Cajas en la encrucijada

La imprescindible reforma del sistema financiero español se ha gestionado hasta ahora, desde las instituciones públicas y desde las corporaciones de las entidades financieras, con poco acierto y una lentitud exasperante. En estos momentos, el estado de situación de la reforma, que afecta principalmente a las cajas de ahorros, indica que se han cerrado con éxito un conjunto de fusiones formales de entidades, pero no se ha avanzado apenas en el ajuste de la oferta implícito en las operaciones y menos en la cada vez más urgente recapitalización del sistema.

Con las nuevas exigencias europeas de solvencia, la banca española necesitará al menos 12.000 millones de capital fresco, además de la recapitalización que cada entidad requiera para cubrir el deterioro de sus activos. Gran parte del dinero debe inyectarse en las cajas para acabar con más de dos años de esterilidad crediticia.

A efectos pedagógicos, hay que distinguir entre dos graves problemas que tienen las cajas sobre el terreno. El primero y más urgente es corregir la situación creada por las fusiones realizadas entre marcas de la misma autonomía (casos de Galicia, Cataluña y Castilla-León), cuyo resultado final es frustrante. Las resultantes de esas fusiones apenas cumplen con los requisitos de solvencia y existe una probabilidad alta de que tales operaciones tengan que corregirse de una manera u otra. Estamos ante un conflicto financiero creado por la pertinacia de algunos Gobiernos autónomos en mantener un poder financiero propio manejado desde instancias regionales.

El otro problema está en las dificultades de las entidades fusionadas para encontrar capital estable en el mercado con el cual reforzar su solvencia. Los mercados están cerrados a cualquier tipo de iniciativa inversora. La fórmula de que las cajas separen el negocio financiero en un banco puede ayudar a que los inversores no extrañen las peculiaridades accionariales de las cajas. Pero pasará algún tiempo antes de que desaparezca el rechazo a invertir en entidades financieras.

A estas dos dificultades de fondo se suma otra complicación más: la política titubeante de las autoridades, según evidencian las aparentes discrepancias entre Economía y el Banco de España sobre la pertinencia de reformar de nuevo la ley para acelerar la recapitalización. El banco, principal impulsor de la propuesta, debe sopesar las consecuencias de un nuevo cambio legislativo y los efectos secundarios de inyectar capital público en las entidades que no consigan recapitalizarse en el mercado.

La primera fase de la reforma se ha quedado corta y en algunos casos resulta irritante (por ejemplo, por la presencia abusiva de ex políticos en los gobiernos corporativos). El reconocimiento de esta insuficiencia y la voluntad política de corregirla invita al optimismo, y así lo han entendido los mercados. Ahora es necesario no titubear.