Rabat muestra depósitos de cadáveres vacíos para desmentir al Polisario

El campamento de Agdaym Izik, cuyo desalojo por las fuerzas del orden marroquíes desencadenó una tragedia hace solo 13 días, es hoy un enorme pedregal en el que apenas queda rastro del desastre. Las excavadoras han planchado el terreno y varios camiones retiran los últimos restos que dejaron atrás los 20.000 saharauis que se concentraron allí para demandar mejoras sociales: bolsas de plástico, botellas de agua y desechos orgánicos sobrevolados por un ejército de moscas. La única pista de lo que sucedió es el enorme campamento de la gendarmería improvisado a medio kilómetro del lugar.

Agdaym Izik está a 16 kilómetros de El Aaiún. Una orden del gobernador de la región permite franquear los cuatro controles desplegados en ese corto tramo de la carretera que une la ciudad con Smara. El gobernador, y con él las autoridades del Ministerio del Interior de Marruecos, se esforzaron este domingo para que los enviados especiales de la prensa española pudieran acceder a ese lugar en el que ya no hay nada que ver.

También convocaron a los periodistas para dar su versión de los hechos que acabaron en una batalla campal en el campamento y en las calles de la capital del Sáhara Occidental. El gobernador, Mohamed Jelmouss, compareció en compañía del prefecto de policía de El Aaiún, Dkhissi Mohamed. Sentado en el salón principal de la residencia que hasta hace 35 años fue la vivienda de los gobernadores militares españoles, Jelmouss explicó que el asalto al campamento fue llevado a cabo por una fuerza de 3.000 antidisturbios (compuesta por gendarmes, fuerzas auxiliares y policías) que solo utilizaron porras, escudos, cañones de agua y gases lacrimógenos. "Ni esa mañana, en el campamento, ni por la tarde, en las calles de El Aaiún, las fuerzas del orden usaron armas de fuego", afirmó rotundamente. "Desde el principio tomamos la decisión de que no hubiera víctimas civiles. Sabíamos que entre los saharauis había delincuentes y que tenían cuchillos, pero pensamos que no harían frente a los agentes. Lo que nos encontramos fue una protesta organizada por el Frente Polisario y por Argelia".

El gobernador quería dejar claro que las informaciones difundidas por el Frente Polisario en el sentido de que había 36 cadáveres en las morgues de los hospitales de El Aaiún son falsas. Para ello, ordenó que los periodistas tuvieran acceso a los depósitos de los hospitales. El director regional de la salud, doctor Bouhmya Mohamed, dirigió la visita al hospital civil Mulay Hassan Ben el Mehdi. Allí, un funcionario abrió los ocho cajones oxidados; solo uno de ellos estaba ocupado. El cuerpo pertenecía a Babi Hamadi Buyema, el saharaui de nacionalidad española que falleció atropellado por un vehículo militar: a propósito, según el Polisario, y accidentalmente, según las autoridades marroquíes. El cadáver permanece en la morgue porque la familia se niega a enterrarlo hasta que se aclaren las circunstancias de la muerte.

El doctor Bouhmya aseguró que el 8 de noviembre, día de los disturbios, el hospital acogió a 53 heridos por pedradas y cuchilladas: 10 eran miembros de las fuerzas del orden y el resto, civiles.

En el hospital militar, los seis cajones del depósito de cadáveres estaban vacíos. Su director, el doctor Ismaeli Hassan, relató que el día de los disturbios recibió a 275 heridos, de los cuales 255 eran policías que habían sido atacados con piedras y cuchillos, y otros 20 eran civiles que presentaban contusiones.

Descrédito internacional

Con estas explicaciones, Marruecos intenta dar carpetazo a unos sucesos que han dañado gravemente, una vez más, su imagen internacional. El gobernador Jelmouss afirma incluso que, aunque las investigaciones siguen abiertas, ya han sido detenidos todos los responsables de los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Algo que casa mal con las noticias, comprobadas por este periódico, de que prosiguen los registros en domicilios particulares para hallar a más participantes en las revueltas.

Tampoco parece creíble su explicación para los casos documentados de torturas en comisaría a detenidos saharauis. "No todo el mundo dice la verdad", afirma con una sonrisa. "¿Cómo se sabe que esas personas no fueron torturadas por otros prisioneros? No hay torturas aquí. Hace mucho tiempo que nuestro país sigue el camino de la democracia y los derechos humanos". El hecho es que muchas de las torturas se perpetraron a menos de 50 metros del despacho del gobernador. Lo demuestran los hematomas en el cuerpo de Leila Lili, una activista que fue brutalmente golpeada los pasados días 9 y 10 en la comisaría vecina al edificio del Gobierno. "Me pegaron toda la noche", relata. "Me pegaban con barras, patadas, puñetazos. Me decían: di que el Sáhara es Marruecos, di viva el rey. Al final me obligaron a poner la huella dactilar en una declaración que ni siquiera pude leer", ha contado.