Funcas considera que los españoles demandan más flexibilidad laboral

Semana importante para el futuro de las relaciones laborales. Hoy se reúne la ponencia de la Comisión parlamentaria de Trabajo y el jueves se votan las enmiendas presentadas por los grupos políticos al proyecto de ley propuesto por el Gobierno. Mañana, sindicatos y patronal retoman los contactos para iniciar la reforma de la negociación colectiva. Entretanto, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) publica un informe en el que se afirma que los españoles demandan una mayor flexibilidad en el mercado laboral. No parece que sea, al menos, lo que opina una parte importante de la sociedad.

Dicho informe utiliza datos del Eurobarómetro de mayo y junio de 2009 para asegurar que "un 61,2% de la población española en edad de trabajar estaría de acuerdo con la afirmación: 'Los contratos laborales deberían ser más flexibles para estimular la creación de empleo". Sin embargo, matiza que existen grandes brechas entre la población en torno a este tema. Considera que jóvenes, desempleados y autónomos están muy a favor de la flexibilización, mientras que adultos y asalariados prefieren mantener la regulación actual. Y achaca estas diferencias a que "España ostenta la mayor dualidad entre trabajadores fijos e indefinidos de los países más desarrollados de la UE, generando un conflicto de intereses considerable entre colectivos protegidos y no protegidos".

También pone de manifiesto que el país europeo que se percibe a sí mismo con mayor nivel de seguridad laboral es Dinamarca, "país referente en relación con el enfoque de la flexiguridad". Este concepto hace referencia a una legislación de escasa protección al empleo y elevadas prestaciones por desempleo, además de amplias políticas activas para el fomento de la contratación. España avanzaría en cierta medida por esa senda si salen adelante las principales propuestas del proyecto de ley de la reforma laboral. Sobre todo, la que permite una ampliación de los supuestos en los que las empresas pueden efectuar despidos objetivos, pasando de una indemnización de 45 días por año trabajado a una de 20, unida a la creación de un fondo para sufragar esas indemnizaciones que se nutra con aportaciones de las empresas.

La concreción de esas condiciones para el despido objetivo, muy vagamente definidas, es una de las enmiendas que tienen más visos de prosperar en el debate parlamentario. Es también, probablemente, una de las pocas del PP -de 71 presentadas- que lleguen a buen puerto. El Gobierno tratará de llegar a acuerdos con el PNV, ERC y, sobre todo, con CIU, la agrupación que se ha mostrado más proclive al pacto en materia laboral. Otras enmiendas con altas posibilidades de salir adelante son el aumento de bonificaciones para jóvenes y discapacitados, la reducción de exigencias para aplicar el contrato de fomento del empleo (con indemnización de 33 días) o las orientadas a luchar contra el absentismo laboral.

Negociación colectiva

Por un lado está la batalla que se libra en el Parlamento; por otro, la de los agentes sociales. El ministerio de Economía ha presentado su último informe sobre "Evolución reciente de los Indicadores Económicos", en el que se pone de manifiesto que el incremento de los salarios pactado en junio ascendió un 1,3%. En febrero, sindicatos y patronal acordaron límites a las subidas de hasta un 1% para este año, de entre el 1% y el 2% para el que viene, y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012. Por ello, desde Economía se asegura que la moderación salarial no se está adaptando a la situación laboral al ritmo adecuado.

Rita Moreno, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, opina que la moderación salarial "es un hecho", y que los retrasos en la revisión de los convenios se deben a las resistencias que está ejerciendo la patronal. En el acuerdo se incluyó además una cláusula para la salvaguarda del poder adquisitivo de los asalariados durante estos tres años. Moreno considera que el IPC real de 2010 se aproximará más al 2% que al 1% previsto -sobre el que se negocian la mayoría de los convenios- , y que, por ello, la CEOE tendrá que revisarlos "o volver a incumplirlos".

Los agentes sociales también se comprometieron en febrero, mediante un preacuerdo, a reformar el modelo vigente de negociación colectiva en un plazo de seis meses. Eso supondría alcanzar un pacto en agosto pero, en línea con lo que viene siendo habitual, este se demorará más allá de lo estipulado. Mañana a las diez de la mañana habrá una toma de contacto, pero todavía ni siquiera se ha establecido un guión con los temas a negociar. Moreno asegura que la patronal no ha dado respuesta al borrador que presentaron los sindicatos en mayo, y augura una apertura de la mesa negociadora en septiembre. En el preacuerdo se hablaba de salarios, de organización interna del trabajo o de la simplificación de la negociación colectiva, entre otras cuestiones. Pero, de momento, la CEOE no ha expresado cuál será su postura. Su portavoz oficial, Francisco Ochoa, ha declinado hacer declaraciones hasta después de la reunión, tras la que probablemente se emita un comunicado.

La negociación colectiva es hoy por hoy la única materia que patronal y sindicatos pueden abordar en el marco del diálogo social, tras la ruptura que ambos agentes protagonizaron en junio con respecto a la reforma laboral, y que motivó la aprobación de la misma por parte del Gobierno a través de un decreto ley que ya se está aplicando provisionalmente. Medidas impopulares para unos, necesarias para otros; pero España no tardará en regirse por una legislación muy distinta.