El fiscal se opone al careo entre el investigador del Faisán y el exjefe policial de Inteligencia

Son dos versiones opuestas. La del comisario jefe del operativo policial hispano-francés contra el aparato de extorsión de ETA -luego encargado de investigar el chivatazo que lo frustró-, Carlos Germán, y la de su exjefe al frente de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información de la policía, José Cabanillas. Las investigaciones sobre el soplo realizadas por el primero apuntan a que sería el inspector de Vitoria José María Ballesteros el que, obedeciendo supuestas instrucciones del jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y del exdirector del cuerpo Víctor García Hidalgo, pasó a Elosua el teléfono desde el que se informó de la operación al dueño del bar Faisán y supuesto encargado del cobro del impuesto revolucionario. Cabanillas, sin embargo, acusó el 8 de febrero a Germán de intentar borrar la cinta grabada en el coche de Elosua en la que contaba a su cuñado Carmelo Luquin cómo le dieron el soplo, la prueba clave del caso.

"Las llamadas de Camacho son ajenas a las de los imputados"

Ante esta disparidad de criterios, la asociación Dignidad y Justicia pidió al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Pablo Ruz, que ordenara un careo entre ambos. Ayer, la fiscalía de ese tribunal se opuso a esa diligencia. El fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, justificó su oposición a la prueba por "la escasa o nula utilidad de los careos". En su escrito recordó también que existen otras pruebas pendientes de practicar "que pueden solventar las aparentes contradicciones" entre Germán y Cabanillas. Bautista asegura, además, que la declaración de Cabanillas en la que afirmó que Germán quiso hacer desaparecer pruebas "no puso en duda los fundamentos básicos de la investigación" llevada a cabo por Germán.

Respecto a la nueva declaración de Germán que solicitó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la fiscalía considera que "puede ser pertinente y necesaria". Pero pide al juez Ruz que espere a la práctica del resto de pruebas pendientes -un informe sobre los teléfonos prepago sin identificar que pudieron usarse en la zona del bar Faisán y otro sobre el uso de repetidores franceses en las llamadas, así como las declaraciones de los guardias civiles y policías autores de los informes sobre el vídeo grabado por la policía en el bar en el momento del soplo- y las diligencias de la pieza secreta -las relativas a los nueve folios enviados por la juez francesa Laurence Le Vert cuyo contenido solo conocen el juez y el fiscal- para escuchar de nuevo su testimonio.

El ministerio público también se opone al recurso presentado por el PP y Dignidad y Justicia contra la decisión de Ruz de no llamar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Bautista recuerda que ese testimonio no sería "decisivo en términos de defensa", porque "ni añade ni quita nada a la secuencia telefónica señalada por el equipo investigador como cauce de la filtración ni aporta nada al esclarecimiento de los hechos". Para la fiscalía, las llamadas que realizó Camacho "obedecen a la lógica y natural relación diaria entre órganos directivos ministeriales y son ajenas al contexto de circunstancias de tiempo y lugar en el que se desarrollan los intercambios de llamadas de los imputados", que apuntan a que el chivatazo fue urdido por Ballesteros, Pamiés y García Hidalgo. Bautista añade que el equipo que investigó la delación nunca "sintió la necesidad de reseñar las llamadas" del número dos de Interior.