El plan de barrios se queda corto

El tripartito se estrenó en 2004 aprobando una norma con la intención de mejorar la vida a las personas: la Ley de Barrios. El Parlamento tuvo que rendirse ante las bondades de la iniciativa. E incluso Convergència i Unió (CiU), que expresó ciertas reticencias, acabó por ceder: dar dinero a los municipios para rehabilitar sus barrios más degradados no podía ser malo.

Desde entonces, la Generalitat ha aprobado siete convocatorias, a la que se han acogido 147 barrios, de 142 municipios de los que se han beneficiado cerca de un millón de personas. El Gobierno de Cataluña ha puesto 693 millones. El resto, hasta llegar a 1.300 millones, les ha tocado pagarlo a los Ayuntamientos.

Pero lo que parece bello y sencillo en un principio, a veces deriva en complicaciones y retrasos. Muchos municipios tuvieron que recular en sus proyectos, ser menos ambiciosos, porque les tocaba pagar la mitad del proyecto. El problema que se agravó con la crisis económica.

Con la convocatoria de 2004 Salt pudo llevar agua a unas 4.000 personas

Salt, en el Gironès, es un claro ejemplo de los claroscuros de la Ley de Barrios. El municipio se presentó a la primera convocatoria, en 2004, con un plan que suponía un gasto de 15,2 millones.

No cabía duda entonces (tampoco hoy) de las necesidades del municipio. El proyecto, denominado Salt 70, se basaba en la rehabilitación del centro de la ciudad: una zona de edificios muy altos construidos en la última etapa de la dictadura franquista, que se divide en manzanas. La densidad allí es de 176 viviendas por hectárea, mientras que en el resto del municipio está en 12 por hectárea. Eso se traduce en que siete de cada 10 personas viven en Salt 70.

El dinero de la Generalitat, junto con el del Ayuntamiento, que tuvo que endeudarse, sirvió para hacer plazas, arreglar calles, poner mobiliario urbano, crear zonas verdes... También se destinaron ayudas a las comunidades de vecinos para poder construir ascensores (casi la mitad de los edificios de más de cuatro plantas no tenían) y rehabilitar fachadas.

Una de las medidas estrellas fue llevar el agua corriente a muchas casas. Antes de las ayudas de la Ley de Barrios, casi el 10% de los edificios no estaban conectados a la red de agua potable. Eso significa que se valían de pozos comunitarios.

Gracias a la Ley de Barrios, pudieron llevar el agua corriente a más de 900 viviendas (unas 4.000 personas). La medida supuso un gasto de casi un millón de euros y un esfuerzo humano muy considerable: para lograrlo hicieron falta más de 500 reuniones con los vecinos.

El Consistorio también pudo poner en marcha un plan de civismo para tratar de mejorar la convivencia. Salt tiene más del 40% de inmigración, lo que genera tensiones (como el conflicto que acabó en enfrentamientos entre autóctonos y recién llegados en marzo). Tres mediadores culturales han logrado reducir en un 8% los problemas vecinales, y casi en un 20% los estructurales.

Pero, a pesar de los esfuerzos, la rehabilitación de Salt 70 "no ha significado una importante mejora", según recoge un informe de evaluación final del Consistorio, presentado en marzo. "Los problemas demográficos, económicos y sociales continúan persistiendo y algunos de ellos incluso se han acentuado", añade.

El informe concede, sin embargo, que el plan "ha permitido empezar un proceso de transformación". El Ayuntamiento se ha presentado a la última convocatoria de la Ley de Barrios y ha conseguido dos millones más a través de un contrato de barrio, que es una figura pensada para los que tras la rehabilitación necesitan "impulsar nuevas actuaciones para mantener y consolidar la recuperación de la zona", según el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Olot, L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa se han acogido a este tipo de ayuda.