La prioridad de la reforma fiscal

En la entrevista que le hizo la SER el pasado jueves, la vicepresidenta económica Elena Salgado lo dejó meridianamente claro: la prioridad "número uno" de la política económica es la disminución del déficit público. Si a ello se le une lo declarado en tantas ocasiones por el presidente, Rodríguez Zapatero -se respetará la protección social-, solo queda una salida: subir los impuestos además de reducir el gasto público.

Una vez en marcha la reforma financiera más o menos, en vigor una polémica reforma laboral, y con fecha fija (final de año) la reforma de las pensiones, en el horizonte se impone otra reforma estructural urgente: la impositiva, con el objeto de ampliar la base fiscal de nuestro sistema. Es decir, primero para conseguir que paguen impuestos los que no lo hacen porque se refugian en la economía sumergida y en la evasión; segundo, aquellos que el economista que trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Vito Tanzi, ha denominado "termitas fiscales": los que corroen los cimientos del sistema tributario a través de exenciones, exacciones, deducciones, desgravaciones (que se crean para una coyuntura excepcional y se hacen permanentes), beneficiándose de modo prioritario de lo que pagan sus conciudadanos a través de la utilización del gasto público para sus intereses. Y tercero, para que el sistema sea verdaderamente progresivo y paguen más quienes más ganan y quienes más tienen.

Está naciendo en Europa una nueva generación de impuestos para disminuir los déficits públicos

Una reforma así supondría una fuerte transformación y necesitaría probablemente de cambios profundos también en la Administración Tributaria del Estado (como ocurrió con la que a finales de los años setenta pusieron en marcha Francisco Fernández Ordóñez y Enrique Fuentes Quintana). Dada la debilidad política del Gobierno es comprensible que Zapatero la descartase en las palabras que pronunció la semana pasada en Shanghai y declarase que "no se harán reformas sustanciales" en materia fiscal en el horizonte de los Presupuestos del Estado, sino "modificaciones para exigir cierto esfuerzo mayor a quien tenga más capacidad". Modificaciones que por cierto también puso en duda Salgado en la radio cuando dijo que serían objeto de negociación con los partidos políticos que pueden apoyar las cuentas del Estado para el año que viene, y estos (el PNV sobre todo) no parecen muy felices con la idea.

Se comprende por motivos instrumentales (la debilidad política en esta coyuntura) pero no desde un punto de vista finalista. Uno de los aspectos que ha dejado clara la crisis que ha asolado al planeta desde hace tres años es que el problema no era, como decían interesadamente los neocon, de Estados fuertes y burocratizados, sino de Estados débiles que no contaban con los suficientes instrumentos para ejercer adecuadamente sus funciones. Cuando han tenido que acudir en rescate de su sistema financiero y han tenido que aplicar programas de estímulo para evitar la depresión han llegado inmediatamente al límite de su capacidad fiscal y han incurrido en gigantescos déficits que ahora son una de las limitaciones fundamentales para una recuperación rápida, sostenida y con creación de empleo. El Gobierno de Zapatero ha reducido los impuestos (bajar los impuestos es de izquierdas), ha suprimido el impuesto sobre el patrimonio, ha facilitado la práctica desaparición del de sucesiones y donaciones, que corresponde a unas comunidades autónomas tremendamente endeudadas, y ha permitido que el tipo efectivo del impuesto de sociedades sea del 10%, muy por debajo del nominal (30%), según un informe de la Agencia Tributaria, por la multiplicación de desgravaciones y deducciones. Y ahora lo único que parece ocurrírsele es un ajuste en el tramo alto del IRPF que, según la distribución de este impuesto, recaería sobre las clases medias.

Mientras tanto, una nueva realidad se refleja en el corazón de la vieja Europa: una nueva generación de impuestos, con el objetivo de aumentar la recaudación y hacerla más acorde con el peso de cada cual: una tasa a la banca con la que se financien los futuros rescates de entidades en dificultades; una tasa sobre las transacciones financieras (una especie de tasa Tobin) que reduzca la volatilidad de los movimientos de capitales o los aproveche para obtener ingresos públicos; un impuesto a las centrales nucleares a las que se amplíe el periodo de funcionamiento; una tasa por la utilización de los aeropuertos o a los transportistas por el uso de las infraestructuras, etcétera.