Arenas acusa a la fiscalía de estar al servicio del Gobierno

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, criticó ayer la actuación de la fiscalía en el caso del presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos, después de que la Fiscalía Anticorrupción se haya opuesto a que la juez que lleva el caso, Mercedes Alaya, acceda a todas las actas del Gobierno autonómico. En un acto en Córdoba, aseguró que se han producido, en los últimos días, "nombramientos de fiscales vinculados a los ERE", algo que al PP le ha "extrañado mucho". Arenas no explicó a qué se refería.

Arenas acusó al fiscal de estar "al servicio" del Ejecutivo autónomo, en lugar de "estar al servicio de la investigación, de la legalidad y la transparencia". Según él, la oposición a que no se entreguen todas las actas "no hace un buen servicio al crédito de la Administración de Justicia".

Aunque sin referirse a las declaraciones de Arenas, el fiscal superior, Jesús García Calderón, señaló que este tipo de acusaciones son falsas. En un acto, dijo que "determinados grupos cuestionan de forma sistemática y generalizada al Ministerio Fiscal" y se presenta a los fiscales "como un grupo profesional ambivalente según el signo político imperante". García Calderón añadió: "Quienes se pronuncian en tales términos suelen hacerlo porque desconocen nuestro Estatuto Orgánico o porque, sencillamente, mienten y confunden la contrariedad procesal con la parcialidad". En otro momento, añadió que "esta crítica excede con mucho del compromiso con la verdad".

Por otro lado, la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, acusó ayer al PP de "mentir" por negar que sus cuentas electorales tengan "reparos" y ha asegurado que la Cámara de Cuentas detectó que no informaron en 2004 de una facturación de 520.491 euros hecha a una empresa de la trama Gürtel. A esta afirmación, contestó el secretario general del PP, Antonio Sanz, con un anuncio de querella.

Mientras, el secretario federal de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, instó a Arenas a preguntar a su vicesecretario general y diputado, Ricardo Tarnoa qué dedicó los "miles de euros que la red Gürtel le tenía anotados en su contabilidad B". El nombre de Tarno figura en la agenda de Pablo Crespo, implicado en la trama Gürtel, en una anotación realizada en septiembre de 2005 con la cifra "36.697 euros + IVA", dentro del epígrafe "temas pendientes".