El Gobierno abre la puerta a la privatización total de las cajas

Las cajas de ahorros afrontan su mayor cambio en 170 años. La crisis financiera ha golpeado al capital de las entidades, el punto débil de las cajas de ahorros. Con la naturaleza jurídica actual es difícil aumentar su solvencia y eso limita su capacidad para conceder créditos. Además, han dado un triste espectáculo con enormes resistencias políticas para fusionarse. Su futuro era muy negro. El Gobierno les ofrece el salvavidas, es decir, el capital, pero a cambio tendrán que someterse a la disciplina de los mercados financieros, con cuotas participativas cotizadas en Bolsa; echar a los políticos en tres años, aunque seguirán nombrando representantes y, las que quieran, podrán dejar de ser cajas para convertirse en bancos. Cada una escribirá su futuro.

Los políticos tienen tres años para dejar el consejo y la asamblea de la caja

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) para "fortalecer el sistema financiero español", según explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, tras el Consejo de Ministros. El Gobierno publicará la reforma en el BOE la semana próxima y ya será oficial, aunque se votará el 20 de julio en el Congreso.

La reforma permitirá que las cajas puedan emitir cuotas participativas, similares a las acciones, con o sin derechos políticos. En ambos casos no podrán superar el 50% del patrimonio de las cajas. Para Elena Salgado, la emisión de estas cuotas, con las que las cajas podrán conseguir capital, las hará "más atractivas" para los mercados.

La reforma establece cuatro modelos para las cajas. Son los famosos "trajes a medida" de los que habló Isidro Fainé, presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) y de La Caixa. En el primero podrán mantener su condición de caja, con el nuevo régimen de cuotas y adaptando sus estatutos a las normas de gobierno corporativo. En el segundo podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), conocido como fusión fría. El tercero, mantener la condición de caja cediendo todo su negocio financiero a un banco, pero manteniendo el 50% de las acciones de la filial. La obra social y la cartera industrial permanecerán en la caja. El cuarto es "sobrepasar la línea roja", según algunos ejecutivos del sector: las cajas podrán dejar de serlo y transformarse en una fundación cediendo su negocio a un banco en el que tenga una participación inferior al 50%.

Por otro lado, las cajas que se integren en una fusión fría tendrán una entidad central, que será un banco, y que estará participada al menos en un 50% por las cajas. Si venden más del 50% en Bolsa, también pierden la condición de caja y deberán transformarse en fundaciones. En estos dos últimos casos no se respeta una petición del sector, que era "preservar el modelo actual de cajas". Un asunto espinoso que ha disparado las críticas en los sindicatos y en la izquierda. Algunos ven detrás la mano de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. También apuntan a Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, y a José Luis Olivas, de Bancaja, como impulsores de este cambio. Olivas comentó hace unas semanas en Santander las bondades del modelo italiano de transformación de las cajas. En Italia empezó siendo voluntario vender una parte del negocio a los bancos y terminó siendo obligatorio. Hoy no hay cajas de ahorros en ese país.

Sin embargo, la reforma del Gobierno es voluntaria y, además, para tomar cualquier decisión en el cambio de modelo, como indicó Salgado, tendrá que contar con el visto bueno de dos tercios del Consejo y de la asamblea.

En cuanto a la despolitización del sector, Salgado anunció dos medidas: que todos los cargos políticos electos y altos cargos (con la excepción de los representantes sindicales) deben abandonar los consejos de administración y las asambleas a medida que se vayan renovando, en un máximo de tres años. Según algunos cálculos, entre el 25% y el 35% de los cargos son políticos de Diputaciones, Gobiernos regionales y Ayuntamientos. A partir de ahora, los Parlamentos autonómicos nombrarán a sus representantes en las cajas, por lo que mantendrán la influencia política. No obstante, se reduce su influencia máxima desde el 50% actual hasta el 40% de los derechos de voto en los consejos.

Salgado negó que la reforma llegara tarde: "cada cosa a su tiempo. Cuando cambien los mercados, las cajas estarán más fuertes, podrán captar capital y dar créditos". Ese es el reto.