La fiscalía anticorrupción considera desproporcionada la petición de las actas del Gobierno

La fiscalía anticorrupción se ha opuesto a la petición de la juez que investiga los ERE irregulares de reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2001, medida que considera "desproporcionada" y que afecta a documentos que según la ley son "materia reservada".

En un escrito entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la fiscalía anticorrupción sostiene que la petición de la juez "invade competencias que son propias de del Gobierno autonómico", por lo que la única alternativa aceptable sería pedir certifiaciones expedidas por el secretario del Consejo de Gobierno.

Por ello, la fiscalía anticorrupción pide que la juez "decline su jurisdicción" y no reclame las actas, que desde la semana pasada están guardadas cautelarmente en un armario acorazado del edificio de los juzgados sevillano.

Este escrito se une al que Anticorrupción entregó la semana pasada, en el que recurrió directamente ante la Audiencia de Sevilla la orden de la juez de depositar en el plazo de tres días copia compulsada de todos los acuerdos del Gobierno andaluz desde 2001 mientras se decidía sobre el conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo.

Ahora, la fiscalía explica que los acuerdos objeto de conflicto están integrados "dentro del conjunto calificado como materia clasificada por la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales".

Por tanto, "únicamente pueden hacerse públicos en la forma que determine la propia norma legal que los considere como tales, esto es cuando así lo acuerde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".

El fiscal cree que la juez debe declinar su jurisdicción y no reclamar las actas, que son documentos en su conjunto y han sido pedidas "sin establecer ninguna discriminación y abarcando tanto a las materias reservadas (los informes que queden incorporados a las actas) como incluso las secretas (deliberaciones y votaciones)".

Aunque en un auto posterior de 30 de marzo la juez Mercedes Alaya "matizó" su requerimiento en el sentido de que únicamente desea conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno y no las actas en su conjunto, "es evidente que éstas constituyen un todo inseparable en el que se podrán contener, no sólo los documentos reservados, sino también deliberaciones o votaciones que no sólo son ya materia reservada, sino secreta", según la fiscalía.

Si lo que precisa la investigación son de modo exclusivo los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, bastaría con certificaciones de los mismos expedidas por el Secretario del Consejo, "sin que sean necesarias las actas en su totalidad para colmar las exigencias de la investigación", sostiene el fiscal.

Además, califica de "desproporcionado" exigir la totalidad de las actas desde 2001 "sin hacer una selección de las mismas ni tampoco delimitar con criterios más precisos el ámbito de lo interesado".

Aunque una investigación penal responda al interés general, también debe ser protegida como reflejo del interés general "un órgano de relevancia constitucional como es el Gobierno de la Junta de Andalucía", sostiene la fiscalía.