La Superindustria obvia sus argumentos y archiva la investigación contra Avianca y Viva Air

La suerte de Avianca y Viva ha salvado otro escollo más en el camino hacia la formalización de su largo y tortuoso proceso de fusión empresarial. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció, en la noche del viernes, que archivará la investigación que cursaba contra las compañías aéreas por haber adelantado sus planes de integración sin la aprobación de la Aerocivil, el regulador del mercado aeronáutico colombiano. Un polémico giro de último minuto, ya que la SIC había objetado la operación con un expediente que argumentaba que había una infracción: el matrimonio se había consumado sin el visto bueno de las autoridades.

La última palabra la tiene ahora la Aerocivil, que tras haber dado luz verde a la transferencia, el pasado 22 de marzo, se encuentra en proceso de estudio de la recusación presentada por la chilena Latam, una de las grandes opositoras al pacto entre las aerolíneas colombianas. Conviene recordar que, a pesar de que la Aerocivil también planteó objeciones en su momento, con serias dudas sobre el nivel acaparamiento que aún representa el negocio, parece que los dos órganos de control han optado por lo que diversos expertos han calificado como “un mal menor” para un mercado en tiempos de turbulencia.

Tanto la Aerocivil como la SIC, de hecho, han impuesto una serie de condiciones, para destrabar un proceso que resucita a la agonizante low cost Viva Air, al borde de la liquidación y con una decena de aviones en tierra.

La SIC, en cabeza de la superintendente encargada María del Socorro Pimienta, exige seis requisitos: las aerolíneas tendrán que operar de manera independiente; Viva debe mantener su marca y no “deben intercambiar información estratégica, confidencial o sensible; tendrán que remover de sus cargos a los funcionarios que puedan establecer vínculos en ambas empresas”; deberán reembolsar la totalidad del dinero, indexado a la inflación, a los afectados por la suspensión de operaciones de Viva; las garantías se deben mantener en caso de disolución o liquidación de cualquiera de las compañías; tendrán que implementar programas para prevenir conductas anticompetitivas; y un auditor independiente debe elaborar informes semanales.

“Las garantías están orientadas a que Avianca y Viva Air implementen programas de cumplimiento normativo en materia de protección de la competencia con el fin de que la conducta investigada no se repita”, señala la Superintendencia de Industria y Comercio. También subraya que su resolución genera “mayores beneficios para la competencia y los consumidores en comparación con lo que se lograría mediante una sanción”. El abogado Jorge Enrique Sánchez, exsuperintendente y férreo opositor a la fusión, se muestra sorprendido: “Estaba probado que infringieron el régimen de integraciones y terminan la investigación con la promesa de que no lo vuelvan a hacer”. De hecho, el pasado viernes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda popular interpuesta por él: “tenemos esperanza de que el juez ponga en cintura a todas las autoridades que se han equivocado en este tema”.

Adicionalmente, las aerolíneas tendrán que devolver cada año durante temporada alta -de abril a octubre-, un número importante de ‘slots’, las franjas horarias que determinan el despegue y aterrizaje de las aeronaves en los aeropuertos. Es uno de los temas sensibles para una unión que aglutinará cerca al 60% del mercado aéreo del país, y más del 90% en una treintena de rutas. Según las últimas condiciones publicadas por la Aerocivil, deberían retornar 33,6 slots de salida y 31,1 de llegada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Avianca apeló esa medida.

Emilio Archila, abogado de la quebrada y opositora aerolínea , asegura que las garantías no cumplen con “los mínimos requisitos que se exigen en la ley”. Y añade que recurrirán desde Ultra la decisión de la SIC: “Confiamos totalmente en la superintendente Pimiento y sabemos que analizará juiciosamente nuestros argumentos”.

Parte del análisis de la Superintendencia, explica por su parte la experta Claudia Velásquez, se apoya en que la única posibilidad de proteger a los pasajeros es la aprobación de la absorción de Viva por parte de Avianca. Se trata de una posición de Gobierno, continúa, “para evitar problemas legales el día de mañana. Por eso es importante que Avianca se apersone del problema cuanto antes. Incluso, creo que es una decisión lógica porque amortigua efectos más profundos sobre el sector aéreo, el turismo, la industria y los trabajadores”. Guillermo Reyes, ministro de Transporte, aseguró esta semana que Viva debería volver a despegar a finales de abril. Con la decisión de la SIC, se despeja el horizonte para que los aviones de la aerolínea de bajo coste surquen los cielos.

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