Déficit para todos

La agria polémica entre las comunidades y el Gobierno central por el impago de los fondos de convergencia, que suman 3.773 millones de euros, ha acabado desatando una guerra entre Gobiernos que amenaza con dirimirse en los tribunales. La cantidad contribuirá a la tarea del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de reducir el déficit de la Administración central hasta el 2,5%, pero dificulta a las comunidades alcanzar su objetivo del 1,3%. Cataluña, que debía absorber 4.900 millones, ya ha anunciado que lo incumplirá. Ejecutivos autónomos, partidos de la oposición y varios académicos han acusado al Gobierno central de "centrifugar el déficit" hacia las comunidades con esta y otras decisiones.

Cataluña rebajaría su déficit en 0,7 puntos más con el fondo de competitividad

"Hay más ruido que contenido", afirma el profesor Javier Loscos

López-Casasnovas critica que no se publiquen los planes de reequilibrio

Todos los números que manejan los Gobiernos son meras estimaciones. El complejo modelo de financiación autonómica pactado entre el exministro Pedro Solbes y el exconsejero Antoni Castells todavía carece de cifras oficiales, que no se conocerán hasta que se liquiden los presupuestos de 2009 -el primer año de funcionamiento del modelo-, previsiblemente el mes que viene. Sin embargo, la financiación de las comunidades funciona con anticipos. El Gobierno estima cuál va a ser la recaudación de impuestos y adelanta dinero a los Gobiernos autonómicos de acuerdo con ese cálculo. Pero este año ha decidido dejar fuera de esos avances los fondos de convergencia (cooperación y competitividad), que no abonará hasta 2013.

La decisión del Ejecutivo central, opinan los expertos consultados, puede ser legal, pero no "leal". Cataluña estima que debería recibir un anticipo de 1.350 millones por ese fondo. Eso le permitiría reducir su déficit en 0,7 puntos, lo cual situaría a la comunidad prácticamente dentro de los objetivos de déficit acordados. Para el Gobierno, no abonar esa cantidad le permite contribuir a rebajar su déficit en 0,4 de los 2,5 puntos que se ha fijado para este año.

El abono de los fondos, que se abordó al final del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de abril, volverá a saltar la semana que viene. El Congreso de los Diputados votará el martes una moción de CiU que reclama el pago de los 1.350 millones a Cataluña. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, instó ayer a todos los partidos catalanes a "dejar de lado los intereses propios de la campaña electoral" para sacar adelante la moción.

La profesora titular de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB) Maite Vilalta considera que la decisión del Gobierno central "pone de manifiesto una falta de lealtad al incumplir un pacto". "Ante los ciudadanos parece que quienes están causando el déficit son las comunidades autónomas", lamenta. También la catedrática de Hacienda Pública de la UB Núria Bosch opina que la decisión permitirá reducir déficit al Gobierno central a costa de las comunidades.

El impago del fondo ha sido, no obstante, la puntilla. La Generalitat considera que el Gobierno incumple con el principio de "lealtad institucional" al tomar decisiones que afectan a las comunidades y que no se compensarán hasta el final del quinquenio.Entre las decisiones que el Gobierno de Artur Mas considera "desleales", fuentes de la Generalitat ponen como ejemplo la decisión de eximir pagar el impuesto de operaciones societarias en algunos casos, lo cual mermará los ingresos de Cataluña en 90 millones de euros. O que la aplicación de la Ley de la Dependencia implica una aportación equivalente a la del Estado de recursos propios de las comunidades. Además, recuerda que la Generalitat no podrá beneficiarse de algunas medidas adoptadas por Zapatero para aumentar los ingresos, como la subida del IVA de los impuestos sobre el tabaco, a pesar de contar con el 50% y 58% del rendimiento de estos dos tributos (véase gráfico).

Los mercados internacionales, desde las agencias de calificación hasta medios extranjeros, han señalado a las comunidades autónomas -y en concreto, a Cataluña- como la piedra en el zapato de España para reducir déficit. Pero lejos de ser pequeñas Grecias, los académicos recuerdan que rebajas presupuestarias drásticas en las comunidades significan recortes en el Estado de bienestar, puesto que entre el 75% y el 80% de su gasto corresponde a sanidad, educación y servicios sociales. Y debido al aumento y al envejecimiento de la población, las necesidades en estos ámbitos no hacen sino aumentar cada año.

A grandes rasgos, el 51% del gasto público español está en manos del Gobierno central, el 36% lo tienen las comunidades y el 13% las corporaciones locales. La profesora Maite Vilalta recuerda que el 57% de ese gasto corresponde a la Seguridad Social, mientras que el resto se reparte entre los ministerios del Ejecutivo. Vilalta agrega que el Estado autonómico se basa en un reparto de tareas, por lo que la reducción del déficit debe de plantearse desde una visión del conjunto. "Los recortes deberían realizarse en el nivel de Gobierno en el que mejor puedan ser explicados", apunta. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López-Casasnovas considera que el Gobierno central debería haber dotado mejor el fondo que garantiza la financiación de los servicios básicos del Estado de bienestar, que están en manos de las comunidades, en lugar de "centrifugar responsabilidades financieras".

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Javier Loscos rechaza que el Gobierno central esté "centrifugando déficit". "Tengo la sensación de que hay más ruido que contenido", afirma en referencia a las elecciones del 22-M. Loscos recuerda que las comunidades deben más de 5.500 millones de euros al Gobierno central por el dinero de más que les anticipó en 2008. Cuando el Gobierno calculó los ingresos de ese año, no contaba con que se hundirían los de las comunidades por la crisis. Es decir, avanzó más dinero del que lograron las comunidades, lo cual se constató tras la liquidación el año pasado. "El Gobierno les ha dado facilidades de pago para no provocar tensiones", recuerda Loscos, que opina que las comunidades deberían buscar fórmulas alternativas a los recortes en el Estado de bienestar.

Sin embargo, estos anticipos también crean tensiones entre el Gobierno central y las comunidades. La Generalitat recuerda que los anticipos del Gobierno equivalen al 98% de las previsiones iniciales, de modo que el 2% restante se liquida a los dos años. Ese porcentaje se cifra en conjunto de las comunidades en 1.600 millones, aunque si los ingresos finales son inferiores a los previstos, les tocará devolver dinero.

Guillem López-Casasnovas explica que el "modo en que se imputa el objetivo de déficit entre comunidades autónomas añade dudas sobre el rigor exigible a su cumplimiento". López-Casasnovas asegura que 2 de los 3,3 puntos de reducción de déficit que se exigen a las autonomías "responden al exceso agregado de anticipos otorgados en su momento a las comunidades respecto de lo que acabó siendo la liquidación real de los impuestos participados", que resultó siendo inferior en una cantidad equivalente a esos dos puntos. "Sin embargo, el Estado no da a conocer los desvíos de cada comunidad aplicando una media que de momento penaliza igual a unos y otros", añade.

López-Casasnovas critica, además, la "falta de transparencia" del Gobierno al no publicar los planes de reequilibrio que han presentado las comunidades. Solo Cataluña y Castilla-La Mancha, de hecho, han explicado los suyos. Según López-Casasnovas, eso perjudica al "modelo federal" que pretendía imprimir el modelo de financiación autonómica. Vilalta cree que el modelo requiere de foros de cooperación horizontales, que servirían para acordar medidas de ahorro y que hubieran podido evitar la carrera por rebajar el impuesto de sucesiones.