La promesa de Petro de indultar a los detenidos en las protestas se complica en el Congreso

Ayer fue un día triste en Bogotá. Una pelea bajo la lluvia entre un grupo de indígenas que protestaban y la policía terminó con 24 heridos. Las violentas escenas, registradas por quienes caminaban a esa hora por el centro de la ciudad, vuelven a deslegitimar una manifestación que inició de forma pacífica. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la Policía rodeó a los manifestantes, que estaban plantados frente al edificio de Avianca. La Alcaldía dice que estaban bloqueando la entrada al lugar. Los videos empiezan a grabar cuando todo ya era un caos: indígenas rompiendo vidrios con piedras y golpeando a palazos a funcionarios de la Alcaldía y a policías, policías golpeando a indígenas. A unas cuadras, en el Congreso, se escuchaba pedir que desalojaran “porque venían los indígenas”.

Es la primera protesta que encara el Gobierno de Gustavo Petro de un sector que lo apoyó. A finales de septiembre marchó la oposición, con apenas presencia policial. Este miércoles, frente a los indígenas, volvió a salir el cuerpo antimotines, como ocurrió en las protestas del año pasado y las veces anteriores, cuando hubo heridos. Los reclamos de los embera van dirigidos al gobierno local, sobre todo, pero también al nacional, al que la alcaldesa Claudia López le ha reclamado ayuda desde hace meses para atender a la emergencia de los indígenas que están en la ciudad como desplazados.

El Gobierno de Petro, que en la mañana intentaba colar en su proyecto de ley de Orden Público un artículo para indultar a los jóvenes de la Primera Línea, que se enfrentaron a la policía en las protestas contra la presidencia de Iván Duque, en la tarde condenaba la reacción de los indígenas, entre los que había mujeres y niños. Los opositores del Gobierno cuestionaron esa postura. “Petro vive buscando cómo indultar a los criminales de Primera Línea, pero hoy rechaza la violencia demencial contra los hombres de la Policía, víctimas de graves agresiones”, tuiteó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Horas antes, otros congresistas de oposición rechazaban la propuesta que se enmarca dentro de la idea de “paz total”, y que facultaría al presidente para otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Más de un año después del estallido social, al menos 228 personas que participaron en las revueltas, tienen un proceso penal, 113 están bajo medida cautelar en una cárcel o en su casa, denuncian organizaciones sociales. “Se está premiando la barbarie, seguimos en este país premiando criminales con la excusa de la paz. Vamos a tumbar ese artículo en plenaria, y sé que otros partidos que también están de acuerdo”, había dicho temprano la senadora Cabal ante la propuesta de indulto.

La promesa de liberar a los jóvenes que fueron víctimas de falsos positivos judiciales no parece fácil de cumplir. “Si han detenido 165 personas de primera línea solo por defender el derecho a la protesta, estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad”, escribía en Twitter el entonces candidato Petro en agosto de 2021. Pero poco ha podido avanzar para dejarlos en libertad, ahora que es presidente. Aunque fue una de las prioridades que su equipo incluyó en la ruta que seguirían en los primeros 100 días de mandato, que están a un mes de terminar, los jóvenes sigue esperando que les cumplan y quienes protagonizaron los disturbios de este miércoles son buscados por la policía para ser capturados. La institución ha ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para dar con ellos.

Jóvenes que vivieron la misma persecución en la revuelta social que estalló bajo el Gobierno de Duque insisten en pedir el desmonte del ESMAD. “Rechazamos la reforma estética que le hicieron al ESMAD, les cambiaron el nombre y los colores, pero siguen reprimiendo brutalmente al pueblo que se organiza y se moviliza. Así no se atienden las exigencias sociales”, dijo en Twitter Juliana Higuera, defensora de derechos humanos y una de las activistas que fue detenida en las protestas y ahora lidera la campaña Ni1D1A + ¡Libres y absueltxs!, una iniciativa civil que exige garantías de derechos humanos para los capturados en el marco del Paro Nacional de 2019 y 2021. Ahora se han sumado a la voz de los indígenas, que llevan meses protestando sin que sus reclamos sean atendidos. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció un castigo penal para los indígenas. “Nada justifica la agresión que sufrieron esta tarde 14 miembros de la Policía Nacional a manos de indígenas en Bogotá. Los agresores deben ser judicializados y sancionados”, dijo el ministro, que visitó junto a Petro en un hospital a los policías heridos.

Ni el mensaje de la Policía que ofrece recompensa ni el del presidente mencionan por qué delitos se les imputaría. En las protestas sociales del año pasado, decenas de jóvenes fueron empapelados judicialmente por crímenes que no corresponden a la protesta; ninguna de las personas judicializadas tiene imputados delitos políticos, denuncia la campaña Objetivo Libertad, una organización de familiares, víctimas y sobrevivientes de montajes judiciales, persecución y criminalización. “Es una estrategia que busca desconocer su participación en la protesta social, en la comunicación popular, en la defensa de los derechos humanos, entre otras”, señala el colectivo, que dice que han acompañado aproximadamente 70 casos y han identificado dos estrategias en torno a la judicialización.

“La primera es que las audiencias han sido muy lentas, lo que ha dejado a más del 50% de los casos sin avances significativos en la fase de juicio. Hay gente detenida desde hace más de un año sin que haya un veredicto”. La segunda, señala Objetivo Libertad, es que han evidenciado fallas en la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía, sumado a la estigmatización y una “narrativa peligrosista” por la que vinculan a las personas que participaron de la protesta social con organizaciones criminales.

La situación de los integrantes de la Primera Línea que están detenidos debe ser atendida con urgencia, demandan sus familias. Hay personas recluidas en las pequeñas celdas de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que deberían ser lugares de tránsito porque no tienen las condiciones para garantizar los derechos humanos. En esos lugares no entra un rayo de luz.

En agosto pasado el Congreso creó una comisión accidental de garantías a la protesta social, integrada mayoritariamente por congresistas de la bancada de Gobierno. A la primera audiencia de la comisión no asistieron ni la Fiscalía ni la Procuraduría, aunque presencia es de suma importancia porque tienen la información de cuántas judicializaciones hubo y qué pruebas se utilizaron. “Vamos a insistir en esa mesa de alternatividad penal, para sentar a la Fiscalía con los órganos de control, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, con los abogados, la comunidad internacional y los congresistas para la revisión de los casos en los cuales podamos lograr la revocatoria de medidas de aseguramiento”, ha dicho el congresista petrista Alirio Uribe.

La discusión de la ley en el Congreso no parece fácil. La sesión de este miércoles se levantó porque la oposición pidió garantías. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, explicó qué forma se estaba intentando colar la propuesta. “Pretender a través de la ley de orden público darle facultades de indulto y amnistía al presidente Petro para liberar a quienes de la primera línea cometieron delitos es inaceptable. Es meternos sin fast track siquiera; sino de manera automática como política pública lo que firmen con los criminales. Incluso acuerdos parciales”.

Petro, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue impulsado por las protestas sociales. En ambos casos las primeras líneas que protagonizaron esas revueltas enfrentándose a la policía terminaron judicializados. En marzo, cuando Boric recién llegaba al cargo, su ministro de Presidencia anunció que el Gobierno le pondría suma urgencia al proyecto de indulto a los llamados presos del estallido social, pero han pasado siete meses y no ha logrado el apoyo suficiente. La senadora Fabiola Campillai, que quedó ciega tras ser atacada por los carabineros, es la promotora del proyecto. Ayer, cuando se cumplió un año más de las protestas que vivió el Gobierno de Piñera, Campillai le hizo un llamado al presidente para que busque indultos particulares y haga uso de sus facultades ante la falta de respaldo a la iniciativa en el Legislativo. Ese indulto ha causado, como en Colombia, división de opiniones y el camino para conseguirlo no parece fácil.

Petro también tiene por delante cumplir con la reforma a la policía que prometió en campaña. Los abusos de los uniformados costaron vidas durante las protestas; la ONU los responsabiliza de al menos 28 muertes durante las revueltas. El ministro de Defensa ha anunciado que la institución se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad. “Se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho, se va a ganar en construir una policía, como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales. La policía va a tener como razón fundamental de su accionar la garantía de los derechos y libertades ciudadanas y la convivencia”, argumentó en su primera entrevista en el cargo a la revista Cambio.

Pero lo que ocurrió este miércoles estuvo lejos de parecerse a esa idea de la policía. Al final de la jornada, tras reunirse con voceros de los indígenas y escucharlos, Petro prometió atender sus reclamos y se solidarizó con sus denuncias. “Yo creo que hoy he visto una de las mayores injusticias sociales”, tuiteó a medianoche.

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