Las 13 "tonterías" de Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, reconoció ayer que en las listas electorales de su partido en la región hay imputados. Sin embargo, la presidenta le restó importancia. "En mis listas hay gente que está imputada pero por tonterías, no por acusaciones", señaló en una entrevista en Antena 3.

"No presumí de no tener imputados", quiso puntualizar Aguirre en la misma entrevista. Pero el pasado 15 de abril, el mismo día en que Aguirre pedía disculpas a los ciudadanos por la vinculación del PP con el Gürtel en algunos municipios, alardeó de su rapidez en apartar a los responsables. "El PP no se ha andado con componendas", recalcó. "Eso nos distingue del Partido Socialista, que tiene dirigentes condenados e imputados".

Un concejal de Boadilla remitió una carta alertando de las irregularidades

La presidenta trata en los días previos a la campaña de sacudir el efecto negativo del caso Gürtel en Madrid recordando su determinación para echar a los corruptos. Pero la dirigente popular solo actúa cuando el asunto llega a los medios. En 2005 tuvo conocimiento a través de una publicación de la revista Interviú de los vínculos de su viceconsejero, Alberto López Viejo, en los negocios de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que la presidenta se limitó a preguntar al exdiputado popular sobre los negocios y este le aseguró que no había nada irregular. López Viejo repitió en la lista popular y fue designado consejero de Deportes hasta que estalló el Gürtel. El sumario del caso ha revelado que López Viejo cambió el nombre de las empresas a las que les adjudicaba contratos de forma irregular a raíz de aquello. Aguirre también fue informada sobre supuestas irregularidades en Boadilla, epicentro de la trama. Un concejal independiente del municipio remitió una carta advirtiendo de operaciones irregulares; varios funcionarios de Boadilla también remitieron otra misivia alertando de actuaciones irregulares en el Ayuntamiento. Pero Aguirre hizo oídos sordos y confirmó en 2007 a Arturo González Panero como alcalde. Ahora la presidenta incluye a 13 imputados en sus listas. Son los siguientes:

1. Íñigo Henríquez de Luna. Imputado por el caso Bécara, una ramificación del Guateque, el caso de concesión irregular de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna es concejal en Madrid y ocupa un puesto destacado en la lista de Aguirre a la Asamblea regional. El juez del caso Guateque lo imputó tras recibir una denuncia de los propietarios de uno de los pisos del edificio donde el concejal autorizó la instalación de una tienda de decoración Bécara. El concejal del PP alegó que se trataba de una venganza de la familia por haberles cerrado un despacho profesional.

2. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas (110.080 habitantes). Imputado por un delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a los funcionarios. El juez que instruye el caso observó indicios de delito tras una denuncia presentada por el PSOE, que alertaba de una operación de la Empresa Municipal de Vivienda de Alcobendas, por la que recompró dos fincas valoradas en 12 millones de euros por el doble de su valor.

3 y 4. Juan Ignacio Fernández Rubio, candidato del PP en Las Rozas (88.000 habitantes) y viceconsejero de Empleo de Madrid. Hasta hace un par de años fue alcalde de Guadarrama (15.000 vecinos), donde fue imputado por haber convertido un antiguo molino de piedra situado en terreno protegido en un restaurante de lujo, en el que tenía intereses. Por el mismo asunto también está imputado Miguel Rodríguez Bonilla, que repite en las listas del Ayuntamiento de Guadarrama. Era la mano derecha de Fernández Rubio cuando autorizaron el restaurante, donde también tenía intereses.

5. Raúl Pérez Vaquero. Candidato del PP en Coslada (91.218 habitantes). Imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, ha evitado la cárcel tras pagar una fianza de 22.000 euros. Está procesado por no ejecutar una sentencia contra el jefe de policía de Coslada, Ginés Jiménez, que protagonizó el caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.

6 y 7. Miriam Rabaneda. La candidata del PP y exalcaldesa de Pinto (42.445 habitantes) está imputada por un delito de prevaricación. Durante el breve periodo en el que estuvo al frente del Ayuntamiento -entre las elecciones de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008, cuando se produjo una moción de censura-, ella y su hermana Tamara Rabaneda, exconcejal de Hacienda, que también está en la lista, autorizaron varios pagos que luego fueron reprobados por dudosa legalidad por los técnicos municipales.

8. Luis Partida. El alcalde de Villanueva de la Cañada (17.271 habitantes), que repetirá como candidato a la alcaldía, está imputado por el caso Porto, que acabó con la carrera política del anterior director de Urbanismo, Enrique Porto. Partida está acusado de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, por el desbloqueo del sector de Los Pocillos de su municipio, donde Porto tenía terrenos que luego revendió con notables plusvalías.

9, 10 y 11. Clara Torres Ruiz. Sobre la alcaldesa de Torres de la Alameda (7.896 habitantes) pesa una imputación por malversación de fondos públicos, al haber aprobado en el pleno subidas de sueldo a los trabajadores municipales supuestamente irregulares, ya que no existía partida presupuestaria ni consignación económica. Varios meses después, la decisión contó con un informe negativo de la Intervención Municipal. También están imputados los concejales del PP Ramón Polo y Manuel Tello, que también repiten en la lista.

12. Pilar Algovia Aparicio. El Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez citó a la alcaldesa de Colmenar de Oreja (8.397 habitantes) y al arquitecto municipal el pasado 18 de abril como imputados con letrado. La regidora está acusada por un delito urbanístico denunciado por Ecologistas en Acción, que supuso otorgar licencia para la construcción de una vivienda en zona verde.

13. Ana María Pinos. Alcaldesa de Belmonte del Tajo (1.488 habitantes), está imputada por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio por instalar una caseta de construcción en una zona protegida.