El Gobierno anuncia querellas contra los que "calumnien" a Griñán

El Gobierno socialista dio ayer un paso más en su estrategia de defensa en el caso de los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos públicos. El Ejecutivo emprenderá acciones legales por calumnias contra quienes acusen al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de conocer la trama de los ERE.

El anuncio lo hizo ayer la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Casi a la misma hora, pero a unos cuantos kilómetros de distancia, en Maracena (Granada), el dirigente del PP, Javier Arenas, afirmó que Griñán "supo" lo que pasaba con los ERE. No dijo que conocía la trama, ni fue más allá, pero sí espurreó algunas sospechas sobre Griñán, dejando claro que los populares intentan apuntar al máximo nivel de responsabilidad política en este asunto.

El PP intenta ensombrecer la vía de defensa elegida por los socialistas

Griñán era el consejero de Economía y Hacienda de la Junta cuando la Intervención General, dependiente de esa consejería, emitió tres informes en 2005, 2006 y 2007 en los que consideraba como no adecuado el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de las ayudas (ver página 1 con las conclusiones).

Las copias de estos informes se enviaron al consejero, al viceconsejero y al director general de entonces (Antonio Fernández, Agustín Barberá y Javier Guerrero, respectivamente). Los informes de la Intervención no eran vinculantes y Empleo presentó alegaciones jurídicas para seguir concediendo las ayudas mediante la transferencia de financiación de explotación, mucho más ágil y rápida, en lugar de la subvención excepcional que defendía la Intervención.

Mar Moreno reiteró ayer que ninguno de los informes de la Intervención General ni en las auditorías aleatorias que se hicieron se detectaron "ni fraude ni el menor quebranto de los fondos públicos".

La estrategia que está siguiendo el Partido Popular es la de intentar cortar y ensombrecer la principal vía política escogida por los socialistas desde que el caso de los ERE cogió dimensión regional. Es decir, la de la transparencia y la de trasladar a los tribunales cualquier "mota de polvo" que la Junta descubra en los expedientes, pese que hay casuísticas muy distintas, y algunos expedientes entran de lleno en la categoría de chapuza administrativa -"situaciones discordantes" las llamó el consejero de Empleo, Manuel Recio, en el Parlamento-.

Moreno aseguró que si Arenas "se atreve a acusar a Griñán de haber conocido o encubierto estos presuntos fraudes o delitos se habrá convertido en un calumniador que no merece representar a sus votantes".

La consejera aseguró que el Gobierno entregará a la oposición las peticiones de información que ha formulado, incluida la de los informes de la Intervención General si procede "reglamentariamente". El Gobierno también asegura que la investigación interna está muy avanzada.