Trichet lamenta que las sanciones por déficit no sean automáticas
El presidente del BCE la propuesta que debe ser ahora ratificada por los países de la UE
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, está preocupado porque la reforma de las reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea (UE) no incluye sanciones automáticas para los países con un déficit presupuestario excesio. Un portavoz del BCE ha dicho hoy que el presidente del BCE, caracterizado por su defensa de la ortodoxia financiera, "no suscribe todos los elementos del informe (Van-Rompuy)" ya que "hay una falta de automatismo en la propuesta".
La UE acordó el pasado lunes una reforma de la disciplina fiscal, que incluirá un endurecimiento de las sanciones a los países infractores, pero que es menos ambiciosa de lo deseado por el Ejecutivo comunitario y Alemania. A esta nueva formulación se llegó tras un pacto entre la propia Alemania y Francia para satisfacer a ambos países. Pero también para contentar a Italia o España, que se mostraron a favor de que las decisiones deberían adoptarse siempre en un órgano político, como es el Consejo representado por los Estados, y no dejarlas en manos de los técnicos de la Comisión. Otra razón que les movió a ello fue la de dar una segunda oportunidad a los países para que corrijan el tiro antes de sancionarlos.
El informe final del grupo de trabajo encargado de impulsar la disciplina fiscal, liderado por el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, deberá ser refrendado por los líderes europeos en la cumbre que se celebrará en Bruselas los días 28 y 29 de octubre.
La propuesta que impulsaban Alemania y la Comisión es que las sanciones promovidas por la Comisión serían tan automáticas que sólo podrían ser paralizadas por el voto en contra de la mayoría cualificada del Consejo en el plazo de 10 días. Ahora, el automatismo es sobre todo retórico: "Las sanciones deberán ser más automáticas, respetando el papel de las distintas instituciones y según el equilibrio institucional", según el informe.
También se ha diluido mucho la pretensión de incluir la deuda pública como referente susceptible de sanción debido a la preocupación que había generado su espectacular crecimiento (1,5 billones en los dos últimos años). Igualmente se elimina la posibilidad de sanción a los países que sufran fuertes desequilibrios macroeconómicos reflejados en la balanza por cuenta corriente y en la pérdida de competitividad. Ahora, se propone que los Estados que tengan un desequilibro persistente deban ser analizados por el Consejo.
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