El voluble rasero del PP

El ex presidente del Gobierno de Baleares y del PP de las islas, Jaume Matas, reconoció el pasado jueves ante un juez haber cometido irregularidades fiscales. Ni sospechas, ni imputaciones. Lo dijo él mismo. El lunes siguiente, el PP todavía no había tomado ningún tipo de medida disciplinaria contra Matas. Fue él mismo, de nuevo, el que pidió al partido una suspensión "temporal" como militante. Cualquier decisión del PP, ya llega tarde. El lunes, Mariano Rajoy le deseó "lo mejor" a Matas y se limitó a anunciar que acepta su solicitud. Ayer, se negó a comentar el asunto.

Es el último episodio del desconcertante, como mínimo, criterio del Partido Popular a la hora de atajar con contundencia sus casos de corrupción. El PP tiene unos estatutos internos que, aplicados al pie de la letra, servirían para expulsar del partido prácticamente a cualquiera que salga en los periódicos implicado en casos de corrupción. Pero la doble, triple o cuádruple vara de medir demostrada en los casos destapados en el último año revela que la disciplina se aplica tarde y a medias, la mayoría de las veces, o nunca, dependiendo del rango del implicado.

Bárcenas es el único imputado al que le pagan los gastos de defensa

Hoy día, si María Dolores de Cospedal puede decir en rueda de prensa que todos los imputados en la trama Gürtel están fuera del partido o relevados de sus cargos es gracias a Esperanza Aguirre, que empezó dando ejemplo al destituir a su consejero más querido, Alberto López Viejo, el 9 de febrero de 2009, tres días después de estallar el caso. Esa misma semana, mientras Mariano Rajoy denunciaba una conspiración contra el PP, Aguirre obligaba a dimitir a varios alcaldes. Después, con más dudas, vinieron los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Hasta que no fueron citados a declarar como imputados, a principios de mayo de 2009, el PP no suspendió la militancia de los tres diputados madrileños implicados en la red de comisiones del caso Gürtel. Formalmente, lo habían solicitado ellos dos meses antes. Cuando se le preguntaba a Cospedal por el asunto aseguraba que el Comité de Derechos y Garantías estudiaba "caso por caso" la petición.

Para entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana citaba a declarar como imputados al presidente de la Comunidad Valenciana, al ex vicepresidente, al secretario general del PP valenciano y a un ex alto cargo, todos vestidos con dinero de la trama corrupta. Camps y Costa mantuvieron sus cargos, y nadie exigió suspensiones de militancia, dejando en evidencia a la dirección del PP en la comparación con la situación en Madrid. Génova no hizo la más mínima sugerencia sobre asumir responsabilidades, y Camps actuó como si no pasara nada. El 3 de agosto, el Tribunal valenciano archivó la causa en un controvertido auto en el que reconocía como probados los regalos a los implicados, pero no los consideraba delito. El fiscal recurrió al Supremo.

Mención aparte merece el caso de Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano fue defenestrado cuando el caso Gürtel afectaba más a otros implicados. De los cuatro imputados por el Tribunal valenciano, Costa fue el único exculpado por unanimidad del tribunal, sin votos discrepantes. Es decir, que sería el más limpio formalmente de la rama valenciana del caso en cuanto a los regalos. Pero sus bochornosas conversaciones con los corruptos, incluidas en un informe policial sobre la financiación ilegal del PP valenciano, hicieron que la dirección nacional de su partido alimentara la presión sobre él. Finalmente, en octubre, el PP nacional obligó a Camps a destituir a Costa como secretario general del PP y como portavoz del grupo parlamentario. La rebelión indignada de Costa sirvió para suspenderlo además de militancia por un año.

Sobre todas estas diferencias de actuaciones frente a la corrupción, resplandece el caso del senador Luis Bárcenas. Renunció "temporalmente" a su cargo de tesorero dos semanas después de que el Supremo le citara como imputado. Mantiene su estatus intacto en el partido y nadie ha querido o podido siquiera sugerir mayores consecuencias. El tesorero del partido está imputado por cohecho y delito fiscal, algo que compromete seriamente la imagen de rectitud de los órganos vitales del PP. El partido le paga la defensa y en casi un año no ha logrado armar un discurso coherente que justifique este apoyo.

El pasado mes de diciembre, después de un año como poco complicado, el PP presentó un Código de Buenas Prácticas. Se centraba en comprometer a todos los cargos del partido en desterrar aquellas prácticas que estaban en el centro del caso Gürtel, como recibir regalos o contratar a dedo y de forma opaca a los proveedores. Es decir, que el partido proclama por escrito que es reprochable exactamente aquello que hizo Camps, según ha considerado probado un tribunal. A la vista de las consecuencias, se deduce que el Código no tiene efecto retroactivo.