Zapatero deja a todas las autonomías refinanciar su deuda como a Cataluña

Las férreas restricciones al endeudamiento autonómico comienzan a relajarse. La presión ejercida por Cataluña ha obligado al Gobierno a buscar una solución que en principio parecía concebida solo para esa comunidad, aunque el Ejecutivo se ha apresurado a extenderla al resto. Pero el lapso que medió entre la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero con Artur Mas, el pasado lunes, y la respuesta del Ministerio de Hacienda, ayer mismo, bastó para provocar una auténtica rebelión en nueve comunidades de distinto signo -incluidas Castilla-La Mancha y Aragón, presididas por socialistas- contra un aparente trato de favor a la Generalitat.

En plena oleada de protestas, Hacienda intentó apaciguar los ánimos al comunicar ayer por la tarde, a preguntas de este periódico, que la solución que el presidente del Gobierno ofreció al de la Generalitat durante su encuentro en La Moncloa se extenderá a todas las autonomías. Y que esa relajación en la norma no es un cheque en blanco al endeudamiento, sino una autorización limitada para las refinanciaciones: es decir, se permite recurrir de nuevo al endeudamiento para hacer frente a los préstamos que vencen este año si no se pueden saldar de otra forma.

Ese matiz, hasta ahora nunca mencionado en la prohibición que impuso Hacienda al conocer los incumplimientos autonómicos del límite de déficit, supone una flexibilización de la rigidez inicial. Consciente de que la asfixia financiera de las comunidades le puede acabar estallando y minar su credibilidad exterior, el Ejecutivo ha aceptado cierta rectificación en su discurso. Tampoco es ajeno a este giro el apoyo que CiU presta al PSOE en el Parlamento para sacar adelante reformas clave como la de pensiones.

Solo habrá un elemento que afectará a Cataluña en solitario. Se trata de una autorización que se dio a todas las comunidades en 2005 para financiar con deuda una parte del déficit sanitario y de la que Cataluña no hizo uso entonces. Hacienda rehúsa cifrar esa partida, aunque asegura que se incluirá dentro de la cifra estimada, entre 2.000 y 2.500 millones que se va a permitir a Cataluña.

"Cataluña podrá endeudarse igual que Murcia o Castilla-La Mancha", confirmó la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, en el Senado. Esas tres comunidades son las que, de momento, han incumplido claramente los objetivos de déficit de 2010, que marcaban un límite del 2,4% del PIB para todo el año. Con los datos de cierre, que aún no se conocen, es más que probable que alguna otra autonomía haya incurrido en desequilibrios excesivos, que ahora podrá aliviar al menos con la refinanciación de sus vencimientos de deuda.

Antes de conocer esas explicaciones, los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Valencia, Aragón, Galicia, La Rioja, Cantabria y Navarra se habían llevado las manos a la cabeza por la sospecha o la convicción de que Cataluña estaba recibiendo un trato de favor. Durante todo el día se habían acumulado recelos, agravios o críticas abiertas. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, adelantó que no aceptaría "un trato discriminatorio", aunque se mostró confiado en que "el Gobierno tratará de la misma manera a todas las comunidades sin privilegiar a ninguna" porque sabe, subrayó, que todos los españoles son iguales según la Constitución.

El otro gran agraviado, el murciano Ramón Luis Valcárcel (PP), exigió una reunión urgente con Zapatero, como la que tuvo Mas, para "desbloquear" la prohibición de endeudamiento. Valcárcel lleva dos meses afrontando protestas en la calle porque la asfixia financiera le obligó a aprobar un duro plan de recortes, con bajada de sueldo a funcionarios incluida.

José Ángel Biel, vicepresidente de Aragón -cuyo presidente es el socialista Marcelino Iglesias, aunque Biel es del Partido Aragonés-, señaló que todas las comunidades van a La Moncloa a pedir más dinero y solo lo consigue una: Cataluña. Y la Comunidad Valenciana acusó a Zapatero de imponer una "clara discriminación" y exigió la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También el Ayuntamiento de Madrid, el mayor más endeudado del país, recordó que él pidió lo mismo que Cataluña -poder refinanciar su deuda- y se lo negaron.