La inspección detecta irregularidades masivas en la visita del Papa a Valencia

Es una de las derivadas del caso Gürtel que más escándalo causó en el PP, sobre todo en los dirigentes más vinculados a posiciones cercanas a la Conferencia Episcopal, pero judicialmente aún no ha avanzado. Se trata de la visita que realizó el Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006. La investigación ha detectado que Francisco Correa se llevó en comisiones presuntamente corruptas al menos un millón de euros de esa visita, en concepto de su mediación frente al Gobierno valenciano para una constructora con la que él estaba relacionado, Teconsa, se llevara el principal contrato de esa visita, 7,5 millones de euros para para colocar las pantallas de vídeo, sonido y megafonía para la visita que le adjudicó Canal 9, presidida por Pedro García, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia.

La policía halló que Correa se llevó un millón en comisiones por la sonorización

La oferta de Teconsa doblaba a la más barata y no era solvente, pero ganó

El juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel, ha pedido a la inspección general del Estado que analice los contratos de esa visita. Y el informe resultante firmado por el inspector Juan Carlos Gómez Condado el pasado 7 de octubre, es demoledor. En la documentación entregada por Canal 9 se han detectado irregularidades masivas en los diferentes contratos. De hecho Pedro García abandonó Canal 9, oficialmente por motivos personales -Camps no reconoce siquiera la existencia del caso Gürtel- poco después de que Pedreira reclamara estos contratos, en agosto de 2009.

La visita del Papa, en solo dos días y en lo que se refiere a los contratos que dependían de Canal 9, supuso un gasto de 14,7 millones de euros en diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la cobertura del evento para la televisión pública valenciana, una de las más endeudadas.

De esos 14,7 millones, un millón se fue en contratos pequeños y claramente troceados de manera irregular, según el informe, y los otros 13 millones se fraccionaron en 11 contratos de los que el más importante es precisamente el que se llevó Teconsa, una constructora que no tenía experiencia en sonorización y que subcontrató con otras empresas ese pelotazo millonario.

Según los documentos encontrados a Francisco Correa, la red Gürtel gestionó directamente este contrato. El informe es claro: "En resumen si comparamos la oferta más baja para el vídeo y para el sonido, que ascienden a 3,5 millones de euros, con la oferta conjunta de Teconsa, que es de 6,5 millones [al final fueron 7,5], la diferencia es de 3 millones de euros, que con el IVA asciende a 3,4 millones". Esto es, la oferta de Teconsa, además de las dudas técnicas, era con mucho la más cara, pero se llevó el contrato.

"Queda acreditado que en al menos dos expedientes, se adjudica el servicio a empresas en las que existen grandes dudas sobre la posibilidad de acreditar la necesaria solvencia técnica y profesional para contratar", señala el informe. Uno de ellos es el de Teconsa. También reprocha que esta empresa subcontratara prácticamente la totalidad del trabajo, cuando el límite legal es del 50%. Según la investigación, lo subcontrató todo por 3,5 millones, el resto fue ganancia para Teconsa, que repartió un millón con Correa.

Una de las irregularidades más evidentes es la de la innecesaria declaración de urgencia. "De los 11 expedientes analizados, 10 se tramitan por el procedimiento de urgencia. En ninguno la declaración de urgencia está debidamente motivada. RTVV conocía al menos desde febrero de 2006 que tenía en exclusiva la producción y distribución de la señal institucional", señala el texto.

Para demostrar el descontrol absoluto de los contratos, el informe detalla seis, por un total de 487.000 euros, comprueba que ninguno se ajusta a la normativa y concluye: "Se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos para que ninguno de ellos fuera superior al límite fijado por la propia abogacía de la Generalitat".

La conclusión es demoledora: "En general la actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad".