Cargos de Aguirre destaparon contratos ilegales de la red Gürtel sin hacer nada

Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Cuando se produjeron los hechos que relata el informe policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González, vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración regional.

"No se quieren hacer cargo de la factura porque se ha fraccionado el acto"

"Hablé con la secretaria de López Viejo y le comenté el problema"

El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa de Esperanza Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como consejero de Deportes.

Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que en realidad trabajaban para la red Gürtel. Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros, cantidad a partir de la cual según la Ley de Contratos del Estado habría que convocar un concurso.

La Intervención General del Estado, que ha examinado para el juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley.

Por este trato de favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de miles de euros en comisiones ilegales, según dejó anotado el contable de la red.

A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.

En dicho informe, que reproducimos en estas páginas, se señala: "Lourdes Barreda [secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir estos costes tan elevados".

Tras recordar que en la Consejería de Empleo no están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas, Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa, Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".

Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero [Alberto López Viejo]".

Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según sostiene la investigación policial.

Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000.

La trama corrupta tuvo más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas consejerías.

- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi (secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El importes es de 3.734 euros".

"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que contestarnos ella lo que tenemos que hacer".

- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas facturas hacen un importe de 13.011 euros".

Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de Navidad, por 36.907 euros, según los documentos que constan en el sumario del caso.

El PSOE ha denunciado a decenas de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre que han firmado los expedientes de contratación de decenas de actos institucionales a las empresas de la trama corrupta.

Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía López Viejo con la red Gürtel.