Conjura universal contra Francisco Camps
Nueve de los 11 jueces que han visto el caso han hallado indicios suficientes para investigar e incluso sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat
En su cruzada particular para salvar la cabeza de Francisco Camps, el Partido Popular está dispuesto a poner bajo sospecha a jueces y fiscales de todo tipo y condición aireando la existencia de una supuesta conjura universal del mundo judicial contra el presidente valenciano para hundir su brillante carrera política. Para sostener su disparatada teoría, el PP junta muchas palabras pero no aporta ni una sola prueba. Y así lleva casi dos años.
En la investigación judicial del "cohecho continuado" en el que supuestamente incurrió entre 2005 y 2008 el presidente valenciano, como entiende la Fiscalía Anticorrupción, han participado al menos 11 jueces, muchos de ellos pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Una abrumadora mayoría de esos jueces, nueve frente a dos, vieron indicios suficientes para investigar e incluso sentar en el banquillo al político del PP por cohecho impropio.
Baltasar Garzón (Audiencia Nacional), Antonio Pedreira (Tribunal Superior de Justicia de Madrid), José Flors y Juan Montero (Tribunal Superior de Justicia de Valencia) y los magistrados del Supremo Juan Saavedra Ruiz, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero, vieron motivos suficientes para investigar y, en el caso del instructor, José Flors, sentar a Camps en el banquillo.
Pero al PP le da igual. Prefiere poner en cuestión la independencia judicial y la honestidad de fiscales y policías a defender con datos o hechos demostrables la inocencia de Camps.
El portavoz del PP, Esteban González Pons, citó el pasado domingo con escaso respeto al rigor que a Camps le habían regalado "cuatro corbatas". Lo hizo para quitar importancia a una trama corrupta que afectó al Gobierno valenciano donde el propio Pons fue consejero. Los regalos fueron algo más voluminosos, una decena de trajes, a razón de casi 1.000 euros la pieza, que Camps recibió durante casi tres años. Quien pagaba esos trajes era Álvaro Pérez, responsable de una empresa que, mientras tanto, recibía decenas de contratos a dedo por cientos de miles de euros de distintas consejerías del Gobierno de Francisco Camps.
El caso, tras dos años de investigación y decenas de pruebas, es tan claro como otros relacionados con la red Gürtel que han terminado con la vida política de cuatro alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid, tres diputados autonómicos y otros cargos menores del partido.
Pero con Francisco Camps y la corrupción en Valencia, el PP de Mariano Rajoy sigue haciendo una notable excepción.
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