Las empresas con intereses en el país vecino intentan quitar hierro a la crisis de deuda
Banco Santander, BBVA, Zara, Repsol, Pescanova, Eulen, Sacyr, Endesa, Cepsa, Prosegur, Sol Meliá... Hay unas 1.400 empresas españolas de todos los sectores con inversiones estables en Portugal, según datos de la Cámara Española de Comercio de Lisboa. Además, las inversiones realizadas entre 2000 y 2010 superaron los 17.000 millones de euros (el año pasado, 3.490) y las exportaciones al país alcanzaron los 16.577 millones el año pasado. Los intereses comerciales y económicos de España en Portugal son mayúsculos, pero las compañías, al menos de momento, quitan hierro a los efectos de la crisis de deuda soberana y al riesgo de rescate (no se puede decir lo mismo de la exposición de la banca española a la deuda exterior portuguesa).
Varias empresas consultadas alegan que su negocio está muy diversificado geográficamente y es independiente de la financiación portuguesa. Pero el consumo del país, ya mermado con la crisis, se verá irremediablemente afectado si hay un nuevo ajuste.
Pescanova, por ejemplo, puso en marcha en 2009 la mayor piscifactoría del mundo para el cultivo del rodaballo, en la zona de Mira, pero alega que lo que producen no solo se vende en Portugal, sino también en el resto de Europa.
Sacyr es propietaria de una de las primeras compañías de construcción civil de Portugal, Somague, a través de la cual operan en países de influencia lusa como Brasil, Angola, o Cabo Verde. "El Gobierno portugués ya hizo un ajuste muy importante en obra civil hace meses, y puede que haya algo más, pero casi la mitad de la cartera está en las excolonias, lo que pueden compensar un eventual nuevo recorte del gasto", señalan fuentes de la constructora española. En energía, Iberdrola, Repsol y, en menor medida, Endesa, tienen presencia, pero descartan problemas concretos.
Además del BBVA y del Popular, el Santander opera en Portugal a través del Santander Totta, que el año pasado reportó un beneficio de 450 millones de euros. La entidad elude cualquier declaración hasta que se conozca si Portugal tendrá que requerir finalmente la ayuda exterior.
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