La estrategia contra el hambre que se cocina en el Plan de Desarrollo levanta polémica

En Colombia, literalmente, hay niños que se mueren de hambre. Las cifras sin nombres ocupan los reportes oficiales, mes tras mes, sin que el drama se resuelva de fondo: por lo menos 64 menores de 5 años habían perdido la vida hasta comienzos de abril por causas asociadas a la desnutrición aguda. En la misma temporada del año anterior, se habían notificado 72 fallecimientos ante el Instituto Nacional de Salud. No solo los más pequeños sufren las peores consecuencias de una alimentación pobre. El 12% de la población del país, más de 6 millones de personas, subsiste con 1,2 dólares al día, una suma que ni siquiera alcanza para la canasta básica de alimentos.

El Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, que ya fue aprobado en primer debate en las comisiones económicas del Congreso, crearía un nuevo mecanismo para atenuar la inseguridad alimentaria. Se trata de las transferencias en especie “hambre cero”, bonos de mercado o alimentos para la población vulnerable que se entregarían con participación de organizaciones populares, comunitarias o campesinas.

El programa, que desata controversia por posibles riesgos de manipulación política, va en línea con una estrategia que adoptó el Gobierno desde la emergencia invernal: el apoyo a las llamadas ollas comunitarias.

Las soluciones estructurales al problema del hambre son demoradas. Por eso, el Gobierno quiere crear las ayudas en especie como plan de choque, justifica el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. “Es importante atender situaciones dolorosas de hambre como la desnutrición en La Guajira, una región tan rica pero donde mueren de desnutrición. Eso es inaceptable en un país como Colombia que tiene tanta riqueza”, señala el funcionario. Hasta ahora, los apoyos a las agrupaciones populares han sido económicas, un mecanismo que también ha levantado alertas sobre vacíos que podrían conducir a hechos de corrupción.

Para el senador Ciro Ramírez, del partido de oposición Centro Democrático, la iniciativa que trae el Plan de Desarrollo abriría la puerta para que las transferencias, monetarias o en especie, lleguen a agrupaciones afines al Gobierno de turno. “Hay un método eficiente que es el de transferencias que llegan directamente a los beneficiarios, con criterios claros como los que tienen programas sociales existentes. Lo que puede pasar ahora es que las ayudas no lleguen directamente a las personas, sino que se queden en asociaciones o grupos. El Estado no tiene capacidad de verificar que esto se distribuya de manera eficiente y eficaz para combatir la pobreza”, sostiene el congresista.

Algo similar piensa el senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, quien teme que se genere un “amarre político” de los destinatarios finales de los auxilios. “Una transferencia monetaria no amarra a la gente a una elección porque la gente no tiene un funcionario que le aprueba o no si le dan el subsidio. La ayuda en especie obliga a una interacción con personas del Gobierno. En el fondo están buscando más generar adhesiones que paliar el hambre”, asegura.

El Departamento Nacional de Planeación – la entidad que coordina, diseña y apoya la planificación de políticas públicas – argumenta que las ayudas en especie serán complementarias a las económicas directas y que, a través de las asociaciones comunitarias, se busca llegar a población que las bases de datos oficiales no alcanzan a identificar. González, su director, reconoce, sin embargo, que el mecanismo se puede aprovechar con fines políticos. “Claramente si el ejercicio se hace bien y eso repercute en votos para las personas que lo hacen bien eso no tiene problema. Lo importante es que efectivamente reciban los recursos las personas que más lo necesitan. Si un alcalde organiza una distribución de los subsidios y eso le tiene que dar réditos políticos, pues bienvenido, eso no es ningún problema”, le dijo a EL PAÍS.

Carmen Peña, una mujer de 59 años que desde hace 15 maneja un comedor comunitario para adultos mayores en un barrio popular de Cartagena, celebra la posibilidad de recibir ayudas en especie, pero pide que se eviten mediadores. “Lo que es dinero algunas veces cogen otro destino que no es para los alimentos, sino para otras cosas. Si traen los alimentos, que miren hacia donde están las ollas comunitarias y que no haya intermediarios para que lleguen a donde tienen que llegar”, demanda.

Con la entrega directa de mercados o alimentos, el Gobierno también enfrentaría desafíos logísticos o de contratación, como los que ocupan a diario titulares de prensa con escándalos de entrega de almuerzos en mal estado a estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La coordinadora de la unidad de análisis de políticas alimentarias y nutricionales de la Universidad de Antioquia, Lorena Mancilla, confía en que la iniciativa del Gobierno se implemente bien y ayude a combatir el hambre, fortaleciendo a asociaciones o grupos, como los de indígenas o campesinos, históricamente excluidos. “Es una medida importante, pero por supuesto hay que madurarla, hacer pilotos y recoger experiencias de otros países. Va en la vía de fortalecer capacidades comunitarias y territoriales para que puedan con sus capacidades gestionar asuntos para su propio desarrollo”, apunta.

La estrategia del Gobierno de Gustavo Petro contra el hambre terminará de discutirse en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, entre finales de abril e inicios de mayo, cuando se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. El documento incluye el derecho humano a la alimentación como uno de sus cinco ejes clave. Además de las medidas de choque, el plan busca recuperar la soberanía alimentaria del país. “A pesar de tener todos los climas y unas potencialidades enormes, Colombia está importando 15 millones de toneladas de alimentos. Hace 12 años estábamos importando un millón y empezamos a importar bienes básicos como el maíz, por ejemplo. Reformar el sector agropecuario para que se produzcan alimentos básicos en el país es un tema central”, puntualiza el director del DNP, Jorge Iván González.

Mientras las reformas de fondo avanzan, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) será el responsable de reglamentar acciones más inmediatas como la operación de las transferencias “hambre cero”. El reto será que permitan aliviar el hambre, en lugar de alimentar apetitos políticos.

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