Siete cárceles más y 4.700 plazas

Construir prisiones no da votos, pero dignifica la vida de los reclusos y supone una apuesta decidida por su resocialización. Los Gobiernos de Jordi Pujol solo edificaron dos cárceles en 20 años de competencias transferidas: Quatre Camins, en La Roca del Vallès, y Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), inaugurada en 1991. La obra que deja la izquierda desde que alcanzó el poder en 2003 son tres prisiones nuevas en funcionamiento: Brians 2, Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), y la de jóvenes de Quatre Camins, todas inauguradas bajo el mandato de Montilla, con entre 2.600 y 3.100 plazas, según la ocupación que se haga de las celdas.

Otras dos cárceles más ya están acabadas (Mas Enric, en Tarragona, y la de Figueres) y en el caso de las prisiones de Tàrrega y la de presos preventivos de la Zona Franca de Barcelona, que después de muchas promesas supondrá el cierre de la ignominiosa Modelo, ya se han adjudicado las obras. Al final del proceso se habrán creado 4.700 nuevas plazas y se habrán cerrado seis presidios, pero seguirá sin poderse aplicar la Ley General Penitenciaria, que establece que ha de haber un preso por celda. También es verdad que, con las nuevas cárceles, se ha desterrado para siempre el hacinamiento de seis presos por celda (dos literas de tres pisos) que se vivía hasta hace poco en algún centro.

El endurecimiento progresivo del Código Penal para conductas que antes no eran delito (conducción bajo los efectos del alcohol o violencia contra la mujer, entre otras), el cumplimiento íntegro de las penas, la tendencia de los jueces de guardia a encarcelar a los extranjeros sin domicilio conocido para evitar la fuga y el incremento de los delincuentes multirreincidentes y muy violentos explican el progresivo aumento de la población reclusa catalana. Si en junio de 1991 había en las cárceles catalanas poco más de 5.000 reclusos, en la actualidad esa cifra se ha duplicado con creces. Más del 80% de ellos cumple condena (penados) y menos del 20% espera juicio (preventivos), pero hace dos décadas estos últimos superaban a los condenados.

El impulsor de ese plan de prisiones sin precedentes es Albert Batlle, secretario general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat (uno de los pocos altos cargos que han durado siete años), quien ha invertido la histórica postura de los Ayuntamientos de "no en el jardín de mi casa" al poder elegir varias ubicaciones. La explicación hay que buscarla en los estímulos económicos a los Ayuntamientos afectados por la construcción de la cárcel y la creación de empleo en esas poblaciones.

El consejero Josep Maria Vallès decía que "hacer prisiones no es un símbolo de buena política y tenerlas llenas es un fracaso", pero si no hubiera sido por ese plan, las prisiones catalanas se habrían convertido en un polvorín. Y desde mayo de 2004, cuando se produjo el grave motín en Quatre Camins, no se han conocido más revueltas ni episodios oscuros de vulneración de derechos humanos.