Los inspectores revelan que hay 6.000 millones de fraude bloqueados en los tribunales

Los inspectores de Hacienda han revelado hoy que hay 6.000 millones de euros de deuda por fraude fiscal pendiente de cobro en los tribunales españoles, la mayoría, además sin garantía de que acaben en las arcas del Estado. Según ha explicado el secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, la mayor parte de esta deuda no está asegurada con embargos previos, con lo que no es seguro que se cobren aunque reciban el visto bueno de los tribunales.

De la Torre ha explicado en el XX Congreso de los inspectores celebrado hoy en Tarragona que el origen de esta situación está en que el sistema penal no puede absorber todos los delitos fiscales que les remite la Agencia Tributaria, lo que hace que esta cantidad crezca año a año. A estos 6.000 millones, ha añadido, se llega extrapolando los datos oficiales, que solo llegan hasta octubre de 2006, cuando había unos 4.700 millones pendientes de cobro en concepto de cuotas e intereses impagados.

La cifra por fraude fiscal bloqueada en los tribunales, a la que habría que añadir las posibles sanciones, no es nada desdeñable, ya que, a modo de ejemplo, equivale al recorte inicial en las infraestructuras que el Gobierno aprobó para reducir el déficit. Incluso supera el ahorro por recortar los sueldos de los empleados públicos y la congelación de las pensiones, ha destacado el secretario. La razón de que no se puedan cobrar, según ha recordado De la Torre es que, hasta ahora, la ley solo permitiría proceder al embargo con una sentencia firme. Este hecho ha instaurado la tendencia por parte de los evasores de recurrir al máximo, incluso apelando al Tribunal Constitucional si fuese preciso, las decisiones judiciales en su contra, lo que agrava el atasco de procesos.

Por este motivo, han añadido, los procesos pueden llegar a prorrogarse hasta los 10 años, con lo que los infractores cuentan con tiempo de sobra para liquidar los bienes con los que deberían hacer frente a la deuda acumulada con Hacienda. Esta situación se va a modificar con la entrada en vigor de la nueva ley el 23 diciembre y puede cambiar el estatus de los miles de millones que actualmente se acumulan en los tribunales a la espera de sentencia firme y que, han insistido, será difícil que acaben en la caja del Estado.

En relación a las cuentas en la filial de Suiza del HSBC de contribuyentes españoles, los inspectores han defendido que la sucesión de hechos del caso demuestra que solo la inspección ha tenido resultados positivos. "Solo cuando se vieron perseguidos se animaron a regularizar su situación con Hacienda", ha asegurado. Además, en su opinión, aunque se hayan puesto al día con la Agencia, se mantiene la posibilidad de sanción porque ya había actuado la inspección y entienden que pagar a Hacienda es una respuesta a la misma.