Cientos de personalidades de la izquierda internacional denuncian un “golpe blando” contra Petro

El respaldo que Gustavo Petro no ha encontrado en Colombia, donde su favorabilidad cae en las encuestas, llega de la mano de intelectuales, políticos y líderes sindicales de izquierda de 35 países. Este miércoles se ha dado a conocer una carta en su apoyo que firman más de 370 personalidades de las más distintas latitudes —desde Canadá hasta Argentina; desde Bélgica hasta Senegal.

“Un golpe blando está en marcha”, dice la misiva que suscriben, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el jurista español Baltasar Garzón, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y el excandidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon. Los firmantes consideran que los poderes tradicionales “se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”. Y hablan con nombres propios: señalan a la Procuraduría, con Margarita Cabello al frente, y a la Fiscalía, a cargo de Francisco Barbosa, de perseguir “activamente a los representantes del Pacto Histórico”.

“A menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”, señala la carta, también firmada por el expresidente colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero.

Varios congresistas del Pacto Histórico, el movimiento político oficialista de Petro, están siendo investigados por la Procuraduría. El documento menciona a Alex Flórez, Alexander López, David Racero, Susana Gómez, mejor conocida como Susana Boreal, y a María José Pizarro, una de las negociadoras del Gobierno con el ELN, pero hace énfasis en el caso del senador Wilson Arias, contra quien se abrió un proceso por lo que la carta llama el supuesto “delito” de “pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021″.

Para los firmantes —entre los que también resaltan el activista estadounidense Noam Chomsky y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau—, las acciones de la procuradora, a quien califican como una “estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque”, constituyen una “violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos”.

Dichos procesos “pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas”, indica el texto, y dificultan que las reformas de salud, laboral y pensional que busca adelantar Petro en el Congreso puedan llegar a buen puerto. “El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían ‘paz total’ al país”.

Petro argumentó, el 29 de mayo pasado, que se estaba llevando a cabo un “golpe blando” en su contra, que afectaba su formación en el Congreso. Lo hizo justo después de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección como senador, por doble militancia, de Roy Barreras, uno de los hombres clave para sacar adelante sus reformas. Luego aclaró que se refería al fiscal general y a la procuradora general, que se estarían comportando como actores en una guerra jurídica contra el Gobierno y sus aliados, justamente lo que argumenta la misiva. Dos días más tarde la bancada del Pacto Histórico pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interviniera para evitar ese “golpe blando”.

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