la Nación para 2022. Desde estas posiciones de poder, logró que figuras políticas se beneficiaran con el dinero de obras que estaban destinadas para poblaciones marginadas o alejadas a la capital del país.

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