Aguirre pide perdón por los casos de corrupción en municipios del PP

Por primera vez desde que en febrero de 2009 estalló el caso Gürtel, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, reconoció ayer que se han producido casos de corrupción en algunos municipios gobernados por el PP en esta legislatura y pidió perdón a los ciudadanos por ello.

La trama capitaneada por Francisco Correa se ha llevado por delante en estos más de dos años, a medida que iban siendo imputados, a los alcaldes populares de Pozuelo, Boadilla y Arganda del Rey, así como a concejales de Majadahonda y Las Rozas y ha salpicado también, de momento sin dimisiones, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. También a tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, entre ellos el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.

"Quiero decir que es cierto que ha habido comportamientos incorrectos en algunos Ayuntamientos", subrayó Aguirre en un discurso pronunciado en el acto de presentación de los 179 candidatos municipales de su partido en las elecciones municipales del 22 de mayo, celebrado en Alcorcón. Y quizás por eso las disculpas solo iban dirigidas a los casos municipales.

"Quiero aprovechar para presentar nuestras excusas a esos ciudadanos de esos municipios que han podido sentirse defraudados", afirmó Aguirre ante los aspirantes, entre los que estaban los alcaldes de grandes ciudades gobernadas por el PP, como el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

La autocrítica le sirvió de excusa para presumir de que el PP de Madrid ha asumido "responsabilidades políticas", en unas declaraciones realizadas un día después de la imputación de la número 20 de la lista a la Asamblea del PSM.La presidenta regional, Esperanza Aguirre, presumió de la forma de actuar frente a la corrupción de su partido para distanciarse del Partido Socialista de Madrid (PSM). "El PP no se ha andado con componendas", recalcó. "Eso nos distingue del Partido Socialista que tiene dirigentes condenados e imputados", agregó la presidenta en clara alusión a la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, condenada por prevaricación y a la número 20 de la lista socialista a la Asamblea, Carmen Toledano, exalcaldesa de Galapagar, imputada por el mismo delito. Fuentes socialistas justificaron que Rollán no figura en ninguna candidatura del PSM y que, cuando se cerró la lista a la Asamblea, Toledano aún no había sido imputada.

"Respetando siempre la presunción de inocencia, nosotros hemos asumido siempre las responsabilidades políticas", continuó la presidenta su discurso. Sin embargo, Esperanza Aguirre eludió mencionar que en las listas municipales del Partido Popular para las elecciones de mayo, precisamente las que presentaba ayer, hay nueve imputados y un procesado en diferentes casos de corrupción que son los cabezas de cartel de las localidades por las que concurren a los comicios municipales.

Entre ellos está el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, imputado por malversación de fondos, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, o el de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios en el caso Porto, por el que dimitió el director de Urbanismo, Enrique Porto. Además, en la propia candidatura de Aguirre figura en el número 37 -un puesto de salida- un concejal del Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, que está imputado en una pieza del caso Guateque, que fue la concesión de una licencia ilegal a la tienda de muebles de lujo Becara. Si el concejal sale elegido, se convertirá automáticamente en aforado.

La autocrítica de ayer de Aguirre, referida a casos de corrupción como el Gürtel, contrasta con la actitud de la presidenta respecto al caso de los espías, por el que asesores a sueldo de la Comunidad de Madrid habrían hecho seguimientos al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y al exvicepresidente regional Alfredo Prada, por su afinidad con el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, en un momento en el que Aguirre y él eran rivales políticos.

Tanto la presidenta madrileña como sus consejeros han negado la existencia del supuesto espionaje. La Audiencia Provincial ha reabierto este caso para ordenar que se investigue si se produjo malversación de fondos públicos en el pago de las nóminas y de los teléfonos de los supuestos espías.