La opacidad de Japón

A diez días del terrible desastre que ha afligido a Japón, parece que la situación de las plantas nucleares de Fukushima Daiichi, severamente afectadas por el seísmo y posterior tsunami, evoluciona de forma menos preocupante a como lo hizo durante la primera semana. Todavía es pronto para hacer balance, pero puede decirse que no se ha producido el escenario de "apocalipsis" evocado por el comisario europeo de Energía, al menos con relación con el daño sufrido por los reactores nucleares, aunque el adjetivo de apocalíptico sí parece apropiado al enjuiciar la magnitud del desastre causado por el terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter, y los centenares de réplicas de nivel inferior, y el tsunami subsiguiente, con más de 20.000 muertos y desaparecidos contabilizados y más de medio millón de personas fuera de sus hogares.

No obstante, ya se pueden sacar algunas consecuencias. La primera se refiere a la necesidad de revisar las normas de seguridad de las centrales nucleares, empezando por su ubicación, claramente inapropiada en zonas de tan alta actividad sísmica como la costa este de Japón, pero también sobre los sistemas redundantes de refrigeración del núcleo y piscinas de almacenamiento del combustible usado y, sobre todo, la eventualidad de que una extensa área alrededor de la central quede devastada, sin posibilidades de suministro eléctrico externo y con graves dificultades para el acceso de cualquier tipo de ayuda. Estas consideraciones afectarán también al debate nuclear abierto en todo el mundo.

Otra de las reflexiones está relacionada con la información al público. Ha sido deficiente y tardía. Todos los organismos involucrados en el seguimiento del accidente, empezando por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) o la Unión Europea, han señalado graves carencias al respecto. Por un lado, parece que la compañía propietaria de las plantas, Tepco, ha remoloneado en las informaciones que iba dando incluso al propio Gobierno japonés. Por el otro, está la excesiva prudencia con que el Gobierno ha tratado la información facilitada, seguramente con la intención de no crear una alarma injustificada. Esta forma de proceder coincide con lo que ha ocurrido en otros casos, incluyendo el accidente de Chernóbil, y siempre da lugar a lo contrario de lo que se persigue.

La opacidad o el retraso en la información al público provocan enorme inquietud y magnifican las potenciales consecuencias de los accidentes. Una actitud de total transparencia permite tomar las medidas que mejor se ajusten a la situación y disipa, al menos parcialmente, las sospechas de desastres mayores que minan la confianza del público y pueden desencadenar reacciones contraproducentes. La buena noticia es que la situación parece estar progresivamente bajo control; la mala es que se ha detectado ya la presencia de contaminación radiactiva en ciertos alimentos procedentes de la zona siniestrada, una eventualidad cuyos efectos sobre la salud son todavía inciertos, pero deben ser contrarrestados de forma inmediata.