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Pedreira reclama a 79 bancos cuentas de 12 ex altos cargos del PP

El instructor del 'caso Gürtel' indaga el destino de los sobornos de la red

Antonio Pedreira, juez instructor del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política que afecta a un partido político, el PP, desde la transición, prosigue con sus pesquisas para aclarar cuánto dinero han robado supuestamente los principales implicados.

Pedreira ha dictado una resolución en la que solicita a un total de 79 entidades bancarias, distribuidas por una treintena de provincias españolas, toda la información bancaria, saldos y movimientos de las cuentas que posean 27 de los más de 100 imputados que hay en la causa. 12 de esas 27 personas son cargos públicos vinculados al PP y están imputados por cohecho (haber recibido supuestamente dinero de la red corrupta que dirigía Francisco Correa).

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Entre los 12 ex altos cargos del PP se hallan los tres diputados de ese partido en la Asamblea de Madrid que ahora están en el Grupo Mixto tras ser expulsados de la formación tras estallar el escándalo. Se trata de Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Madrid y el hombre que en connivencia con la trama Gürtel organizaba todos los actos institucionales a los que asistía Esperanza Aguirre), Benjamín Martín Vasco (el diputado al que Aguirre designó como presidente de la comisión que investigó el espionaje político pagado con fondos de la Comunidad de Madrid) y Alfonso Bosch Tejedor, quien mantenía estrechos vínculos con la red Gürtel y, en concreto, con su cabecilla, Correa.

El juez Pedreira reclama también información bancaria de los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, El Albondiguilla; Majadahonda, Guillermo Ortega; Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y Arganda del Rey, Ginés López. A casi todos ellos les ha puesto el juez fianzas de responsabilidad civil susceptibles de embargo que, como en el caso de El Albondiguilla, llegan hasta los 1,8 millones. Ninguno de ellos ha abonado aún la fianza. Aunque Hacienda ya les ha investigado, Pedreira también demanda a las entidades bancarias información de los principales cabecillas de la trama, empezando por Correa.

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