El Gobierno guarda silencio sobre sus deseos ante el fallo del Constitucional

Pocas veces el Gobierno se ha visto atrapado entre dos fuegos tan antagónicos como los que ha generado el debate sobre la legalización o no de la coalición Bildu. Por un lado, se ha visto presionado por el PP para que impugnara ante el Supremo para impedir la presencia de la coalición el 22-M, cosa que hizo. De otro lado le presiona el PNV, su socio parlamentario preferente. Este partido que, al contrario del PP, se ha mantenido en un plano discreto en el proceso de debate del Supremo, a la vista de la decisión de este tribunal de impedir la presencia de Bildu en las elecciones, ha decidido dejar en suspenso su apoyo al Ejecutivo en el Congreso.

La decisión ha sorprendido al Gobierno, que conocía el rechazo del PNV a la decisión del Supremo, al habérselo comunicado la noche anterior su presidente, Iñigo Urkullu al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, quien asegura que el líder del PNV no le notificó que iba a suspender su apoyo.

El anuncio de ruptura del PNV sorprendió al Ejecutivo

Una división de posiciones tan aguda es resultado del dispar clima de opinión existente en el País Vasco, mayoritariamente a favor de que Bildu se pueda presentar, respecto al conjunto de España, dónde prima con creces la idea de que dicha coalición no debe ser reconocida legalmente.

El Gobierno ha tratado de situarse en una posición intermedia, aunque ha recurrido contra Bildu ante el Tribunal Supremo con el argumento de que los mismos tribunales que ilegalizaron Batasuna en su día decidan ahora sobre el futuro de la izquierda abertzale. A la vez, el Ejecutivo precisó que acataría la decisión que adoptaran los tribunales. Ayer, la del Tribunal Supremo, y el jueves, la que tome el Constitucional, ya que Bildu ha anunciado que recurrirá la sentencia ante ese órgano.

Rubalcaba, que pidió ayer a unos y otros respeto a las decisiones judiciales, insistió en esta posición: "Dejemos trabajar al Tribunal Constitucional hacer su trabajo con Bildu, El Gobierno respetará y acatará lo que decida, igual que ha hecho con el Tribunal Supremo. No valen las presiones sobre los jueces, ni las más burdas ni las más sutiles, que las hay".

El vicepresidente trató ayer de hacerse fuerte en esta posición y eludió premeditadamente los comentarios políticos sobre la decisión del Tribunal Supremo. Por muchas razones. Algunas evidentes y otras más a medio plazo: por ejemplo, para adquirir fuerza legitimadora si el Tribunal Constitucional revoca la decisión del Supremo, algo que distintas fuentes del Ejecutivo ni descartan ni rechazan.

Todo apunta a que de poco va a valer al Gobierno su posición de respeto a las decisiones judiciales, a la vista del nivel de enfrentamiento político que ha adquirido el debate sobre el futuro de Bildu. Si el Tribunal Constitucional revocase la decisión del Supremo, el PP acusaría al Gobierno de no haber influido suficientemente para que el Constitucional ilegalizase Bildu.

En caso contrario, si el Tribunal Constitucional confirmara la decisión del Supremo, el PNV reafirmaría su ruptura con el Gobierno. El PNV está convencido de que el Gobierno ha cedido a las presiones del PP y considera que no ha sido neutral. La prueba para el PNV es que ha aceptado la argumentación del Supremo para ilegalizar Bildu. Y se remite a las mismas declaraciones de Rubalcaba de ayer en las que avaló la decisión del Supremo de ilegalizar Bildu porque no ha roto de forma fehaciente con ETA.