El PP presiona al Gobierno y ahora pide que impugne Bildu y no solo sus listas

En privado, todos los dirigentes del PP consultados admiten que hay plena sintonía con el Gobierno respecto al procedimiento sobre cómo impedir que la izquierda abertzale heredera de Batasuna esté en las elecciones. Pero en público, todos los dirigentes, salvo Mariano Rajoy que mantiene su silencio, no pierden ocasión de meter presión al Ejecutivo e incluso trasladar la imagen de que el PP va por delante del Gobierno en un asunto que, sin embargo, está acordado.

Es un juego al que ya jugó el PP con Sortu. Insistió en público en presionar al Gobierno para que promoviera su ilegalización mientras en privado pactaba con él la fórmula. Unos dirigentes eran muy duros, otros más suaves, y al final Rajoy dijo que era una "muy buena noticia" cuando la fiscalía pidió la ilegalización con informes de la policía y Guardia Civil.

Los populares cambian de opinión tras analizar los informes policiales

El ala derecha del partido exigió aumentar las críticas al Gobierno

Ahora le ha llegado la hora a Bildu. Pero con la coalición de partidos, en la que hay formaciones con larga tradición democrática como Eusko Alkartasuna, el PP ha dado una vuelta de tuerca a su estrategia de presión pública. Dolores de Cospedal anunció ayer, después de la reunión de maitines de cada lunes presidida por Mariano Rajoy -a la que esta vez no acudió Jaime Mayor- que su partido ha pedido oficialmente al Gobierno, en una reunión que se celebró ayer entre José Antonio Bermúdez de Castro, responsable del área electoral del PP, y Antonio Camacho, secretario de Estado de Interior, que promueva no sólo la impugnación de las listas de Bildu, sino también la impugnación de toda la candidatura, esto es de la coalición como tal.

Hace sólo 10 días, Federico Trillo anunció en rueda de prensa que él mismo se había reunido con Alfredo Pérez Rubalcaba y que había entre ambos "pleno acuerdo sobre la necesidad de impugnar todas las candidaturas que utilicen esta fórmula fraudulenta de Bildu para evitar la aplicación estricta de la legalidad".

Trillo insistió ese día, el mismo en que se conoció la excarcelación del etarra Troitiño, en que la sintonía con el Gobierno era total, evitó cualquier crítica a Rubalcaba e incluso dijo que estaban de acuerdo en no impugnar directamente toda la coalición por cuestiones técnicas. "La directa impugnación de la coalición, que tiene dificultades técnicas y sería más largo. Es una coalición de dos partidos legales", dijo literalmente.

Sin embargo, desde ese día, tanto Trillo como otros dirigentes del PP han recibido fuertes críticas y presiones del ala derecha del partido y de algunos medios de comunicación por ser demasiado blandos con el Gobierno. Además de esos reproches, Jaime Mayor ha aprovechado la situación para multiplicar su presencia en los medios de comunicación y ha llegado a decir que la excarcelación de Troitiño, decidida por un juez conservador como Alfonso Guevara, es un elemento más de un proceso de negociación oculto con ETA.

Después de esa semana con presión intensa, el PP ha endurecido sus mensajes. Y ayer Cospedal defendió y exigió lo que el propio Trillo había descartado. Incluso llegó a plantear que la salud del pacto antiterrorista dependerá de que el Gobierno haga caso al PP en esta nueva petición.

Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su tesis, pactada con Trillo, de que es inviable jurídicamente buscar esa impugnación de la candidatura de la coalición como tal y es más eficaz intentarlo con todas las listas. Es lo que previsiblemente hará la fiscalía con los informes policiales y de la abogacía del Estado. Con lo cual, el PP habrá abierto una nueva vía de enfrentamiento con el Gobierno a la espera de lo que digan los tribunales.

Los populares señalan que temen que si no se impugna la candidatura como tal, y sólo se hace con las listas, se corre el riesgo de que suceda lo mismo que hace cuatro años, esto es que el Supremo deje pasar algunas listas en determinados municipios mientras para otras. Es lo que ha permitido que ANV se hiciera con el poder en una cuarentena de ayuntamientos vascos. El PP asegura que ha cambiado su posición sobre la impugnación de Bildu al ver los informes policiales publicados en EL PAÍS y comprobar que éstos muestran cómo Batasuna está detrás de la candidatura de Bildu. Los populares admiten que la actual ley de partidos no permite ilegalizar a una coalición de dos formaciones legales, pero sí creen que se puede usar la reciente reforma de la ley electoral para impugnar la candidatura.

Mientras, desde el Gobierno se insiste en que el PP sabe, como explicó Trillo, que es inviable lo que propone y lo hace sólo para tratar de enturbiar este asunto y para ofrecer una imagen de mayor firmeza que el Ejecutivo, cuando en el fondo hay acuerdo entre ambos para hacer todo lo posible para impedir que los herederos de Batasuna estén en las elecciones.