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El uribismo abre un nuevo frente en su pelea por la memoria del conflicto

El partido del expresidente Álvaro Uribe presentó una serie de cartillas para contrarrestar la investigación sobre el conflicto armado que presentó en junio la Comisión de la Verdad

Camila Osorio
Álvaro Uribe
Álvaro Uribe afuera de la Corte Suprema, en octubre de 2019.Anadolu Agency (Getty Images)

La memoria histórica de una guerra puede estar constantemente en discusión porque siempre hay más evidencia por descubrir, más voces por escuchar, o más ángulos por explorar. Tener la última palabra sobre un conflicto de más de medio siglo es casi imposible. Pero el trabajo de memoria que Colombia lleva tejiendo por más de una década está en una larga guerra política que no se juega tanto en el campo de la evidencia como en el del honor. Una pelea que se intensifica entre el partido de derecha del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, y el nuevo gobierno de izquierda de Gustavo Petro. El nuevo frente de batalla, este mes, llega en forma de cartillas.

El uribismo presentó esta semana una serie de 15 cartillas para responder al extenso informe de Hallazgos y Recomendaciones, de 800 páginas, que publicó en junio la Comisión de la Verdad, una institución que surgió de los acuerdos de paz de La Habana en 2016. La Comisión entrevistó a casi 30.000 personas y condenó en su informe la violencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y del Estado. La respuesta del gobierno Petro fue comprometerse a que este informe se conozca en todas las instituciones educativas del país, en forma de cartillas educativas, un anuncio que prendió las alarmas en el uribismo.

“Inician el adoctrinamiento inconstitucional y totalitario imponiendo la verdad de la izquierda a nuestros niños”, dijo entonces la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Las contra-cartillas son “una primera aproximación que hacemos refutando algunas de las cosas que no consideramos totalmente ciertas”, explica Laura Medina, asesora del expresidente Uribe. Planean enviarlas esta semana al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien sugirió en agosto que consideraría la posibilidad de que la “cartilla alternativa” sea presentada ante las instituciones del país si cumple con estándares de rigor. Medina, del Centro Democrático, explica que “sí nos interesaría mucho entrar a los colegios, hacer pedagogía con los niños, para que ellos también tengan esta verdad” .

Las nuevas contra-cartillas del Centro Democrático son 15 textos cortos que hablan de tierras, crímenes y políticas públicas pero que se enfocan constantemente en atacar el punto que más le molesta al uribismo desde el proceso de paz: que se equipare a la fuerza pública con los grupos armados. “El Acuerdo de La Habana puso a nuestras Fuerzas Armadas democráticas de igual con quienes cometían actos terroristas”, dice la primera cartilla, escrita por el expresidente Uribe.

Uribe allí insiste en que los falsos positivos —como se conocen las ejecuciones extrajudiciales que cometió el ejército para presentar civiles como guerrilleros muertos— no fueron una política de Estado, y pone en duda la inocencia de las personas asesinadas. “En las Fuerzas Armadas circula la versión privada, que no sostienen en público, según la cual muchos falsos positivos se dieron sobre personas que estaban en grupos ilegales”, escribe. Plantea luego la hipótesis de que los falsos positivos fueran una conspiración de unas “mentes maliciosas de quienes debieron gozar con la tragedia que desacreditaba a nuestro Gobierno y a nuestras fuerzas armadas”. Presenta una conspiración sin la evidencia que la soporte.

Lo difícil de mantener esta postura es que decenas de militares han sostenido en público que fue una política de incentivos la que condujo a los falsos positivos. Además de la investigación de la Comisión de la Verdad, el tribunal transicional de la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha sostenido audiencias públicas este año en el que decenas de militares han admitido asesinar civiles como resultado de una macabra política de incentivos; al cruzar varias bases de datos, la JEP estimó que 6.402 civiles fueron presentados falsamente como bajas en combate durante el gobierno de Uribe; y en declaraciones que aún no se han conocido públicamente hay varios comandantes y generales que han acusado al General retirado Mario Montoya —el más importante del gobierno Uribe, durante el cual fue comandante del Ejército— de exigir ‘ríos de sangre’ a sus subordinados, y premiarlos por número de muertos en vez de capturados. (Montoya ha negado estas acusaciones y su caso sigue en investigación en la JEP).

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“Me parece que la postura del uribismo que niega responsabilidades no fortalece a la fuerza pública sino que la debilita”, considera María Emma Wills, académica que trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica (2012-2018) y el Grupo Nacional de Memoria Histórica (2007-2012). Wills explica que proteger las instituciones en una democracia pasa necesariamente por la rendición de cuentas de la autoridad, es lo que mantiene su legitimidad.

“Lo que no es democrático, desde mi punto de vista, en una mirada donde básicamente estás protegiendo las instituciones a partir de la negación. Ahí lo que se cultiva es la impunidad, y así estás plantando la semilla del descalabro institucional”, añade Wills. “Lo que está pasando se me parece más como una disonancia cognitiva social, que puede pasarle a un perpetrador que ha cometido las peores infamias, para vivir consigo mismo reordena su propia existencia para poder vivir con ella y entonces se miente: se dice que no asesinó población civil sino que todos eran guerrilleros. Y, pues no. La disonancia cognitiva no rima con democracia, con debate, con contrastación de fuentes, con historiadores, con jueces, con argumentos cada vez más robustos”.

Las siguientes 14 cartillas tienen como autores a varios alfiles del uribismo: las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, la directora del partido Nubia Stella Martínez, o el exministro de Defensa Diego Molano. Hay solo un autor anónimo, el de la cartilla 12, que cita a Hitler para llamar a los Comisionados de la Verdad un grupo de fascistas (la Comisión fue dirigida por un padre jesuita y conformada por algunos de los académicos más respetados del país). La cartilla, que se titula ‘Para que los victimarios de ayer sean los héroes de hoy’, acusa a los comisionados de hacer una transferencia mentirosa en su Informe: convertir a guerrilleros en víctimas y a los héroes (los militares o Uribe) en victimarios. Más que una investigación académica, el texto es un manifiesto sobre el heroísmo del expresidente.

A la pelea política sobre el heroísmo se le suma una más difícil sobre el origen de la guerra. La senadora Paloma Valencia es autora de una cartilla que resume uno de los argumentos cruciales del uribismo sobre las causas del conflicto. En palabras de ella, lo que lo originó no fue la exclusión social y política de grandes grupos de la población. “La gran guerra de Colombia, la gran mayoría de su violencia, se explica por el narcotráfico”, escribe Valencia.

Pero el Gobierno de Petro sí entiende que un gran detonante de la violencia como consecuencia de la exclusión política y social y se aleja de la visión de que Colombia estuvo sometida a un ataque narco-terrorista que duró 50 años. Las contra-cartillas fueron publicadas el mismo día en que el presidente anunció como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica a María Valencia Gaitán, la hija del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán que fue asesinado en 1948 y cuya muerte impulsó una ola de violencia. “Creo que es una persona adecuada, como víctima que es del proceso inicial de la violencia que nos tiene aquí reunidos”, dijo el presidente cuando la nombró desde un evento en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

La pelea del uribismo con las investigaciones de memoria lleva casi una década, pasando primero por sus críticas a los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica durante el gobierno de Juan Manuel Santos, hasta buscar asignar a un historiador de su corriente como director de esa institución durante el gobierno de Iván Duque. El director asignado, Darío Acevedo, fue acusado de negacionista y manipular el archivo de víctimas para un guión en el Museo Nacional de Memoria. En el nuevo gobierno, Petro ha dicho que “la aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las armas”. Pero con el uribismo en la oposición la pelea por la verdad pasa, ahora, por una serie de cartillas.

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Sobre la firma

Camila Osorio
Corresponsal de cultura en EL PAÍS América y escribe desde Bogotá. Ha trabajado en el diario 'La Silla Vacía' (Bogotá) y la revista 'The New Yorker', y ha sido freelancer en Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos.

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