Informes y planes

El presidente del Gobierno ha presentado su informe económico anual. Continúa una tradición que fue prometedora, por lo que tenía de imitación de otras tradiciones de democracias más avanzadas. Pero los contenidos del informe, demasiado complacientes por lo general, mostraron desde el primer momento un alejamiento de una realidad terca en denunciar los problemas de la economía española. Hoy se ve con claridad.

La negativa evolución de la crisis ha constituido la mayor desautorización de estos ejercicios. El Gobierno se demoró en exceso en admitir la severidad del desplome económico y financiero, a pesar de que el rápido contagio era ya explícito en la eurozona y en la propia economía española a las pocas semanas de su inicio, en verano de 2007. En ese informe, desde su primera edición, la descripción de la realidad no ha tenido mucho que ver con lo que luego han sufrido las empresas, de forma especial las pequeñas y medianas, que son las que crean empleo, y los trabajadores que han engrosado el mayor contingente de paro de las economías avanzadas.

La última edición del informe, la que se presentó ayer, no contribuirá seguramente a fortalecer la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales. Parece formar parte de un tipo de marketing concebido para reunir a personalidades, como ya ocurrió con la cita con empresarios hace unas semanas, de la que suele ser difícil sacar algo más en limpio que justificaciones y paliativos a una situación grave. Evidentemente, resulta más fácil reunir a grandes figuras que concretar decisiones y acuerdos para frenar el más grave deterioro del bienestar de los españoles de las últimas décadas.

El informe admite las "debilidades estructurales" de la economía española, algunas de las cuales estaban ya perfectamente identificadas en el programa electoral del PSOE de 2004. El discurso ahora defendido en torno al eje "austeridad-reformas-cohesión social" es el resultado de la presión externa en el contexto de la crisis todavía vigente de los mercados de deuda pública. Crisis que impone al Tesoro español un castigo diferencial en sus costes de financiación. La aversión al riesgo es elevada y la confianza en la capacidad de reorientación de la compleja situación es cada vez más débil.

Nunca es tarde para concretar las reformas enunciadas, pero depende de la habilidad política que se haga sin crispar mucho más a quienes están pagando los costes de esta crisis. Zapatero ha de gobernar, y en ello están incluidas las reformas de las pensiones, del mercado de trabajo, de la regulación bancaria o de las propias Administraciones públicas. Pero conviene que esas reformas, entre las que ahora destaca la de las pensiones, se haga con rapidez y sin dañar la confianza. Esta no depende tanto de partidas presupuestarias como de las habilidades políticas.