Los exjefes de las FARC reconocen su crimen de guerra: “¡Claro que el secuestro es tortura!”

El sargento Cesar Lasso agita unas cadenas y se las cuelga al cuello; el policía Olmes Duque se quiebra al contar que sufrió abuso sexual en cautiverio; el sargento Raimundo Malagón resopla al recordar las torturas que padeció. Enfrente de ellos, escucha el antiguo secretariado de las FARC, los hombres que ordenaron sus secuestros y los mantuvieron cautivos por diez, 13, por un sinfín de años.

No es el primer cara a cara para algunos, pero sí la primera vez que los miembros del secretariado reconocen, mirándolos a los ojos, que el secuestro fue un delito atroz, que lo ordenaron y que acabaron con la vida de miles de familias en Colombia. Que fue, además, el crimen que evidenció la degradación de esa guerrilla que entregó las armas en 2016. “En mi calidad de último comandante vengo a asumir uno de los más abominables crímenes que cometió nuestra organización, yendo en contravía de los valores que inspiraron nuestra causa”, dijo Rodrigo Londoño durante el primer día de la Audiencia de Reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Reconocer públicamente su responsabilidad era uno de los requisitos de la justicia transicional nacida de los acuerdos de paz. La JEP recogió las historias de 3.111 víctimas, escuchó a 260 mandos medios y rasos de las FARC e imputó a los miembros del secretariado por ordenar crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este martes se sentaron al banquillo a admitir y a escuchar.

Fue un día histórico que no solo reveló las verdades más crudas de la guerra sino también la nobleza de las víctimas. “A mí el perdón me ha sanado el corazón”, dijo Lasso, que estuvo secuestrado entre 1998 y 2012, mientras dejaba caer las cadenas contra la mesa. El sonido metálico era tan elocuente como sus palabras. Lasso se perdió ver crecer a sus hijos y disfrutar más a su esposa, que murió de covid el año pasado. Sufrió la que llamó una de las peores humillaciones: llevar cadenas al cuello durante ocho años.

¿Quiénes dieron las órdenes?

Londoño conocido como Timochenko, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Pastor Alape y Rodrigo Granda, los “comparecientes”, callaban. Cada tanto, Timochenko se ponía las manos en la barbilla, Granda tomaba notas, Joaquín Gómez actuaba como si estuviera en una charla y el resto, escuchaban. Unas horas antes habían intervenido para reconocer sus actos. “Reconocemos que esas cadenas del sometimiento y humillación generaron profundas heridas. Todos estos vejámenes no los estamos trayendo aquí para olvidarlos. Los estamos incorporando a parte de nuestra historia. Lo que ha sido el horror de la guerra”, dijo Alape.

Para las víctimas, algunas de las palabras de los exguerrilleros sonaban a mero formalismo, pero todas admitieron que nada de esto hubiera sido posible sin el proceso de paz. “El reconocimiento de ustedes ha sido vago. Ninguno ha dicho yo ordené. Queremos esas verdades”, apuntó Lasso. “¿Qué pasó con el cabo Peña y tantos que tienen sus hijos desaparecidos?”, dijo después de afirmar que el “acuerdo era injusto pero necesario para empezar a vivir en paz y felices”.

El secuestro en Colombia fue una política de las FARC que venía desde sus máximos comandantes y ocurrió de manera generalizada en casi todos los departamentos del país, según determinó la JEP, que halló tres patrones criminales. La magistrada Julieta Lemaitre explicó que el secuestro se dio para forzar un intercambio por guerrilleros presos o canje; para financiar su accionar y para hacer control territorial.

Los miembros del secretariado están imputados por toma de rehenes, homicidio, tortura y tratos crueles, violencia sexual, así como desaparición forzada y esclavitud, entre otros. No solo dieron las órdenes, sino que, en algunos casos, omitieron controlar los malos tratos de sus subalternos a los secuestrados. Si reconocen los hechos, pueden acceder a sanciones propias, pero si la Sala de Reconocimiento considera que no lo hacen, deben someterse a un juicio ordinario con penas de hasta de 20 años de cárcel. Solo un delito, el de esclavitud, ha causado una polémica jurídica. Pero según el magistrado Eduardo Cifuentes, este asunto será asumido por el Tribunal para la Paz que determinará si es la calificación jurídica correcta una vez dicte sentencia.

Los niños fusilados

Solo uno de los siete sentados en el banquillo había tenido contacto directo con los secuestrados. Milton de Jesús Toncel, más conocido como Joaquín Gómez, fue autor directo de secuestros. Como si fuera una anécdota más de su vida, relató que entre el público estaba uno de los primeros secuestrados de Colombia. Y en un acto que a algunas víctimas les indignó, le pidió a esa persona que se levantara. ‘Párate’, le dijo al oficial retirado de la policía Manuel Ceballos, quien tal vez por la sorpresa, o por su formación militar, se levantó. “El 10 de febrero de 1989, cuando tenía el grado de subteniente, fui atacado y secuestrado por él y por Iván Márquez. Estuve en cautiverio durante un mes”, relató a este diario, y añadió que se había sentido incómodo con el mensaje de Gómez.

También fue molesto para Ingrid Betancourt, presente en el auditorio, que ese mismo exguerrillero dijera que a ella la trató bien durante la primera parte del cautiverio. “Cada palabra es una daga en el corazón. En mi caso quiero deshacer una narrativa de la que he sido víctima desde hace 20 años”, replicó luego ella.

El día no fue fácil para nadie. Los civiles, quienes fueron los primeros en hablar en la audiencia, recriminaron los tratos crueles y el tiempo perdido en la selva. El excongresista Orlando Beltrán, secuestrado durante seis años, los llamó “asesinos y genocidas”; el también político Oscar Tulio Lizcano, que estuvo en cautiverio durante ocho años, les dijo que debían contarle al país qué pasó con los niños reclutados que fusilaron. “Quiero saber qué pasó con el cuerpo de un niño de 14 años que trató de huir y lo fusilaron. Con aquella niña de 14 años que dijo: fusíleme a mí porque no soy capaz de ver morir a mi hermano”, dijo Lizcano.

Sobre el cabo de la Policía José Norberto Pérez, quien no fue liberado, aunque su hijo tenía cáncer, los exguerrilleros dijeron que no encuentran una explicación acerca de por qué no se tomó la decisión de liberarlo. “Fue una deshumanización”, dijo Rodrigo Londoño. Y sobre el episodio de violencia sexual sufrido por una de las víctimas presentes, le dijo: “Vergonzante lo que pasó con usted. Trato de entender el esfuerzo que ha hecho para relatar su historia”.

“No siento rencor en mi corazón”

La crueldad de las historias no impidió que hablaran de perdón. Sigifredo López, el único sobreviviente de los 11 diputados asesinados en cautiverio, dijo que “esta es una manera viva de hacer justicia”. López fue doblemente víctima. Cuando la guerrilla disparó- se sabe ahora por una confusión- contra los diputados y Sigifredo se salvó, la Fiscalía y medios de comunicación pusieron la lupa sobre él y dijeron que estaba involucrado con las FARC. Una vez recuperó su libertad fue encarcelado como si fuera de la guerrilla. Logró demostrar su inocencia. “En el primer comunicado sobre este caso ustedes mintieron y se plasmó una sombra de duda sobre mí. Ustedes me dañaron la vida porque era preferible morir en la selva como víctima a tener la libertad de los villanos”. Durante la tarde, Pablo Catatumbo dejó claro que el diputado jamás fue de las FARC, sino que fue una víctima más.

También lo hizo el coronel Malagón, liberado durante la Operación Jaque. “Que estos hechos condenables desde todo punto de vista no se repitan más en la patria (…). No siento rencor en mi corazón. Sería vivir con ese karma toda la vida. Eso queda en la memoria de uno. Es tener resiliencia”, concluyó.

Este miércoles, los exjefes guerrilleros tendrán que seguir escuchando, esta vez a las víctimas de secuestro económico, y reconocer los hechos para acceder no solo a las sanciones de la justicia transicional sino al perdón que aún no les da Colombia.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.