Los antecedentes de Haider y Berlusconi

Una de las paradojas de la amenaza de sanción contra la Francia de Nicolas Sarkozy es que el país de los derechos humanos fuera el principal impulsor de lo que hoy es el artículo 7 de Tratado de Lisboa, que promueve drásticas sanciones, incluida la pérdida del derecho de voto en las instituciones europeas, a los Gobiernos que violen el espacio de libertad y justicia que es la Unión. Nunca se ha usado ese arma atómica política. La simple mención a otros elementos del arsenal legislativo comunitario ha servido para hacer entrar en razón a los países que han puesto en cuestión derechos fundamentales. Pero en la Italia de Silvio Berlusconi la campaña contra los gitanos, pese a las admoniciones de Bruselas, fue efectiva.

El artículo 7 nació al calor de la llegada al Gobierno austriaco, en 2000, del populista y xenófobo Jörg Haider, una irrupción que sacudió a la UE en sus cimientos. Jacques Chirac, que sentía sobre sí el aliento del también ultra Jean-Marie Le Pen, concibió la idea de sancionar a quienes pusieran en tela de juicio los principios y valores de la Unión, definida como "un espacio de libertad, de seguridad y de justicia sin fronteras interiores en el seno de la cual está asegurada la libre circulación de personas".

En condiciones perfectamente regladas por el artículo 7, los Gobiernos, la Comisión o el Parlamento Europeo "pueden constatar que existe un claro peligro de violación grave por un Estado miembro" de esos valores, lo que puede ser sancionado con "la suspensión de algunos derechos (...), incluidos los derechos de voto" del Gobierno en cuestión.

En abril de 2008, un Silvio Berlusconi recién elegido de nuevo primer ministro emprendió una cruzada antigitana. Se trataba, decía, de devolver a los ciudadanos la seguridad perdida.

Entre apelaciones a echar del país a las "hordas de bárbaros", el Gabinete aprobó el Paquete de Seguridad, un proyecto que asociaba inmigración con delincuencia y preveía diversas medidas contra los 150.000 gitanos que teóricamente habitaban en el país: cierre de las fronteras y bloqueo del Tratado de Schengen contra los gitanos rumanos; destrucción de campamentos ilegales, con detenciones y deportaciones. Interior realizó un censo de los nómadas que vivían en el país, utilizando fichas con la raza y el origen, niños incluidos.