Islandia, las Caimán del periodismo

Para el juez Ricardo Rodríguez, publicar en una web -que "no es un medio de comunicación social"- no merece protección constitucional. Y por eso, entre otras cosas, condenó a los periodistas de la Cadena SER Daniel Anido y Rodolfo Irago a 21 meses de cárcel. El delito: revelación de secretos vía Internet. ¿Podría haber firmado la misma pena en Reikiavik? Hoy seguro que sí, mañana será otro cantar. El Parlamento islandés, con el apoyo del actual Gobierno, ha dado luz verde a una propuesta legislativa para convertir el país en un refugio de la libre expresión. "La nueva Islandia tiene que garantizar que periodistas y público en general accedan a la información" explica en conversación telefónica la escritora y diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir, activista en la Red y promotora de la Iniciativa Islandesa para Medios Modernos (IMMI, en sus siglas en inglés) en la que WikiLeaks, contenedor online de filtraciones hoy en alza, ha colaborado desde que fuera tan solo una mera ocurrencia.

La idea empezó a revolotear en agosto de 2009 tras cortar una orden judicial la emisión en el canal de televisión RÙV de un documento que exponía los riesgos del banco Kaupthing, diana del escándalo económico islandés. El papel llegó a WikiLeaks y su contenido subió a la Red sin freno alguno -RÙV ayudó con picardía a difundir la dirección de la página web. Este bofetón al ejercicio del periodismo, la falta de información de los ciudadanos y el estallido de una crisis si cabe inesperada alimentaron la bola de nieve que en diciembre Julian Assange y Daniel Schmitt, padres de WikiLeaks, empujaron hasta la reunión de la Icelandic Digital Freedom Society, donde parlamentarios como Jónsdóttir -en el asiento desde abril de 2009-, escritores, periodistas y activistas vislumbraron la IMMI.

"Hay muchas leyes en el mundo que protegen cada una de las cosas que proponemos -explica Jónsdottir en un inciso entre pregunta y pregunta de otros medios internacionales-, pero no hay ninguna que lo haga todo a la vez". Y ahí es donde la iniciativa coge forma: toma lo mejor de la ley sueca para blindar la confidencialidad de las fuentes; se agarra a la belga para que las comunicaciones entre fuente y reportero sean inviolables; de la noruega y estonia aprovecha el deber de hacer públicos los documentos oficiales; en Estados Unidos se inspira para proteger y premiar las filtraciones, rechazar (Nueva York y Florida) demandas por difamación de países terceros como Reino Unido, además de garantizar (California) un acceso ecuánime ante denunciantes acaudalados; y de la legislación islandesa se queda con los límites a los cortapisas previos a una publicación.

Periodismo en la distancia

"La transparencia y el acceso a la información -defiende Jónsdóttir- hará más fácil que los islandeses vuelvan a confiar". Al grano: si un reportero o un medio tiene una información sensible que no puede difundir en su país, ¿tiene que mudarse a Islandia? "Es suficiente con alojar el material que tiene en un servidor [de Internet] islandés. No hace falta viajar a Islandia para publicarlo". "La futura ley -continúa esta polifacética islandesa de 43 años- creará el escenario necesario para el periodismo de investigación, las ONG de derechos humanos y todos los que arriesgan la vida para publicar sus historias como en Rusia y China". Hasta ahí la salvaguarda del contenido, no la del periodista. Sin duda, en esos países, y en Myanmar, Sri Lanka, Corea del Norte, Irán, etc., la integridad del mensajero se escapa de las manos. El Malaysia Today es un buen ejemplo de mudanzas obligadas. Hoy trabajan desde Singapur.

Daniel Schmitt, lugarteniente de Julian Assange en WikiLeaks -hoy en el punto de mira de Washington por la filtración de cientos de documentos militares- aclara también por teléfono otro de los puntos espinosos de la propuesta: la protección ante demandas de terceros países por difamación. "Si eres un periodista en Nueva York y alguien te demanda en Londres por lo que has publicado puedes recurrir porque tu libertad de expresión ha sido atacada -legado de la primera enmienda de la Constitución estadounidense". Arthur Bright, del equipo del centro de referencia Citizen Media Law Project, no comparte este optimismo: "Haga lo que haga Islandia, no se puede cambiar al monstruo de 200 kilos que es la ley internacional. Esto es, la publicación tiene lugar donde se descarga (download) no donde se sube (upload)".

Sea como fuere, la IMMI quiere aprovechar las facilidades de un país pequeño, con un dominio natural del inglés, acceso total a la Red, una tecnología de la información puntera y un coste energético bajo (gracias a los recursos hidroeléctricos y geotérmicos) para vivir, en palabras de Jónsdóttir, "no solo un cambio financiero, sino un cambio real" del país. La diputada calcula que a partir de septiembre la propuesta, en manos ya del Ministerio de Cultura, empezará a traducirse al lenguaje legal -afecta a 13 leyes estatales y cuatro departamentos ministeriales- para entrar en vigor en un año. Y llamar por fin la atención de los ciudadanos islandeses. "Hoy -dice entre risas Jónsdóttir- no hay mucho debate en las calles. He percibido más interés fuera. Pasan muchas cosas en Islandia y la gente está aún más preocupada por el escándalo financiero". Lo acabarán leyendo en la prensa.