El destino del hospital para soldados heridos sigue en el aire tras su saqueo

El Ministerio de Defensa de Colombia le ha ordenado a su oficina de control interno hacer una auditoría “con alcance técnico y financiero” para saber qué ocurrió con el hospital para los soldados heridos del Cantón Caldas, en el centro de Bogotá. El centro de salud que debía estar listo en 2014 aún no existe pese a que el Ejército pagó más de 34.800 millones de pesos para su construcción, unos 55.000 millones a precios de 2023, o alrededor de 12 millones de dólares.

Tras las denuncias de corrupción que hizo EL PAÍS, el Ministerio de Iván Velásquez reconoció que “se presentaron prórrogas, suspensiones y modificaciones del contrato” y que están en un proceso de investigación para saber en qué condiciones se encuentra la obra y si es posible rescatarla.

En una carta enviada a este periódico, el Ministerio afirma que sigue a la espera de los resultados y las recomendaciones de esa auditoría para determinar cuánto tiempo y cuánto dinero adicional se requieren para completar la construcción. Con esta investigación interna, que revisará las irregularidades en el desarrollo del contrato interadministrativo No. 1441 de 2013 suscrito entre la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM), también esperan esclarecer si hay más personas vinculadas al proceso. La Contraloría ya embargó las cuentas bancarias y los bienes de siete altos mandos militares, a quienes señala de ser los presuntos responsables de la pérdida de más de 30.500 millones de pesos de dinero público.

El Ministerio, sin embargo, niega que haya una investigación en curso por estos hechos en contra de Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército u otros comandantes de las Fuerzas Militares, como le habían dicho a EL PAÍS fuentes del Ejército.

Al tiempo con la auditoría interna, el Ministerio afirma que ha hecho un seguimiento “permanente” al proceso de construcción del hospital, llamado internamente Proyecto Centro de Rehabilitación Funcional Batallón de Sanidad CRF BASAN. Explica que lo ha hecho a través de reuniones de consejos directivos y de mesas de diálogo en las que han participado personas del Comando de Ingenieros, del Ministerio y de la ALFM.

En el documento, el Ministerio explica que su objetivo es lograr “el resarcimiento de los perjuicios generados por los incumplimientos de los contratistas de obra”. Revela que ha recuperado 5.100 millones de pesos de los 34.800 que invirtió en la obra. De un lado, en un proceso ejecutivo que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, éste “libró mandamiento de pago en favor de la ALFM por concepto de la cláusula penal pecuniaria, por un valor de $2.255.582.813,11″, se lee en la carta. De otro, en un proceso administrativo sancionatorio “mediante Resolución 1063 de 11 septiembre de 2019, se recuperaron $2.700.000.000, que corresponden al valor dejado de amortizar en el momento en que la ALFM surtió la declaratoria de incumplimiento”.

El Ministerio informó de que está a la espera de los resultados de un contrato de consultoría, peritaje y reingeniería que solicitó la Central Administrativa y Contable de Ingenieros del Ejército. El documento final del contrato debe ser entregado en marzo. Sus conclusiones, sumados a la auditoría interna, permitirán definir si se puede rescatar el hospital, y cómo. En sus palabras, espera insumos para tomar “decisiones definitivas respecto al Proyecto Centro de Rehabilitación Funcional – Batallón de Sanidad – CRF – Basan”.

Ante la pregunta de cómo se han atendido a los más de 1.000 soldados víctimas de minas antipersonales que deberían haberse rehabilitado en el hospital durante estos ocho años de incumplimientos, el Ministerio responde que se han tratado en el Batallón de Sanidad Militar del Ejército Nacional. “Se desarrollan planes y programas de rehabilitación inclusiva y se articula el portafolio de servicios con el modelo de rehabilitación integral para los miembros de la Fuerza Pública activos, retirados y demás beneficiarios en la fase de inclusión, quienes son atendidos en la Calle 21 # 44- 40 en la ciudad de Bogotá D.C.”

El problema es que ese espacio resultaba insuficiente incluso hace una década, y fue justamente lo que motivó la construcción del nuevo hospital. Un soldado víctima de minas antipersona que prefirió no dar su nombre por seguridad, denunció a EL PAÍS que tuvo que padecer condiciones de hacinamiento durante su proceso de rehabilitación: “Puedo dar fe de que las instalaciones del batallón de sanidad eran muy precarias. En el batallón había sobrepoblación, teníamos que dormir en el piso, con mucho frío”, relata.

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