Economía rectifica y acepta las oposiciones a docente de Andalucía

Al final se ha encontrado una rendija por la que colar la solución para el enfrentamiento que se había abierto entre el Ministerio de Economía, por un lado, y el Gobierno andaluz y el Ministerio de Política Territorial, por otro, por las oposiciones docentes de este año. Y, casi, en el último minuto. El departamento de Elena Salgado no recurrirá las oposiciones andaluzas, que hasta ayer Economía entendía que incumplían las restricciones impuestas en la Ley de Presupuestos del Estado. En ella se establece que este año solo podrá cubrirse el 10% de las jubilaciones de funcionarios, el 30% en el caso de los docentes. La convocatoria andaluza, de 3.796 plazas, supone el 43% de la oferta de toda España en un año de restricciones en el que cinco comunidades han renunciado a celebrar exámenes.

El Gobierno regional aduce que 2.200 plazas son de consolidación

El ministerio de Elena Salgado dice ahora que así sí "cumple con la ley"

La Abogacía del Estado tenía ayer por la mañana redactado el recurso contra las oposiciones andaluzas y solo faltaba presentarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Pero Economía reculó y aceptó las nuevas explicaciones que le dio Andalucía, distintas de las utilizadas hasta ahora: de las 3.796 plazas de maestros de infantil y primaria que ha convocado, 2.200 corresponden a la consolidación de empleo ocupado hasta ahora por interinos; el resto, 1.596, sí se ajustan a la limitación del 30%.

Tras un proceso marcado por la descoordinación tanto del Gobierno y las comunidades como entre ministerios, la cuestión ahora es qué pasará con el resto de oposiciones que están todavía en vilo y que suman otras 2.594 plazas de profesores de las alrededor de 8.700 que se ofrecerán este año en toda España. Economía ha recurrido ya ante los tribunales las convocatorias de tres autonomías (Cataluña, Navarra y Castilla y León) y tenía previsto hacer lo mismo en Extremadura, Aragón y Baleares. Según Economía, la única comunidad que había ofrecido explicaciones hasta ayer era Andalucía. Un portavoz de Educación de Castilla y León dijo que a ellos nadie se las pidió antes de que se presentara el recurso. En cualquier caso, lo previsible es que se puedan acoger a la fórmula empleada por Andalucía y se desbloquee este asunto.

La Junta explicó que el Estatuto Básico del Empleado Público (de 2007) prevé la posibilidad de esa oferta de consolidación "de empleo a puestos o plazas de carácter estructural (...) que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005". Economía admitió ayer esta explicación: "Cumple con la ley", dijo una portavoz. El Gobierno andaluz hasta ayer había dicho que ofrecería todas las plazas que le hicieran falta a costa de no convocar o reducir al mínimo las oposiciones para el resto de funcionarios, con lo cual cumplirían con la restricción global.

Ahora, la comunidad tendrá que modificar el decreto por el que se convocaron los exámenes para dejar claro qué plazas corresponden a consolidación de puestos ya ocupados ahora por interinos y cuáles a la oferta de empleo público pura y dura. La ley de presupuestos deja fuera de las limitaciones a la hora de reponer a los funcionarios "las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público".

El Departamento de Educación catalán reaccionó al acuerdo entre Economía y la Junta con pragmatismo. "Mantendremos los contactos y la negociación con el Gobierno central", apuntó a última hora de la tarde el departamento que dirige Irene Rigau (CiU). La consejera, que la pasada semana cargó contra el Gobierno central por considerar una "agresión clarísima" el recurso contra sus oposiciones, optó ayer por la moderación para allanar el camino a un acuerdo similar al logrado por Andalucía y añadió que tiene previsto entrevistarse con el Ministerio de Política Territorial los próximos días para buscar una salida. Aunque la molestia en el seno del Gobierno catalán parece evidente. "Sería sorprendente" que el Ejecutivo no actuara como con Andalucía, señaló por la mañana el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. "Hay un cierto desconcierto dentro del Gobierno español", añadió.

De hecho, las oposiciones de 2011 han estado envueltas en el descontrol. Por un lado, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que interpretaron de forma dispar las restricciones de los presupuestos. Pero también ha habido descontrol en el seno del Gobierno central. Andalucía y Cataluña aseguraron que sus convocatorias tenían el visto bueno de Política Territorial. Además, varias autonomías se quejan de que habían presentado sus cifras al Ministerio de Educación y que este no puso ninguna pega. A pesar de todo lo anterior, Economía interpuso los recursos judiciales.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dijo ayer que espera "encontrar una salida en todos los procesos que se pudieran abrir", pero insistió en que el número de plazas debe ajustarse "estrictamente" a la legalidad, informó Efe.

Con información de Manuel J. Albert y Ferran Balsells.