El Constitucional tumba el recurso del PP a la ley electoral de Barreda

A menos de tres meses de las elecciones en las que el PP espera arrebatar a los socialistas los gobiernos de varias comunidades -y en las que Castilla-La Mancha se presenta como una de las batallas emblemáticas-, los populares han recibido un varapalo del Tribunal Constitucional. El Pleno de este tribunal ha desestimado el recurso que el PP presentó en 2008 contra la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha aprobada a finales de 2007 por las Cortes regionales -donde tiene mayoría absoluta el PSOE- y que elevaba la representación de dos provincias: Toledo y Guadalajara.

Aquella reforma legal aumentó en dos el número de diputados autonómicos: se decidió que pasarían -a partir de las siguientes elecciones, es decir, las de mayo de este año- de 47 a 49; y que eso se haría atribuyendo un escaño más a la provincia de Toledo y otro a Guadalajara. Cincuenta senadores del PP -incluida la actual número dos del partido y candidata y presidenta de los populares castellano-manchegos, María Dolores de Cospedal- recurrieron la ley ante el Constitucional por considerar que ese cambio era arbitrario, que discriminaba a unas provincias frente a otras y que se hacía con un único objetivo: "Perpetuar en el poder al actual político en el Gobierno".

El tribunal cree que el legislador no fue arbitrario al decidir el reparto de escaños

Guadalajara y Toledo tendrán un diputado más en las Cortes

Ahora, en una sentencia fechada el pasado día 3, el Constitucional quita la razón al PP. El tribunal sostiene que aquella reforma no puede calificarse de "arbitraria o irrazonable". "Aunque eran posibles otras alternativas [en el criterio de atribución de los nuevos escaños], se trata de una decisión adoptada por el legislador dentro del margen de configuración del que constitucionalmente goza, sin que este Tribunal pueda interferirse", dice la sentencia.

Las Cortes de Castilla-La Mancha y el Gobierno del socialista José María Barreda justificaban que Toledo y Guadalajara ganaran un escaño porque ambas habían crecido muchísimo en la última década. Toledo fue la provincia castellano-manchega que más creció en número de habitantes: 100.000 más entre 1997 y 2007; Guadalajara, la que registró un mayor aumento porcentual: 35,7%. Era injusto, decían los legisladores, que Guadalajara tuviera, por ejemplo, un escaño menos que Cuenca cuando representaba a una población mayor.

Pero el PP aseguraba que esa distribución de escaños, apoyada en el "puro y simple capricho", producía "discriminación": atentaba contra el principio de proporcionalidad para "premiar" a dos provincias a costa del resto. El resultado final, afirmaban los populares, era que -salvo en el caso de Toledo- las circunscripciones menos pobladas estaban sobrerrepresentadas; y las más pobladas, infrarrepresentadas.

A juicio del PP, lo que se buscaba realmente con la reforma era "convertir a Ciudad Real en la única provincia con un número impar de diputados", de modo que, si llegaba a producirse un empate electoral entre socialistas y populares, fuese Ciudad Real -la provincia con mayor porcentaje de apoyo al PSOE- "la que decida". Los populares sostenían, por tanto, que si se aumentaba en dos el número de escaños las beneficiadas debían ser Toledo y Ciudad Real, no Guadalajara.

No han convencido al Tribunal Constitucional, que da por bueno el criterio de la población alegado por Castilla-La Mancha. Admite que las provincias menos pobladas están sobrerrepresentadas, pero considera que ese argumento es "claramente insuficiente" para tumbar la ley y que no existe una "manifiesta y arbitraria desproporción". Recuerda, además, que la proporcionalidad no tiene por qué ser perfecta.