Los temas ambientales irrumpen en las negociaciones de la paz total

Al encuentro de esta semana con las comunidades en la vereda Cerro Azul del departamento del Guaviare, al mismo tiempo la puerta de entrada a la Amazonía colombiana y el epicentro de la voraz deforestación que la aqueja, llegaron juntos la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda. En el helicóptero que aterrizó el lunes allí, muy cerca de las pinturas rupestres que han convertido a Cerro Azul en un creciente atractivo turístico, los acompañaba el ministro de Clima y Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, de visita en Colombia. El énfasis del mensaje era claro: la paz y el medio ambiente deben ir de la mano en uno de los países más biodiversos del mundo.

Cada comienzo de año, en la temporada seca, las llamas que desde hace tiempo acechan tanto reservas naturales como resguardos indígenas devoran enormes trozos de bosque amazónico. Los responsables incluyen mafias, acaparadores de tierras, terratenientes y grupos armados. Las quemas más intensas ocurren en el arco de la deforestación que se extiende por Caquetá, Meta y Guaviare, en el sur del país. Los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro para detener la tala en la Amazonía, el llamado pulmón del mundo, están estrechamente ligados a la búsqueda de la paz total con distintos grupos armados y a la reforma rural. En especial, a la negociación con una de las corrientes de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el autodenominado Estado Mayor Central, que es el grupo dominante en esos departamentos. El propio presidente anunció este mes una mesa de diálogos con el EMC, el segundo proceso de paz de su Gobierno después del que ya está en marcha con el ELN.

“La paz solo es posible hoy, en estos territorios, con una visión inédita, novedosa en el mundo, que está anclada con los ecosistemas, con las aguas, con los bosques”, le dijo el comisionado Rueda a las decenas de asistentes a la reunión en Cerro Azul, a los que invitó a construir un territorio con justicia ambiental y social, en el que los derechos de campesinos, afros e indígenas coexistan con la naturaleza. También les reconoció sus esfuerzos por detener la ampliación de la frontera agrícola y frenar la deforestación. Son asuntos que se van a discutir en la futura mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central. “Empezamos a armonizar los asuntos de la paz, los asuntos sociales y los asuntos ambientales, con la cooperación internacional”, celebró el comisionado, que enfrenta un momento convulso tras la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo.

“No podemos lograr la paz en esta región si no tenemos la paz con la naturaleza”, les arengó a su turno la ministra Muhamad, que ya el mes pasado había visitado Guaviare como parte de la estrategia para contener la deforestación. En diálogo con este periódico, se mostró esperanzada en que la apertura de la mesa lleve realmente a un “gran pacto por el cuidado común de la naturaleza”.

“Acá hay una comunidad campesina dispuesta a trabajar en otro modelo de desarrollo, que está entrando con el Estado colombiano a acuerdos de conservación, hay un potencial inmenso del turismo ecológico, pero si no logramos consolidar la paz total, esto siempre se va a ver restringido”, valora la funcionaria. A diferencia del acuerdo con las FARC, apunta, el tema ambiental va a jugar un rol protagónico en las agendas de negociación tanto con el ELN como con las disidencias del Estado Mayor Central.

En los primeros acercamientos con las disidencias, el Gobierno pidió como un gesto de buena voluntad detener la deforestación. Los observadores coinciden en que el descenso ha sido notorio. El Gobierno de Iván Duque, el antecesor de Petro, se propuso en un primer momento mantener la pérdida anual de bosques al nivel récord de 2017, en torno a unas 220.000 hectáreas. Sin embargo, con el apoyo de Alemania, Reino Unido y Noruega –por mucho el mayor cooperante ambiental de Colombia–, estableció después metas más agresivas. Por lo pronto, en el 2021 se deforestaron 174.103 hectáreas, un aumento frente a las 171.685 perdidas en 2020. La cifra está empujada por la ganadería, el acaparamiento de tierras, la minería ilegal y los cultivos de coca, entre otras causas. Mientras Duque militarizó la política ambiental, Petro favorece trabajar de la mano de las comunidades con concesiones forestales.

Aunque el rezago estructural con la entrega de cifras consolidadas de perdida de bosques solo permite conocer las de un año en particular hasta mediados del siguiente, un sobrevuelo en avioneta por Guaviare y el parque natural de Chiribiquete, un enorme océano de árboles declarado patrimonio de la humanidad, permite constatar muchas menos columnas de humo, las primeras señales de las quemas, con respecto al panorama crítico de hace un año.

Los temas ambientales en general, no solo la deforestación, ocupan un lugar preponderante en la agenda de la paz total, según explica Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). El reconocido ambientalista ahora es también uno de los negociadores en la mesa con el ELN. “Si se mantiene la conflictividad ambiental, es muy difícil salir de escenarios que al final se traducen en conflictividad social y política”, señala. Aunque advierte que en otros lugares de Colombia es apremiante resolver problemas como la minería de aluvión, destaca que lo ambiental nunca había sido el primer paso en un acercamiento con un grupo armado.

Noruega fue garante de la negociación con las FARC y ahora lo es en la mesa con el ELN. Tanto la resolución de conflictos como la “diplomacia verde” son metas explícitas de su política exterior. Oslo considera a Colombia un país clave dado que “el mantenimiento de un sistema ecológico integrado en el Amazonas es necesario para toda la humanidad; si colapsa es un problema para todo este continente y también para el clima mundial”, señala Espen Barth Eide, el ministro de Clima y Ambiente –quien era canciller durante los acercamientos con las FARC–. Sin ir muy lejos, los bosques en la Amazonía garantizan, entre muchas otras cosas, la regulación del clima y la oferta de agua en la zona andina –incluyendo la distante Bogotá–, a través de los “ríos voladores”. Hay mayor consciencia sobre el desafío global del clima y el medio ambiente que hace una década, recuerda el político nórdico, por lo que ahora se impone también en distintos procesos de paz. Colombia no es una excepción.

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