El juez investiga si Matas oculta dinero en el extranjero

Divinidad que dictaba "hágase", orquestador de farsas ilegales, explicaciones kafkianas, personaje que ha venido a burlarse de los simples mortales. La figura de Jaume Matas quedó hundida, desdibujada y en entredicho en un durísimo auto del juez José Castro. El instructor del caso Palma Arena le ordena abonar una fianza de tres millones de euros antes del próximo miércoles para evitar entrar en prisión. Castro ve imposible que con sus ingresos Matas lograra el "notorio" incremento patrimonial y tilda de "burdas estrategias" las operaciones para disfrazar la propiedad de sus pisos.

El ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente con el PP está acusado por una docena de delitos que pueden suponerle hasta 24 años de cárcel. El escándalo de corrupción por la supuesta malversación de 41 millones de euros, de los 110 millones que costó la obra del velódromo palmesano, y las fianzas impuestas baten marcas en España.

La nueva cúpula del PP balear incluye dos ex consejeros de Matas imputados

El juez y la fiscalía sospechan, además, de la existencia de un posible patrimonio oculto en el extranjero. El auto subraya que la investigación sigue abierta y que se está tratando de averiguar si Matas puede haber evadido "parte de los fondos obtenidos con la actividad delictiva, concretamente a Estados Unidos".

El cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP balear, también imputado por manejar las fianzas opacas de la familia y realizar pagos en dinero negro de la campaña del PP balear, no podrá salir de España y deberá personarse cada 15 días en un juzgado. Matas, sin pasaporte y también obligado a visitas cada dos semanas al juez, renunció ayer a su trabajo en la consultora PriceWaterhouseCoopers en Nueva York.

El ex presidente balear y su esposa, Maite Areal, están encausados por delitos ligados al origen e incremento de su fortuna. Matas, que fue también consejero de Hacienda de Baleares, asumió que manejó dinero B, ingresos no declarados (400.000 euros, dijo) para intentar justificar el ritmo de vida y las compras familiares en efectivo.

El PP balear se desmarca

Matas pidió su baja temporal del PP el lunes, antes de ser expulsado. El PP de Baleares afirmó ayer que comienza una nueva etapa y se desmarcó de la gestión de su ex líder. Pero la nueva ejecutiva presentada por el nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, incluye a cinco ex consejeros y hombres de confianza de Matas. Dos de ellos están imputados en casos de corrupción.

El presidente de Baleares. el socialista Francesc Antich, reclamó "humildad" al PP ante la gravedad de los hechos y el portavoz del PP, Miquel Ramis, aludió a la salida de la cárcel de Luis Roldán y al caso Filesa para descalificar al PSOE.

El caso Matas desentraña también los contratos publicitarios relacionados con el velódromo Palma Arena y el PP, así como los pagos indirectos y las subvenciones que entregó al redactor de sus discursos, Antonio Alemany. El juez cree también que José Luis Moreno dio a Matas un soborno de 250.000 euros para obtener contratos en la televisión autonómica IB3 y que el Gabinete de Estudios Jurídicos y Procesales del abogado Enrique Arnaldo pagó ilegalmente al ex presidente balear tras recibir su bufete contratos de asesoría desde el Gobierno del PP.

El juez ve el proceso administrativo de la acelerada obra de construcción del Palma Arena plagado de actas y firmas falsas, informes irreales del consorcio y la fundación gestora, sobreprecios y obras no ejecutadas. Decisiones con "fines no confesados pero entre los que se incluye el beneficio propio sin descartar el ajeno".

Matas eligió a dedo y fuera de la legalidad a los arquitectos y se concertó con los adjudicatarios para amparar costes disparados. El magistrado José Castro subraya dudas sobre el origen del patrimonio de Matas, amparado a nombre de su madre y de un testaferro en Madrid y describe con sarcasmo la defensa que hizo el ex presidente, con más preguntas que respuestas y en tono arrogante.

El caso penal que ha derrotado al ex líder del PP, que ganó ampliamente por tres veces las elecciones pero que sólo pudo formar Gobierno en 2003, nació de una denuncia de 2008 por los sobrecostes de las obras del velódromo Palma Arena y de posteriores comunicaciones anónimas sobre el enriquecimiento de Matas y sus pagos en dinero opaco que la Fiscalía de Baleares y el Fiscal General del Estado pretendieron dejar en vía muerta y archivar. El juez Castro y los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach han impulsado esta causa durante 20 meses.

"Bien puede darse por satisfecho", dice en su auto el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, quien se muestra favorable a una medida cautelar "más severa" (la prisión incondicional), en el caso de que la fiscalía y la acusación particular del Gobierno balear la hubieran solicitado.