Anticorrupción pide juzgar a Camps por los trajes y la financiación del PP

La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este debería incluir, además del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contratación irregular con Orange Market y la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. Así, Camps sería juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino también por los posibles delitos acumulados tras casi dos años de investigación.

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se habían practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasará varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.

El delito imputable al líder popular sería más grave si las causas se juntan

Flors ya encontró hace más de un año indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red Gürtel, pero este recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y apreció que los indicios apuntaban a que Camps recibió trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.

Anticorrupción entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deberían resolverse dos cuestiones pendientes.

La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Estos están imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendrían que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupción, lo que aparentemente carece de sentido. Según fuentes de Anticorrupción, el tribunal valenciano debería pronunciarse sobre la imputación de los cabecillas antes de que la fiscalía formule su escrito de acusación.

También defiende la fiscalía que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contratación e incluso con la financiación irregular del PP. Hace más de un año que la investigación acreditó con numerosos documentos intervenidos y con múltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financió ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a través de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red Gürtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recibía múltiples contratos de la comunidad autónoma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.

El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibió en favor de Valencia respecto de la contratación irregular y la financiación, pero el tribunal valenciano aún no ha decidido si acepta la inhibición de Pedreira. Anticorrupción entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se vería de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contratación irregular y la presunta financiación ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.

Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empezó a recibir trajes cuando Orange Market comenzó a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se vería que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho más propio", es decir, más grave desde el punto de vista penal, según las fuentes de Anticorrupción consultadas.

El Tribunal Superior de Valencia lleva más de un año sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el único tribunal competente para investigar los hechos.