Colombia exporta la fórmula para despenalizar el aborto

La despenalización del aborto avanza en América Latina. Esta semana, más de 70 activistas de la región se reunieron en Bogotá para compartir y crear estrategias para seguir conquistando derechos. Movimientos feministas en países como Argentina, Colombia y México han despejado el camino para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo; sin embargo, la lucha continua para sus compañeras de países como El Salvador o República Dominicana, donde el aborto está penalizado con cárcel, o para las de Brasil, donde ya no sienten suficiente que el acceso al aborto sea legal en causales específicas. Los obstáculos para tener un aborto seguro y a tiempo siguen suponiendo un reto para la región.

Las líderes y activistas reunidas en Bogotá coinciden, después de dos días de compartir sus experiencias, que se van a sus países llenas de nuevas ideas y con mucha fuerza para seguir luchando. Una de las inspiraciones para continuar es el movimiento Causa Justa, que estuvo detrás de la demanda ante la Corte Constitucional por la que el pasado 21 de febrero el tribunal pronunció un fallo histórico, la sentencia C-055, que despenalizó el aborto hasta semana 24, convirtiendo a Colombia en un ejemplo y referente en la materia, por tener una de las regulaciones más progresistas en la región y el mundo.

A pesar de que en el papel las normas las protegen, en la práctica las mujeres se siguen tropezando con barreras que les impiden ejercer sus derechos. Es por eso que Ana Cristina González, feminista y activista del movimiento Causa Justa, afirma que ahora está en manos del Gobierno de Gustavo Petro marcar una hoja de ruta para que todos los centros de salud cumplan con la sentencia y practiquen abortos sin excusas ni preguntas.

“Confío en la promesa de campaña hecha por Francia [Márquez] y Petro. Entendemos que será un tema para los primeros 100 días del Gobierno”, asegura González, que reconoce que queda mucho camino por delante.

La sentencia colombiana ha marcado el camino para las mujeres de El Salvador, en cuyas cárceles se hacinan cientos de mujeres inocentes, acusadas de homicidio por haber un sufrido un accidente obstétrico o haber abortado. La activista Sara García, de 31 años, hace parte de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en el Salvador. Afirma que su país y Colombia comparten una historia de décadas de conflicto armado que, explica, han sido devastadoras para los derechos de las mujeres. “El cambio de paradigma que proponen las compañeras de Causa Justa es totalmente revolucionario”, afirma.

“Se puede cambiar la forma de tratar el aborto. Ahora vamos a hablar desde los derechos humanos, y creo que ese cambio de paradigma que sugieren las compañeras para sacarlo del Código Penal y dejar de tener una mirada de criminalización de la mujer conecta un montón con la realidad de El Salvador”, dice García.

Con García coincide la lideresa de República Dominicana, Sergia Galván (67 años), que lleva cuatro décadas luchando por los derechos de las mujeres. Galván representa a la Coalición por la Vida, una organización que pelea para que en el país caribeño se apruebe al menos una ley de despenalización condicional: actualmente, el aborto está completamente prohibido bajo cualquier circunstancia.

Para Galván, cuando un país avanza en una causa, ayuda a que avancen los otros países. Pero cuando uno retrocede también tiene un impacto. “Lo que ha pasado en Colombia tiene un impacto en República Dominicana porque nos da mayores herramientas de argumentación”, explica.

La activista quiere importar las estrategias de movilización que se utilizaron en Colombia, porque considera que parte del éxito fue generar diálogos con evidencias y herramientas de comunicación desde las calles.

Algo parecido piensa Morena Salvador Arqueta, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y parte de la Organización Centroamericana La Sombrilla.

Argueta fue guerrillera en El Salvador y dejó las armas para luchar por los derechos humanos de las mujeres, con las palabras y no con un arma debajo del brazo. “La salida del aborto en el Código Penal es una propuesta audaz porque pone sobre la mesa la discusión sobre lo que las mujeres somos en la sociedad. Nuestras libertades y derechos”, asegura Salvador.

En Brasil, aunque el aborto está aceptado en tres causales, el Gobierno de derechas de Jair Bolsonaro ha puesto trabas a las mujeres a la hora de ejercer su derecho. La abogada y activista Gabriela Rondón, de 31 años, es codirectora del Instituto de Bioética en Brasil y llegó a Colombia a aprender y compartir su experiencia con sus compañeras. A Rondón le emociona lo que pasó en Colombia porque en su país tienen un caso en la Corte Suprema desde 2017 en el que se pide la despenalización del aborto hasta la semana 12 y espera que el caso colombiano ejerza una influencia positiva.

“Discutir el aborto en términos de derechos fundamentales y por ende pedir que se saque del Código Penal es cambio de mirada revolucionario”, afirma Rondón.

Esos casos de República Dominicana, El Salvador o Brasil muestran lo novedoso de la experiencia colombiana. Lo clave, según González, fue promover acciones colectivas que ayudaron a fomentar una mirada crítica a algo que parecía ser normal: usar el derecho penal para regular un servicio de salud como el aborto. Eso recordando que tiene un costo alto para las mujeres que pierden la libertad y sus familias, y es poco eficaz pues el aborto como fenómeno no se reduce.

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