Los vacíos legales de la emergencia económica que evalúa Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha declarado la emergencia económica para afrontar el hambre, como había anunciado en campaña, pero contempla hacerlo por la amenaza invernal del próximo trimestre. La figura le otorgaría facultades especiales para legislar por decreto por un máximo de 90 días, con la firma de todos sus ministros y sin pasar por el Congreso de la República, exclusivamente para conjurar la crisis. El Gobierno podría, por ejemplo, crear o modificar impuestos de forma transitoria. La justificación actual genera idéntico escepticismo al que despertó entre expertos durante la contienda electoral. “Muy probablemente, si el presidente decretara esa emergencia, no pasaría una prueba de constitucionalidad”, sostiene Esteban Hoyos Ceballos, decano de la escuela de derecho de la Universidad EAFIT de Medellín.

La razón de su afirmación es la misma que advierte el abogado constitucionalista, Rodrigo Uprimny. “Uno de los requisitos del estado de emergencia, como la Corte [Constitucional] lo ha reiterado en muchas sentencias, es que ésta solo puede ser usada para enfrentar una crisis sobreviniente, esto es, que derive de hechos imprevistos y anormales”, precisa Uprinmy. En su opinión, el anuncio anticipado de una declaratoria de emergencia contradice, en sí mismo, los criterios de la Corte.

“Los estados de excepción son realmente una excepción. Para su declaratoria se deben reunir unos requisitos muy claros. Resulta muy problemático anticiparlo porque si hay conocimiento de que existen riesgos graves e inminentes, lo razonable es ejercer de forma eficiente los poderes y medidas ordinarias para enfrentarlos”, coincide Magdalena Correa, investigadora universitaria experta en derecho constitucional económico.

Las emergencias económicas avaladas en los últimos años en Colombia han estado relacionadas con eventos imprevisibles, como la pandemia del coronavirus en el gobierno de Iván Duque. A ella se suman tres durante el periodo de Juan Manuel Santos: una trágica ola invernal en 2010, que dejaba para entonces más de un centenar de muertos y un millón y medio de damnificados; el éxodo de miles de colombianos tras el cierre fronterizo con Venezuela, ordenado por Nicolás Maduro en 2015; y una avalancha que causó la muerte de 262 habitantes del municipio de Mocoa (Putumayo) en 2017. Después de la Constitución de 1991, además, las hubo por la avalancha del río Páez (Cauca) y el terremoto del Eje Cafetero en 1999, cada una con más de mil personas fallecidas y cuantiosas pérdidas materiales.

La nueva declaratoria llegaría como respuesta a una ola invernal que se prevé más fuerte que la de hace 12 años. “Claro que lo he pensado ¿No es el momento acaso de una emergencia? Los congresistas podrán opinar, los medios de comunicación a nivel nacional, la sociedad toda; pero si vamos a vivir un episodio peor que en 2010, en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, anunció el presidente Gustavo Petro, durante una visita a Santa Lucía, en el departamento de Atlántico.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, alertó sobre lluvias superiores a lo normal entre septiembre y noviembre en algunas regiones del país y recomendó “reforzar las medidas preventivas debido a los impactos sociales, ambientales y económicos que se puedan presentar”. En un comunicado oficial pidió especial atención en el monitoreo de vendavales, granizadas, crecientes súbitas, deslizamientos, avalanchas e inundaciones. El pronóstico es de lluvias superiores al 30% respecto a los promedios históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, centro de la región Andina y el trapecio Amazónico.

“Si a eso se le suma la crisis económica mundial, se le suma la guerra que dispara el precio de los fertilizantes, entonces tenemos la tormenta perfecta y el resultado de esa tormenta perfecta se llama hambre”, agregó el presidente Petro, al advertir los efectos de las condiciones climáticas que han agudizado, a nivel global, los estragos de la pandemia.

Mientras tanto, los pobladores de zonas de riesgo se preguntan si hace falta esperar a que se asome una tragedia más grave para agilizar la atención humanitaria. En La Mojana, un territorio fértil y pantanoso del norte de Colombia ubicado sobre las cuencas de varios grandes ríos, sus habitantes conviven desde hace un año con las inundaciones por la ruptura del dique que contenía las aguas del río Cauca, el segundo más caudaloso de Colombia. “Somos 130.000 damnificados y no hemos recibido suficiente asistencia. Cada vez la situación se pone más difícil”, lamenta Neiman Estrella, presidente de Codemojana, un comité cívico de la región. Los habitantes no han podido volver a cultivar porque las tierras están bajo el agua. Con la intensidad de las lluvias que se aproximan, temen peores consecuencias.

Hasta comienzos de septiembre, 131 municipios y 10 departamentos del país habían declarado calamidad pública tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias. Ese panorama llevó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava; y la directora del Ideam, Yolanda González, a encender las alertas y lanzar un llamado a autoridades en los territorios para estar “en la juega con las lluvias”. El presidente Petro pidió actualizar los mapas de riesgo y activar comités de crisis climática.

Hoyos Ceballos sugiere, precisamente, que el Estado cuenta con herramientas para prever y anticiparse por medios ordinarios a situaciones complejas como la temporada invernal. “Lo que el Gobierno sí tiene que hacer es decirnos de manera más clara cómo los recursos de la reforma tributaria [que se discute en el Congreso de la República] se van a invertir para responder a estas demandas sociales más apremiantes. Ahí le ha faltado al Gobierno mayor precisión”, señala el abogado.

“No conozco un estado de emergencia que se haya hecho de manera preventiva”, añade Gonzalo Ramírez Cleves, profesor de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. “Una de las dudas con las declaratorias de emergencias es que se aprovechen para expedir decretos que no tienen nada qué ver con la situación. Aunque eso lo evalúa posteriormente la Corte Constitucional, es un proceso que toma tiempo”, explica. La norma establece que el presidente y los ministros serán responsables por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga durante la emergencia.

“Esta ‘dictadura constitucional’ que implican los estados de excepción, recordando el título del clásico texto de Clinton Rossiter, es riesgosa y se presta a enormes abusos, como ocurrió con el estado de sitio durante la Constitución de 1886″, dice Uprimny. La Constitución de 1991 estableció requisitos estrictos y la Corte ha desarrollado una jurisprudencia robusta que ha evitado, según el investigador del centro de estudios Dejusticia, que el país pasara de vivir más del 80% del tiempo bajo estado de excepción durante la Carta Magna de 1886 a menos del 20% desde la aprobada a comienzos de los noventa. A su juicio, las leyes ordinarias pueden ser más lentas y engorrosas, pero permiten respuestas más estables y legítimas al asegurar consensos amplios con deliberaciones de las distintas fuerzas políticas.

“En este momento político también resultaría muy inquietante porque enviaría un mensaje equívoco sobre la vocación democrática del Gobierno, al estar dispuesto a activar un instrumento que es excepcional pero que también le otorga unas competencias muy poderosas”, puntualiza la abogada Magdalena Correa.

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