La gobernabilidad del pueblo arhuaco le revienta al Gobierno

Más de dos años completa la crisis de gobernabilidad que afecta al pueblo indígena arhuaco. La cuestionada elección de Zarwawiko Torres Torres en 2020 como máxima autoridad de su resguardo marcó el inicio de un inusual conflicto en uno de los grupos indígenas más reconocidos de Colombia. El proceso para escoger al nuevo cabildo gobernador llegó a ser visto como una suerte de “golpe de Estado”. Ha estado rodeado de investigaciones penales, acusaciones sobre abuso sexual de menores, tutelas cuestionando los resultados, órdenes de la Corte Constitucional y una ratificación inconclusa que tampoco está libre de denuncias. Los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa norte del país, están divididos. Por medio de protestas, piden al Gobierno de Gustavo Petro que ponga fin a la incertidumbre.

Las irregularidades que rodearon la elección de Torres fueron el origen de la discordia. Desde hace más de seis décadas, el gobernador arhuaco se elige bajo costumbres ancestrales de consenso y unidad. Las 60 comunidades del resguardo participan en una asamblea en la que un representante de cada una transmite el voto comunitario. Pero la tradición se rompió el año de la pandemia, cuando solo participaron 19 de ellas. Según la Fiscalía – organismo que un año después le imputó a Torres el delito de fraude procesal – el líder indígena desconoció las reglas y empleó maniobras fraudulentas para quedarse con esa dignidad. También con el manejo de los recursos públicos que el Gobierno les transfiere a los resguardos indígenas por medio del Sistema General de Participaciones.

Además de estas investigaciones, el gobernador fue blanco de denuncias por abuso sexual de menores. Mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron las primeras en rechazar su elección. En agosto de 2020, recordaron una denuncia sobre la deuda que Torres tendría con la justicia “por la violación de una menor de 11 años en el año 2001, así como por la violación a su propia hermana; relación incestuosa que dio como fruto un hijo, prueba irrefutable de que el hecho ocurrió”, señalaron en un comunicado y un video que se divulgó en redes sociales. Según una publicación del diario El Tiempo, Zarwawiko Torres dijo haber pagado por ese delito ante su comunidad y alegó que insistir en él, después de tantos años, constituía una persecución política.

“A nosotras las mujeres arhuacas nos entristece que los perpetradores de violaciones sexuales sean los que se conviertan en las autoridades políticas de nuestros pueblos, como es el caso del señor Zarwawiku Torres Torres, quien pese a violar nuestra Ley de Origen abusando sexualmente de menores, se proclama hoy como Cabildo Gobernador del pueblo arhuaco. ¡Esto es muy desalentador y preocupante! ¿Qué esperanza tenemos como pueblo? ¿Cómo garantizamos a nuestras menores que estarán a salvo dentro de su territorio si el premio para los violadores es convertirse en autoridad de su pueblo?”, expresaron las denunciantes en aquel momento. También cuestionó el proceso la actual embajadora de Colombia ante Naciones Unidas y defensora de derechos humanos del pueblo arhuaco, Leonor Zalabata Torres.

El caso de la elección llegó a la Corte Constitucional, que en octubre de 2021 ordenó suspender el registro oficial de Torres como cabildo gobernador, en respuesta a una acción de tutela. En febrero de 2022, mediante un auto dispuso que “los Mamos Mayores de las Kankurwas de Numa’ka, Seykúmake, Künzikta-Negarka y Seynimin, en ejercicio de su autonomía y autodeterminación, acordaran la elección del cabildo gobernador o cabildos gobernadores del pueblo Arhuaco y convocaran a la mayor brevedad a la asamblea general para ratificarlo(s) de manera temporal o definitiva, de forma libre y sin injerencia alguna”.

Tras el auto, el resguardo indígena ratificó la elección de Zarwawiko Torres Torres en un proceso en el que habrían participado 8.000 indígenas arhuacos. Sin embargo, sobre esta nueva consulta también cayeron señalamientos. Hubo denuncias sobre la presunta suplantación de algunos de los mamos, guías de las comunidades indígenas, y la presencia de personas de otros pueblos y organizaciones.

Siete meses después, la elección de Torres no cuenta con el registro oficial ante el Ministerio del Interior, y sin él no hay un representante arhuaco reconocido ante el Estado para tramitar desde presupuestos hasta decisiones de ese pueblo. Ante el vacío de poder, grupos de indígenas bloquearon esta semana la vía que conecta a los departamentos del Cesar y La Guajira exigiendo el reconocimiento del cabildo gobernador. El bloqueo se levantó este jueves luego de que un joven arhuaco de 15 años muriera ahogado en el río Guatapurí, en Valledupar, durante la protesta; pero se trata tan solo de una suspensión mientras realizan las ceremonias tradicionales.

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno de Petro verificar si la solicitud de reconocimiento se ajusta a la ley y, de ser así, expedir la resolución que dejaría en firme la elección de Zarwawico Torres como gobernador, después de dos años colmados de divisiones y denuncias. Así, un problema intestino del pueblo arhuaco se convierte en uno del Gobierno que ha designado a una de sus mujeres más reconocidas en un alto cargo diplomático. Mientras toma una decisión, el malestar arhuaco continúa.

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