Mientras el planeta arde, algo se cocina entre Brasil y Colombia

Por una coincidencia afortunada, los pabellones de Brasil y Colombia quedaron ubicados uno al lado del otro en este laberinto levantado sobre la arena ardiente que es la cumbre de cambio climático (COP27).

Ha sido uno de los rincones más felices, y creo que uno de los más auspiciosos. Feliz porque los brasileros están de vuelta después de cuatro años de desplantes del Gobierno Bolsonaro a la comunidad internacional. La cordialidad sonriente de los brasileros contagió un panel que compartimos con Sonia Guajajara –la líder indígena que probablemente será la titular del ministerio de pueblos originarios que Lula prometió crear– y Luís Roberto Barroso –el magistrado de la Corte Suprema que dictó un fallo clave para proteger la Amazonia–. Todos saben que van a tener que trabajar a contrarreloj para deshacer el daño de Bolsonaro, pero vuelven a respirar tranquilos.

El pabellón colombiano, al otro lado del corredor, zumba desde el inicio de la COP. Primero el presidente y su ministra de Ambiente, luego la vicepresidenta, y ahora una delegación nutrida y variopinta de activistas y lideres de pueblos indígenas y negros, le han dado al país una visibilidad sin precedentes en este tipo de cumbres.

Digo que la coincidencia es auspiciosa porque una alianza entre Brasil y Colombia sería una de las mejores noticias para la Amazonia y para el futuro del clima planetario. En primer lugar, porque los dos países suman el 70% del territorio amazónico. Colombia aporta la iniciativa política: el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez viene asumiendo el liderazgo de la agenda ambiental en América Latina, incluyendo la protección de la Amazonia y la propuesta de condonación de deuda externa para liberar recursos para programas contra el cambio climático. Para tener influencia global, sin embargo, los colombianos necesitan el peso geopolítico y geográfico de Brasil, que tiene el 60% del pulmón del mundo y un cuerpo diplomático envidiable que ni siquiera Bolsonaro ha logrado desmontar.

Pero falta ver si Lula pone el medio ambiente en el centro de su gobierno, o si vuelva a subordinarlo a la promoción de las industrias extractivas, como lo hizo en su segundo mandato y lo siguió haciendo su sucesora, Dilma Rousseff. Las primeras señales indican que Lula ha dado un giro ambientalista y estaría más cerca de la izquierda ecologista en el poder en Colombia y Chile que de la extractivista de México o Argentina. En efecto, su programa de gobierno y su discurso de victoria electoral les dieron un lugar prominente a las propuestas que vienen del partido de la exministra Marina Silva, que tiene el récord de ser la única funcionaria capaz de detener la deforestación en la región amazónica y que tuvo que salir del primer Gobierno de Lula cuando se impuso el ala extractivista de Rousseff.

Por eso, el hecho de que Marina Silva suene como ministra de ambiente del nuevo Gobierno de Lula augura un futuro promisorio para la alianza Brasil-Colombia. Por eso también, la reunión entre Marina Silva y Francia Márquez fue un hecho particularmente significativo de esta COP. Ambas son mujeres negras que llegaron a la política nacional sobreviviendo la violencia de las economías extractivas en sus territorios. Las dos llevan las banderas de la justicia ambiental, racial y de género. Y representan movimientos que les apuestan a la integración regional y a la solidaridad con otros países y regiones del sur global, los que sufren los peores efectos del calentamiento global a pesar de haber contribuido a ellos mucho menos que los países del norte.

Mas allá de su relevancia geopolítica, la articulación entre Brasil y Colombia puede tender un puente entre los dos mundos que circulan por rutas paralelas en estas cumbres. De un lado están los funcionarios de los gobiernos que negocian, palabra por palabra, el texto del acuerdo final. Se pueden distinguir a la distancia, porque las credenciales que cuelgan de sus cuellos están atravesadas por una franja rosa. De otro lado están los de la franja amarilla: los miembros de la sociedad civil que participan en eventos paralelos y siguen las negociaciones por los medios.

Quizás lo más llamativo de la presencia de Gustavo Petro y Francia Márquez en esta cumbre es que ambos hablaron como gobernantes, pero también como activistas. Mucho se ha dicho sobre la transición energética que volvió a proponer Petro en su discurso de diez puntos a la COP. Se ha hablado mucho menos de lo que creo que está en el corazón de la propuesta: el papel de los movimientos sociales como motores de la solución a la emergencia climática. “La movilización de la humanidad corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo”, dijo Petro, quizás teniendo en mente a los más de 600 lobistas que representan los intereses de las compañías de combustibles fósiles en esta cumbre. La vicepresidenta Márquez defendió el mismo punto con ejemplos concretos, en un conversatorio electrizante que compartió con mujeres jóvenes que lideran la causa ecológica alrededor del mundo.

Con la llegada de Lula al poder, lo más probable es que Brasil vuelva a encarnar la articulación entre gobierno y sociedad civil que representó en cumbres anteriores, donde la delegación brasilera era de las más nutridas, precisamente porque el gobierno otorgaba credenciales liberalmente a activistas y científicos. De hecho, ya se dice que convocará un evento global sobre el clima en la Amazonia en 2023, posiblemente en alianza con su par colombiano.

Mientras el planeta arde, algo interesante se cocina entre Brasil y Colombia.

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