El Constitucional zanja otra guerra autonómica por la gestión de los ríos
Castilla y León no podrá decidir sobre el Duero por afectar a varias comunidades
El Tribunal Constitucional anunció ayer que, por unanimidad, ha declarado inconstitucional el artículo del Estatuto de Castilla y León que daba a la comunidad competencias sobre el Duero. El estatuto, aprobado por unanimidad en 2007, daba a Castilla y León la gestión sobre sus aguas del Duero, ignorando que la cuenca afecta también a otras seis autonomías. El Constitucional sigue así la doctrina de que las cuencas de los ríos que afectan a varias comunidades son competencia del Gobierno y anula la política de trocear los ríos emprendida la pasada legislatura a través de los estatutos de autonomía. El tribunal anuló el miércoles la transferencia del Guadalquivir a Andalucía.
El Estatuto de Castilla y León estableció en diciembre de 2007: "Dada la relevancia que la cuenca del Duero tiene como elemento configurador del territorio de Castilla y León, la comunidad asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad".
La tesis de Extremadura
El 98,32% de la parte española de la cuenca del Duero está en Castilla y León, pero el resto se reparte entre Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Fue esta comunidad la que recurrió contra el estatuto, como había hecho antes contra el andaluz, y que ha visto sus tesis avaladas. El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha sido el único que no ha hecho del agua bandera nacionalista e incluso ha aceptado que se estudie un trasvase desde Cáceres a Murcia.
El tribunal se basa en que la Constitución, en su artículo 149, establece como "competencia exclusiva" del Gobierno "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad".
El Ministerio de Medio Ambiente no transfirió las competencias a Castilla y León -sí lo hizo con Andalucía-. Argumentó que un informe de la Abogacía del Estado subrayaba las diferencias entre el Duero y el Guadalquivir: el primero es un río internacional y Castilla y León no podía negociar los caudales con Portugal.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió ayer la unidad de cuenca y dijo que los ríos "no se pueden administrar por tramos". La diputada fue la ponente del PP en la tramitación del Estatuto de Castilla y León que, según el Constitucional, vulnera ese principio.
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